#Chile. Caso Penta: una nueva era

Publicado en Tele 13

El caso Penta es el escándalo político más notorio desde el retorno de la democracia. Si bien en el papel es solo un caso de financiamiento político irregular entre empresarios y políticos, sus implicancias son más extensas. El caso Penta es un ejemplo de cómo operan los intereses privados en el ámbito público. Es una muestra de cómo los empresarios influyen en los políticos, y estos a su vez influyen en la vida cotidiana de las personas. Desnuda cómo los políticos muchas veces consideran que los intereses de los empresarios son más importantes que los intereses de la gente.

Casi todo lo que tiene que ver con el caso Penta es condenable. Desde la manera en que se utilizaron boletas falsas para pagarle a familiares (y así disminuir sus obligaciones en el proceso impositivo) hasta la manera en que donaron dineros a candidatos políticos (y así aumentar su influencia en el proceso legislativo). El caso Penta afecta a más personas de los que están directamente involucrados. Cuando surgen dudas sobre la rectitud de la clase empresarial, cae la confianza de los inversionistas en el país. Y cuando surgen sospechas de corrupción en la clase política, cae la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Aunque el proceso judicial recién comienza, toda la evidencia apunta a que se movieron recursos de forma ilegal desde Penta a la clase política. Esto es un problema por varias razones. No solo genera una asimetría electoral, donde los candidatos que obtienen más recursos aumentan de forma exponencial su probabilidad de ser elegidos, sino que además instala un sistema donde los pocos (los más poderosos) tienen mayor influencia sobre el diseño e implementación de políticas públicas que los muchos (los más desvalidos). En esencia, la transferencia ilegal de dinero desde empresarios a políticos es un problema democrático.

No es una práctica nueva. Empresarios financiaron campañas de forma abierta entre 1989 y 2003 — cuando no estaba vigente la Ley de Financiamiento Electoral. No habían regulaciones, imperaba la ley de la selva. En efecto, los que se conseguían más dinero, se aseguraban un cupo. Lo imprevisto, sin embargo, fue que la práctica continuara aun después de la entrada en vigencia de la Ley (para la elección municipal de 2004). La única diferencia es que se ha tenido que proceder con mayor cautela. Qué duda cabe, la influencia de los empresarios sobre los políticos ha sido una constante durante el último cuarto de siglo.

Si un empresario financia una campaña electoral — ya sea de manera legal o ilegal — es por que observa que puede obtener beneficios de aquello, pues los empresarios exitosos son aquellos que generan más utilidades, y evidentemente la política es dónde está la mejor oportunidad para hacerlo. Un empresario vinculado a la salud, por ejemplo, vela por sus intereses cuando trata de influir en una política pública que lo afecta. Si ve que puede generar mayores utilidades si el proyecto no se despacha, va buscar influir en la cantidad minima de legisladores que le puedan asegurar ese resultado.

No es sorpresa, entonces, que los empresarios hayan buscado defender sus intereses por medio de las donaciones. Aunque hoy solo se culpa a Penta, es probable que muchas más empresas hayan estado involucradas en el mismo tipo de transferencia de dinero, pues todas las empresas relevantes se han visto amenazadas en algún momento por un proyecto de ley. El puente entre empresarios y políticos muestra que en la actual democracia algunos intereses son más importantes que otros. Hoy, el vínculo entre el empresario y el legislador es más fuerte que el vínculo entre el votante y el legislador.

Pero hay una luz al final del túnel. La reforma al sistema electoral permitirá regular de mejor manera la forma en que el sector privado influye en el ámbito público. La nueva propuesta de financiamiento electoral — donde entre otras cosas se permite terminar con las donaciones anónimas y de empresas — dota de transparencia un proceso esencialmente oscuro. Aunque está lejos de terminar con el traspaso de dinero por debajo de la mesa, es un paso importante. Si a su vez se fortalece el rol del Servicio Electoral para fiscalizar los ingresos y gastos electorales, será el comienzo de una nueva era.

#Chile. Golpe de timón

Publicado en La Tercera

La coalición de gobierno ha tenido grandes problemas para cumplir su programa de gobierno. A pesar de tener un quórum legislativo que le permite legislar sin depender de la oposición, no ha logrado imponer su voluntad y legislar con tranquilidad. Lo que inicialmente se veía como un serie de trámites legislativos relativamente sencillos, se ha tornado un desafío político de proporciones. Parte del problema ha sido la falta de liderazgo de la Presidenta para imponer disciplina entre los partidos que supuestamente la apoyan en el poder legislativo. Bachelet no ha logrado establecer una agenda legislativa de consenso — basta observar la diferencia programática entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.

El ánimo en la coalición de gobierno tras ganar la elección legislativa de 2013 se contrapone radicalmente con el clima de tensión que hoy atraviesa. Los 21 senadores y 67 diputados elegidos para pasar el program de gobierno no han sido capaces de tramitar proyectos sin antes pasar por un duro intercambio de ideas. El contingente legislativo que inicialmente parecía ser una mayoría aplastante, se ha comportado de forma errática y desorganizada. El fervor con que los candidatos legislativos apoyaron el programa de gobierno durante los meses de campaña no se condice con su débil apoyo a los mensajes que ha enviado la Presidenta durante sus meses en el poder.

El primer quiebre en la coalición de gobierno ocurrió durante la tramitación de la reforma tributaria. La resistencia de varios partidos oficialistas a la hora de aprobar el proyecto en el Congreso fue la primera muestra de la fragmentación oficialista. A diferencia del deseo de Bachelet — de pasar la reforma con sus propios votos, el gobierno tuvo que acudir a los partidos de la oposición para cumplir con el objetivo. La resistencia de la DC y del PC en varios de los puntos emblemáticos del proyecto obligaron al gobierno a transformar su proyecto estrella en el producto de una negociación colectiva con Renovación Nacional. El vaticinio del Senador Quintana — de pasar la retroexcavadora — obviamente no se cumplió.

Algo similar ocurrió con la reforma educacional. Lo que inicialmente se proyectaba como un proyecto de consenso mayoritario, demostró ser todo lo contrario. La reforma tiene tantos partidarios como opositores. Desde su entrada al hemiciclo, el proyecto ha sido re-escrito innumerables veces. Una serie de indicaciones, provenientes de todos los sectores de la coalición oficialista, ha transformado significativamente el proyecto. Aunque algunos podrán sostener que el proceso legislativo ha mejorado el fondo del proyecto, lo cierto es que también ha desnudado la división que existe dentro de la coalición. Si el gobierno estuviera unido, la reforma no estaría estancada en el Senado.

Si la Presidenta no impone disciplina entre los partidos que la apoyan, los problemas seguirán y sumarán. Si no impone disciplina, no podrá pasar las reformas que prometió pasar en su programa de gobierno. Si no lo ejerce su rol de líder de la coalición, los partidos seguirán ejerciendo presión para imponer su propia agenda, y el gobierno se verá impedido de hacer las transformaciones que originalmente propuso. Imponer disciplina también es crucial para asegurar la continuidad en el poder. Este año se comenzará a diseñar la estrategia para las elecciones de 2016 y 2017. Si no ocurre un alineamiento, la coalición se podría fragmentar aun más, potenciando las prospectiva electorales de la oposición.

La Presidenta se debe hacer cargo de las diferencias en su coalición. Si bien es natural que los partidos de una misma alianza tengan visiones distintas, si no pueden convenir en una agenda común, el daño puede ser peor. Hasta el momento, la dificultad para pasar las reformas ha significado una alza notoria en la incertidumbre, y como consecuencia, una caída en la confianza de la gente y los grandes grupos económicos. La Presidenta debe dar un golpe de timón a su propio gobierno, para darle más poder a los partidos. Sin un cambio de gabinete, no habrá un cambio de rumbo. A esta altura, la Presidenta debe mandar una señal a los partidos, para conseguir la unidad que tanto necesita.

#Chile. La incertidumbre de las reformas

Publicado en Tele 13

Todo presidente es elegido para ejecutar un programa de gobierno. Mientras más alta es su adherencia, más sencilla es su tarea. Un presidente con una alta aprobación presidencial suele tener una agenda legislativa más exitosa. El apoyo de la ciudadanía actúa como un motor para promover los cambios y un escudo para resistir a la oposición. Un presidente popular funciona como un líder nato para sus entusiastas y una figura intocable para sus detractores. Mientras que la personalidad del presidente, y otros factores como la economía, son cruciales para alcanzar un alto respaldo popular, es igual de importante detallar la hoja de ruta del gobierno para que la gente entienda lo que se va hacer.

En esto último el gobierno ha sido deficiente. No explicar el detalle de las reformas desde un comienzo ha afectado de forma negativa la popularidad de la Presidenta. Algunos podrán decir que la Presidenta se ha regido al pie de la letra del programa de gobierno. Puede ser. Pero el programa de gobierno solo contiene los titulares, y en partes las bajadas, pero no el texto fino. Como consecuencia, muchos de los que votaron a favor del programa lo hicieron a ciegas, a la espera de los detalles. Firmaron un cheque en blanco, sin fecha de canje. De modo que cuando el gobierno cortó el flujo de la información, aumentó la incertidumbre. Como consecuencia, aumentó la desaprobación.

El mejor ejemplo es la reforma tributaria. En el programa de gobierno, la reforma tributaria se presentó en cuatro páginas. Sin entrar en detalles, ni presentar estadísticas. Solo se enunciaron los ejes rectores. Por su puesto que así suena bien. Quién no quiere mayor protección social, mejorar la distribución del ingreso, aumentar los incentivos al ahorro y la inversión, y disminuir la evasión y la elusión. El problema es que no se comunicaron oportunamente las medidas para lograr los objetivos. Cuando finalmente se presentaron, ya se había instalado la sensación de incertidumbre en la clase empresarial, lo cual inevitablemente desenlazó en la primera caída en la popularidad de la Presidenta.

El gobierno tuvo la oportunidad de enmendar ese error cuando le tocó presentar la reforma educacional. Pero no lo hizo. Nunca explicó de forma satisfactoria que la calidad de la educación era producto del fin al copago, de la selección y del lucro. Incluso, para muchos, no lo ha hecho todavía. La Presidenta también repitió el error de no dialogar oportunamente con todos los sectores involucrados, como los representantes de los colegios particulares pagados. La incertidumbre sobre la dirección de la reforma no solo produjo múltiples cambios a la propuesta original (como también sucedió con la reforma tributaria), sino que adicionalmente afectó la viabilidad legislativa del proyecto, y la imagen de la Presidenta.

Tras ambos traspiés, el gobierno parece haber aprendido la lección. La manera en que se diseñó y se presentó la reforma laboral fue considerablemente superior a lo que se hizo anteriormente. Sin entrar en detalles sobre el contenido del proyecto, parece ser una reforma de mayor consenso. Está bien, es una reforma menos controversial. Pero en su propia escala, muestra que es posible gobernar de otra manera. El esfuerzo por dialogar con los sectores involucrados y presentar los ejes rectores de forma clara reduce significativamente la incertidumbre. En efecto, se puede anticipar que no tendrá el mismo efecto negativo que tuvieron las otras reformas sobre la popularidad presidencial.

El cambio de enfoque es crucial en la antesala del proyecto más emblemático del gobierno, la reforma constitucional. Hasta ahora, la Presidenta solo ha dicho que la nueva constitución será producto de un proceso participativo, legítimo e institucional. Además de algunos ejes rectores enunciados en el program del gobierno, no se sabe mucho más. En definitiva, hay bastante incertidumbre sobre el mecanismo y el contenido de la potencial nueva carta fundamental. Si se sigue el ejemplo de la reforma tributaria y educacional, es probable que el gobierno solo enfrente más dificultades. En cambio, si se sigue el ejemplo de la reforma laboral, aumentará la probabilidad de que el proyecto tome fuerza y que la Presidenta repunte.

El efecto de la incertidumbre de las reformas no es trivial. En la reforma tributaria la incertidumbre causó tal revuelo en la clase empresarial que algunos académicos han sugerido que es la principal responsable de la caída en el crecimiento. En la reforma educacional la incertidumbre causó el levantamiento de la Confepa, poniendo en duda que la reforma pueda eventualmente aumentar la calidad de la educación. En comparación, la reforma laboral parece no tener tales efectos. El próximo año veremos cómo la Presidenta trata la reforma constitucional. Si se aborda de una forma sensata, se despejarán las dudas cuanto antes, aumentando el apoyo al proyecto, y a la vez, aumentando su viabilidad legislativa.

#Chile. Sebastián Piñera: ¿candidato presidencial?

Publicado en La Tercera

Si habla como candidato presidencial, se mueve como candidato presidencial, y se prepara como candidato presidencial: es candidato presidencial. Si Sebastián Piñera no fuera candidato presidencial, no daría entrevistas sobre política coyuntural, no se referiría a los aspectos negativos del gobierno de turno y no estaría preparando un programa de gobierno. Pero en la extensa entrevista a Reportajes de La Tercera hace justamente eso: critica en duros términos la administración de Bachelet y deja entrever que el cónclave de Ranco tuvo como finalidad pavimentar el camino para el retorno de la centroderecha al poder.

Hasta ahora, la oposición ha actuado de forma fragmentada, recurriendo a recursos de corto plazo, como criticas destructivas, para frenar la agenda del gobierno. No ha dado los resultados esperados. La irrupción de Piñera a la escena puede darle algo de tracción a la estrategia. Como líder de la centroderecha puede ocupar la vocería de su sector, para cambiar la retórica hacia un relato enfocado en metas de largo plazo y criticas constructivas. Es la única forma para proponer una alternativa viable sin caer en descalificaciones que solo amenazan con aumentar la desaprobación y disminuir las prospectivas electorales.

Sin embargo, la entrada de Piñera a la carrera también podría generar algunas externalidades negativas. Primero, porque como figura controversial de la oposición tendrá que enfrentar la resistencia de las facciones que se oponen a su regreso. El debate entre los piñeristas y los anti-piñeristas naturalmente generará fricciones innecesarias. Además, no es el único candidato con ambiciones electorales en la oposición. La carrera presidencial comenzó hace rato y ya hay varios inscritos, entre ellos los senadores Allamand y Ossandón. Si ninguno de ellos cede espacio, naturalmente se deteriorará la convivencia dentro de la coalición.

Aunque todo apunta a que Piñera es el favorito, el camino para lograr la nominación definitiva no será fácil. Tendrá que lidiar con su propia coalición antes de entrar en tierra derecha. Aunque el propio Piñera sugiere que la nominación no debe ocurrir hasta fines de 2016, es irreal pensar que permanecerá inerte hasta entonces. Pues, él mismo sabe que cuanto antes se comienza, más altas son las probabilidades de lograr la nominación y de ganar la elección. Solo días después de perder en la segunda vuelta de 2006, anunció su candidatura presidencial para la elección de 2009 — significativamente fortaleciendo sus prospectivas.

Si Piñera finalmente logra la nominación definitiva, habrán algunos factores que estarán más allá de su control. Dado que las elecciones tienden a ser un plebiscito sobre la gestión del presidente, habrá mucho más atención puesto en Bachelet y en la Nueva Mayoría que en Piñera y en la Alianza. Si Piñera tiene suerte, los votantes evaluarán negativamente a Bachelet en las áreas en que él es más fuerte. En efecto, si el gobierno de Bachelet termina con una mala evaluación en lo económico, Piñera bien podría ser la mejor apuesta de la oposición para volver al poder.

 

#Chile. Caso Penta: borrón y cuenta nueva

Publicado en Tele 13

Van diez meses de investigaciones a Penta. La acción judicial que originalmente empezó como una investigación al fraude al FUT inesperadamente terminó como una pesquisa política. Una serie de hechos fortuitos develó que Penta canalizó dinero de forma irregular a una serie de candidatos en la elección de 2013. Hasta ahora, la evidencia sugiere que los principales beneficiados fueron candidatos de la Alianza. Sin embargo, también existe evidencia que apunta a que hubo transferencias a candidatos de la Nueva Mayoría. Considerando la transversalidad de los involucrados, lo más probable es que ninguno será sancionado. Entre otras cosas, la nueva ley de financiamiento electoral les garantizará un borrón y cuenta nueva.

Para entender por qué no habrán sanciones es imperativo entender la profundidad de la arista política. Las denuncias hechas por Hugo Bravo, ex Director de Penta, sugieren que la gran mayoría de los pagos se habrían hecho a candidatos de la UDI. La notoria grabación de Bravo registra los traspasos irregulares de dinero al entonces Senador Jovino Novoa, y a los ex candidatos a senador Laurence Golborne, Iván Moreira, Jacqueline van Rysselberghe, Ena von Baer y Pablo Zalaquett. Pero también hay evidencia que apunta a una relación entre Penta y candidatos de la Nueva Mayoría. Existen boletas que involucran a la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet y al ex candidato a senador Alberto Undurraga (DC).

Una de las razones de por qué no habrán sanciones es porque la investigación del SII está enfocada a investigar a Penta, y no a los políticos. La arista política solo constituye daño colateral. Dado que el SII está detrás de las boletas falsas, y no de los políticos, cualquier acción judicial apuntará a responsabilizar a quienes recibieron las boletas y no a quienes las emitieron. Incluso si se busca perseguir a los emisores, desde una perspectiva legal, sería extremadamente difícil seguir el rastro del dinero, dado que las transferencias se hicieron con extrema cautela. El fiscal regional oriente, Alberto Ayala, ya dio luces de aquello, al sostener que “el otorgar dinero a una persona no necesariamente es constitutivo de delito”.

Otra razón de por qué no habrán sanciones es que la investigación de la Cámara de Diputados no tiene facultades suficientes. La comisión investigadora del caso Penta y del financiamiento de las campañas electorales no tiene atribuciones para fiscalizar a privados — es decir, personas naturales y personas jurídicas. La Constitución expresamente circunscribe las comisiones a investigar actos de gobierno. Técnicamente la Comisión no puede investigar a Penta. Incluso si lo hiciera (como se hizo en el caso de Colonia Dignidad y en el caso de los Pinocheques) no existe un estatuto de sanciones. Al final del día, el trabajo de la Comisión se verá reducido a un extenso informe sin utilidad práctica.

Una tercera razón de por qué no habrán sanciones es por que no hay voluntad política. Todo político tiene un instinto de supervivencia, y en este caso, prevalecerá. Pocos se querrán involucrar activamente en el caso, porque muchos tienen tejado de vidrio. Nadie querrá arriesgar su reputación en un caso de alcance nacional. Pues, si cae uno, caen todos. Basta ver la manera en que ha progresado el caso para entenderlo. Días después de que los candidatos de la UDI fueran implicados, surgió evidencia de que Undurraga recibió dinero de Penta. Asimismo, días después de que surgiera la grabación de Bravo, surgió evidencia de que Bachelet emitió boletas que potencialmente podrían ser consideradas ideológicamente falsas.

Todo apunta a que la arista política del caso Penta es un juego suma cero. Dado que ambos sectores están involucrados, a ambos les conviene lo mismo: que ninguno gane, que ninguno pierda. Al menos que uno de los dos sectores sea inocente de todo lo que se le imputa (que parece no ser el caso), lo más lógico es que todo termine en una triste anécdota. A lo más, en un par de multas. Incluso si hubiera un díscolo a favor de perseguir a los responsables hasta las últimas consecuencias, no hay sustento jurídico para procesarlos, no hay facultades legislativas para sancionarlos, y no hay voluntad política para condenarlos.

Lo anterior toma fuerza si se considera que hay un nuevo proyecto de ley de financiamiento electoral en trámite. La iniciativa, originalmente impulsada por los diputados Jackson y Mirosevic, ahora cuenta con el respaldo del gobierno. El mensaje enviado por el ejecutivo — que entre otras cosas pone fin a los aportes de las empresas y pena con multas o presidio las donaciones ilegales — arriba para regular la relación entre dinero y política en el futuro. Pero también llega para tapar todas las irregularidades que ocurrieron en el pasado. Con el nuevo proyecto, el debate en la clase política lentamente se trasladará al sistema de financiamiento que se anhela, dejando atrás los problemas del ayer.

#Chile. Las palabras de Bachelet

Publicado en La Tercera

Bachelet manifestó públicamente que su primer sentido fue iniciar la reforma educacional legislando sobre la educación pública y no sobre la educación particular pagada. Sus palabras no fueron bienvenidas en su coalición, pues pusieron en duda la forma y el fondo del proyecto más emblemático de su gobierno. La molestia es comprensible, ya que sus palabras agregan incertidumbre al proceso de tramitación que está en curso y abren un flanco vulnerable para el futuro de su coalición. Las palabras de Bachelet le dan peso a las criticas de quienes hoy se oponen al proyecto, y le dan fundamentos a las criticas de quienes en el futuro se opondrán a la ley — si finalmente se aprueba.

Las palabras de Bachelet son un eco del pasado. En su primero gobierno, manifestó públicamente que su intuición fue no implementar el Transantiago. Sus palabras le dieron pie a la oposición para puntualizar las criticas en su liderazgo y gestión. La gente recibió el mensaje. Las críticas de la oposición aportaron a la caída de la aprobación presidencial, y jugaron un rol en la derrota electoral de 2009. Si bien ambos hechos también fueron producto de varios otros factores (movilizaciones estudiantiles y mal candidato presidencial, entre otros), es evidente que las críticas de la oposición lograron desestabilizar al gobierno en su momento y aportaron a construir una mala imagen de la gestión de la Concertación.

Si mañana es como ayer, la oposición no perderá la oportunidad de criticar a Bachelet por su liderazgo y gestión. Mientras dure la tramitación del proyecto, será más fácil argumentar que se debió haber comenzando por la educación pública. Esto pondrá en duda el liderazgo de la Presidenta ante la opinión pública, y como consecuencia la debilitará para poner en marcha otros proyectos. Sin embargo, lo más duro vendrá después de la aprobación de la reforma, cualquiera sea el producto final. Hecha la ley, hecha la trampa. La oposición tendrá credenciales para criticar cualquier falla, por pequeña que sea. Por lo bajo, les servirá como insumo para poner en duda la gestión del gobierno de cara a la elección de 2017.

Con este sombrío pronóstico, es crucial enfocarse en las causas de por qué Bachelet enfrenta esta situación.

En parte, es producto de la tensión que existe en cualquier sistema presidencial en el cual el presidente debe simultáneamente ocupar el cargo de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Los presidentes exitosos logran balancearse entre ambos cargos, según ameritan las circunstancias coyunturales. En el caso de Bachelet, ese balance no existe. La Presidenta constantemente privilegia el rol de Jefe de Estado por sobre el rol de Jefe de Gobierno. Lo hizo en su primer gobierno, y lo está haciendo en este gobierno. Le cedió el control político a los presidentes de los partidos cuando aceptó su nominación. Esto explica por qué Bachelet no pudo imponer su primer sentido desde un inicio.

Por otra parte, es consecuencia de la particular forma en que llegó a la presidencia. Pues, llegó a representar a una coalición excesivamente enfocada en ganar elecciones. La Nueva Mayoría se asimila más a una coalición electoral que a una coalición de gobierno. Mientras que la incorporación del PC en la coalición ayudó a ganar la elección, no ha aportado a gobernar. Parte del problema es la misma Presidenta, quien ha huido ante cualquier conflicto político. Desde que tomó la decisión de alejarse de la política partidaria, cedió la facultad de imponer disciplina entre los partidos que la apoyan. Esto explica por qué Bachelet tampoco podrá imponer su primer sentido en el futuro.

A esta altura queda poco que hacer. Bachelet ya manifestó que no está convencida con la reforma educacional, y no se le va olvidar a nadie — menos a la oposición. Como consecuencia, la Presidenta arriesga caer aun más en su aprobación presidencial y poner en riesgo futuras elecciones. Para no profundizar el problema en lo que queda de gobierno, Bachelet deberá balancear de mejor manera su doble rol como Presidenta y comenzar a imponer disciplina dentro de su coalición. Si se abstrae demasiado de la coyuntura y permite que los partidos tomen las decisiones por ella, no cabe duda que el gobierno y su coalición tomarán un rumbo hacia lo peor.

#Chile. Cambio de gabinete

Publicado en Tele 13

Los rumores de cambio de gabinete no son nuevos. Ya van varios meses de presiones desde la oposición y de especulaciones por parte de la prensa. Algunos dirán que es una operación contra el gobierno, y otros dirán que es simplemente parte del juego. Yo digo que si el río suena, es porque piedras trae. Es verdad que la oposición siempre busca cobrar dividendos políticos cuando al gobierno le va mal y que la prensa siempre tira el tejo pasado por sí da con la primicia. Pero esta vez parece haber varias razones para pensar que los planes para un cambio de gabinete están en curso.

Primero, porque históricamente el primer cambio de gabinete ocurre antes de cumplir un año en La Moneda. Hoy día, el gobierno de Bachelet lleva 267 días en el poder. En la administración de Frei el primer cambio de gabinete fue a los 193 días de gobierno — Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Seggob. En la administración de Lagos fue a los 293 días — Bienes Nacionales y Vivienda. En la primera administración de Bachelet fue a los 125 días de gobierno — Interior, Economía y Educación. Y en la administración de Piñera fue a los 311 días — Energía, Defensa, Trabajo y Transporte.

Una segunda razón se desprende de los recientes dichos de la Presidenta, cuando señaló en una entrevista que “si alguien quiere que haya cambio de ministro, lo que le aconsejaría es que no me mande recados, porque uno tiene que hacer su propia evaluación”. De esto se deducen al menos dos cosas. Primero, que la mandataria no es ajena a las presiones ni a los rumores de un cambio de gabinete. Y segundo, que dado que no le gusta ser pauteada, es probable que si alguna vez efectivamente haya planificado un cambio, también lo haya suspendido a raíz de las mismas presiones o rumores.

Una tercera razón se desprende del reciente cónclave — entre el comité político del gobierno y los presidentes de los partidos de la coalición oficialista — para hacer un balance de los primeros meses de gobierno y, en particular, del gabinete. Ante esto, es inevitable imaginar que la planilla mayor no este al tanto de la caída en la popularidad y las potenciales deficiencias de algunos ministros. En este escenario, y provisto que también se abordó la hoja de ruta de 2015, es difícil pensar que el cónclave no haya sido derechamente una señal a los partidos para que preparen sus ternas.

Si el cambio de gabinete finalmente ocurre, como se aquí se anticipa, la Presidenta tendrá que actuar en al menos cuatro dimensiones.

Primero, deberá fortalecer las carteras más vulnerables. En su primer gabinete, nominó a personas que teóricamente harían bien la pega. Esta vez tendrá que pensar en personas idóneas para ejecutar tareas específicas. Tendrá que considerar fortalecer las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, para promulgar la reforma educacional y promover la reforma constitucional (Segpres). Además, tendrá que considerar nombres más fuertes para llevar a cabo algunos de sus próximos proyectos emblemáticos (Obras Públicas, Salud).

Segundo, deberá incorporar mayor peso político a su gabinete. En su primer gabinete, nominó a gente de confianza. Esta vez tendrá que pensar en personas con mayor experiencia política. Tendrá que considerar fortalecer la forma en que se comunican sus proyectos, para lograr mayor apoyo desde la ciudadanía (Seggob). Asimismo, tendrá que considerar nombres más conocidos para las carteras que han sufrido mayor desgaste (Economía, Transporte), y las para las carteras que han logrado menos avances (Cultura, Desarrollo Social).

Tercero, deberá delegar más poder a sus ministros. En su primer gabinete nominó a un número significativo de personas novatas. Esta vez tendrá que pensar en delegar la responsabilidad a personas capaces de dialogar con sus contrapartes. Tendrá que considerar fortalecer carteras que son sumamente importantes y que necesitan a personas con una larga data de experiencia en sus respectivos rubros (Minería, Trabajo). A su vez, tendrá que considerar remover a las personas que tienen bajos índices de conocimiento (Agricultura, Bienes Nacionales).

Cuarto, tendrá que co-optar a los disidentes. En su primer gabinete nominó a personas alineadas con su programa de gobierno. Esta vez tendrá que pensar en reducir la cantidad de criticas a su gestión por parte de personas de su misma coalición. Tendrá que considerar incluir a personas como Camilo Escalona o Gutenberg Martínez en su gobierno. Aunque es una tarea difícil — pues los disidentes ejercen más poder y libertad desde afuera —, el objetivo ulterior de la Presidenta debe ser alinear a su sector.

El cambio de gabinete debe ser ahora. Ya se ha postergado mucho. Con los datos de la encuesta CEP, todo se agudizará. La presión de la oposición y las especulaciones por parte de la prensa aumentarán exponencialmente. Los resultados de la encuesta se usarán para pedir la cabeza de los ministros más vulnerables, con mayor fervor. La Presidenta debe actuar pro-activamente y cambiar a quienes no han hecho bien su pega. Si decide ignorar la presión y las especulaciones, solo para mostrar que no sigue pautas, solo será una señal más que el gobierno marcha lento y a destiempo.

#Chile. La batalla por el centro

Publicado en La Tercera

Veinticinco años después de la transición a la democracia surge evidencia que sugiere que viene un cambio dramático en el sistema de partidos. El actual sistema dominado por dos coaliciones polarizadas se ve amenazada por un potencial sistema articulado por varios partidos de centro. Razones sociológicas e institucionales explican el potencial reemplazo. El declive en la importancia del clivaje dictadura/democracia y la inminente reforma al sistema electoral inevitablemente generarán nuevos incentivos para competir en elecciones y formar alianzas de gobierno.

Este argumento se sustenta en la literatura. Una teoría es que son las grandes transformaciones en la sociedad las que determinan el sistema de partidos. Cuando hay grandes cambios a nivel sociológico, partidos nacen, partidos se transforman o partidos mueren. En Chile, existe evidencia de al menos cuatro grandes sismos sociales que dan produjeron un reordenamiento en el sistema de partidos. A grandes rasgos, estos son la fisura clerical/anticlerical de 1850, el conflicto social en centros urbanos e industriales de 1915, el conflicto social del campesinado de 1950, y el clivaje dictadura/democracia de 1990.

Una segunda teoría es que son los cambios institucionales los que determinan los re-alineamientos. En Chile, la evidencia sugiere que el diseño de las reglas electorales por parte del gobierno militar (hacia un sistema de partidos restrictivo) es lo que explica el actual sistema de partidos (la agrupación de partidos en coaliciones). Mientras que el sistema electoral presidencial (de dos vueltas) fue diseñado para generar incentivos para que los partidos se agrupará en bloques, el sistema electoral legislativo (binominal) fue diseñado para que hubiesen solo dos bloques relevantes.

Una tercera teoría, más aceptada en la literatura reciente, es que tanto las transformaciones sociales como los cambios institucionales explican el sistema de partidos. Es decir, ambas teorías son complementarias — sin tomar en cuenta cambios en la realidad social y las reglas del juego de forma conjunta, no se puede explicar de forma íntegra el origen del sistema de partidos. En el caso chileno, está teoría es la dominante. Tanto la presencia del clivaje dictadura/democracia como la reforma electoral del gobierno militar explican la agrupación de los partidos en coaliciones y el dominio de la Alianza y la Nueva Mayoría.

Tras seis elecciones presidenciales, hay razones para creer que viene un cambio en el sistema de partidos. Cada vez parece ser menos relevante para los votantes la posición de los candidatos frente a la dictadura. El padrón electoral incluye una proporción creciente de votantes nacidos después de la transición, que simplemente no les interesa lo que pasó hace 40 años. Si a esto se le suma el inminente cambio al sistema electoral, el cambio cobra sentido. Con las nuevas reglas del juego, ya no habrán incentivos para caer en la lógica centrifuga de izquierda versus derecha, y viceversa.

Tanto partidos tradicionales como movimientos nuevos están anticipado el efecto que tendrá el declive del clivaje dictadura/democracia y el nuevo sistema electoral sobre las estrategias partidarias. Y todo parece indicar que los cambios reforzarán la importancia del centro. De lo contrario, cómo se explica la eliminación al párrafo que alude al golpe de estado de la declaración de principios de RN, o los recientes acercamientos entre la DC y el PRSD para revitalizar la importancia del centro ideológico. Más allá, cómo se explica el nacimiento (o consolidación) de movimientos como Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal.

La estrategia de estos partidos y movimientos no es aleatoria. Su apuesta es que con el declive del clivaje dictadura/democracia, aumentará la utilidad de estar en el centro. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los chilenos privilegia una posición moderada ante una posición extrema. También apuestan a que el nuevo sistema electoral les permitirá mantener sus escaños (en el caso de los partidos) o entrar al sistema (en el caso de los movimientos). En algunas unidades electorales se podrán asegurar un escaño con tan solo 11,1% de los votos. Apuestan a un nicho electoral que hoy no existe.

Todo esto sugiere que el centro recobrará su importancia histórica. En el actual sistema, los partidos solo convergen en el centro para la segunda vuelta presidencial. Bajo el nuevo sistema, los partidos utilizarán el centro como bisagra. Con los actuales quórum constitucionales, cualquier proyecto de ley importante inevitablemente requerirá del apoyo de ese nicho. Por lo pronto, hay solo pistas de que el centro se populariza. Pero a medida que se instale la idea del declive del clivaje dictadura/democracia y se consoliden las nuevas estrategias electorales, se intensificará la batalla.

#Chile. Propuestas de financiamiento a la política

Publicado en La Tercera

Entre 1990 y 2003 las leyes que regulaban el financiamiento electoral brillaban por su ausencia. No había registros de ingresos ni controles de gastos. Si una persona quería donar dinero a una campaña debía pedir permiso a un Juez, quien a su vez debía consultar con el Servicio de Impuestos Internos, solo para que el mismo Juez tomará la determinación final. Esto forzaba que la mayor parte de las donaciones se hicieran de forma anónima e ilegal. Cuando los candidatos reunían sus ingresos, solo tenían limites parciales a sus gastos, en su mayoría indirectos, como la prohibición de pagar por publicidad en la televisión durante toda la campaña, y por pagar por publicidad en radios y prensa escrita fuera del ciclo electoral.

En 2003, una nueva ley llegó a regular ingresos y gastos electorales. A consecuencia de un pacto entre el Presidente Ricardo Lagos y el Diputado Pablo Longueira, se decidió regular toda actividad que ligaba dinero con elecciones. La nueva Ley incorporó transparencia a un proceso que era por naturaleza oscuro. Si bien la legislación llegó relativamente tarde (Chile fue el penúltimo país en legislar sobre financiamiento electoral en Latino América), fue un avance significativo a nivel local. Entre otras cosas, la nueva Ley facilitó la forma en que las personas podían donar a campañas, y creó un mecanismo para financiar a candidatos permanentemente durante el ciclo electoral.

A diez años de la entrada en vigencia de la norma, soplan vientos de cambio. Los críticos de la Ley superan con creces a los defensores. Si bien sus críticas no son nuevas, son cada vez más frecuentes. Aumenta paulatinamente la cantidad de gente que piensan que la Ley no está dando el ancho. Si bien la legislación efectivamente regula ingresos y gastos, tiene varios problemas dignos de destacar. Entre ellos, la ausencia del anonimato obligatorio. Tanto los donantes como los candidatos pueden corroborar la emisión y la recepción de dinero. Otro problema es el gasto excesivo e ilegal de los candidatos, dado que el Servicio Electoral no tiene facultades para fiscalizar movimientos irregulares.

Suma y sigue. Por ejemplo, si bien la Ley permite que las donaciones sean efectuadas tanto por personas naturales como por personas jurídicas, solo las segundas pueden optar a beneficios tributarios. Si ya es un tema que las empresas puedan invertir en política, provoca aun más ruido que puedan obtener devoluciones. Otro problema que genera la legislación actual está en el alcance de la Ley, pues aunque existan limites y gastos durante las campañas, no hay certeza sobre lo que pasa fuera de los ciclos regulados. Pues, está comprobado que los candidatos con mayores recursos reciben y gastan dinero varios meses antes del ciclo electoral.

Si bien han habido varios debates públicos — y como consecuencia propuestas de reemplazo — a causa de estos problemas, no fue hasta julio de este año que se tomó real conciencia sobre la necesidad de un cambio. La propuesta, que vino de un lugar inesperado mientras se legislaba sobre la reforma al sistema electoral, vino a marcar el inicio de la crisis del actual sistema de financiamiento electoral. Casi como un presagio sobre lo que ocurriría solo semanas después, los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic sugirieron prohibir tanto los aportes reservados como las donaciones de empresas a las campañas electorales.

La propuesta de Jackson y Mirosevic solo tomó fuerza tras la explosión del caso Penta. En un inicio, tanto legisladores de la Alianza como de la Nueva Mayoría se resistieron a apoyar las indicaciones de los diputados. Se sumaron a la causa solo tras observar el impacto que generó el caso Penta. Es difícil imaginar que las dos indicaciones de los diputados tendrían la tracción que han logrado si no prominentes personajes de las coaliciones más grandes del país no estuvieran involucradas en el escándalo. Algunos podrán especular que el cambio de opinión está en función a la denuncia de irregularidades que actualmente investiga la Fiscalía — la llamada arista política.

En los últimos 2 meses han aparecido al menos 3 propuestas adicionales para regular el rol del dinero en la política. La primera propuesta fue de Isabel Aninat y Ricardo González del Centro de Estudio Públicos, quienes presentaron su propuesta de “Financiamiento permanente no electoral de los partidos políticos”. Los siguieron Lily Pérez, Andrés Velasco y Sacha Razmilic de Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, quienes dieron a conocer su propuesta de “Partidos fuertes y campañas transparentes para una mejor democracia”, y Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro y Emilia Ríos de Espacio Público, con sus “Propuestas para avanzar hacia una saludable relación entre dinero y política”.

Es solo tras está sucesión de eventos que el gobierno presentó su propia propuesta. Si bien los lineamientos del proyecto se vienen trazando hace algunos meses, llama la atención su lugar en comparación con el resto. También llama la atención que gran parte de las propuestas del gobierno concuerdan con las propuestas del Centro de Estudios Públicos, Amplitud, Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público. Si bien la entrada del gobierno en el debate es tardía, es bienvenida. En el actual sistema, los proyectos de ley aumentan su factibilidad de promulgación cuando son enviados por el ejecutivo. Y considerando el alineamiento de los distintos sectores politicos, el proyecto promete ser una política publica óptima.

En los próximo días ingresará el proyecto del gobierno al Congreso. Será tarea de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, dialogar con los diputados que catalizaron el debate, y con quienes han presentado sus propias propuestas (incluyendo la de Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público que ya ingresaron el suyo como proyecto de Ley), para generar un consenso. Si un nuevo régimen de regulación entre dinero y política se aprueba, el triunfo será de Jackson y Mirosevic, por poner el tema en el tapete. Pero también podrán compartir los méritos todos aquellos que han aportado a generar las condiciones para derrocar la actual legislación, que, sobra recalcar, está obsoleta.

#Chile. Interpelaciones y presión política

Publicado en Tele 13

Los últimos meses han estado marcados por la tensa relación entre la oposición y el gobierno. La Alianza ha criticado la inestabilidad económica que han generado las reformas estructurales (como la reforma tributaria) y la crispación social que han generado las malas políticas públicas (como la prevención de la delincuencia). A su vez, la Presidenta ha naturalmente defendido su agenda legislativa y la gestión política de su gobierno. La disputa entre la oposición y el gobierno, que hasta ahora se ha dado en el Congreso (en un marco de debate legislativo), parece estar trasladándose a la opinión pública (a la evaluación ciudadana).

En democracia, la forma normal de resolver disputas entre el gobierno y la oposición es en el congreso. Proyectos de ley ingresan como mensajes (desde el ejecutivo) o mociones (desde el legislativo) y los senadores y diputados resuelven a favor o en contra. Pero en sistemas presidenciales, el ejecutivo suele tener una cuota de poder significativamente superior. En efecto, el congreso suele ser concebido como un poder reactivo. Ante esta situación, constituciones políticas proveen al congreso con herramientas de contrapeso. En el caso chileno son la acusación constitucional, la interpelación y la comisión investigadora.

La acusación constitucional y la interpelación son las más utilizadas. La primera está vigente desde la transición a la democracia en 1990 y la segunda existe desde las reformas constitucionales de 2005. Ambas buscan establecer la responsabilidad política de altos funcionarios públicos (usualmente Ministros de Estado). Ahora bien, mientras que el fin de la acusación constitucional es la destitución del funcionario, el fin de la interpelación es simplemente requerir antecedentes sobre su gestión. Ergo, mientras que la acusación constitucional logra efectos institucionales, la interpelación se queda en efectos mediáticos.

Estas herramientas normalmente son invocadas por la oposición, especialmente cuando son minoría. En la práctica se usan para resolver disputas que difícilmente pueden ser resueltas de otra manera. Cuando existe una disputa, por ejemplo sobre un proyecto de Ley, y la oposición carece de un quórum para rechazarlo en el pleno, solo le resta invocar alguna de las herramientas de contrapeso. Normalmente opta por la acusación constitutional para destituir al Ministro responsable. Pero a veces opta por la interpelación (particularmente cuando es una oposición débil) con la esperanza de conseguir la salida del ministro como efecto secundario.

Desde 1990 han habido 19 acusaciones constitucionales, de los cuales tres han terminado en una destitución. En 1992 fue el Ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda, en 2008 fue la Ministra de Educación Yasna Provoste y en 2013 fue el Ministro de Educación Harald Beyer. Asimismo, desde 2005 han habido 13 interpelaciones. En la mayoría de los casos, la interpelación no consiguió más que revolver las aguas. En algunos casos, sin embargo, la interpelación logró el deseado efecto secundario. Esto fue lo que pasó con el Ministro de Energía Ricardo Raineri y con la Ministra de Vivienda Magdalena Matte.

En lo que va del segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya se han aprobado tres interpelaciones. La primera interpelación fue a la Ministra de Vivienda Paulina Saball en Junio, para responder por la reconstrucción del norte y Valparaíso. La segunda fue al Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en Julio, para responder por los hechos de violencia en la Araucanía. La tercera y más reciente fue al Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, que se llevará a cabo en Noviembre, para responder por el eventual cierre de colegios que produciría el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección.

El uso de las interpelaciones muestra que la oposición no puede resolver su disputa con el gobierno de otra manera. No tiene un quórum suficiente para rechazar reformas o proponer sus propias políticas públicas. Lo único que le queda, entonces, es presionar al gobierno a través de los medios. Pues, la publicidad de una interpelación a menudo funciona efectivamente. El objetivo de la Alianza es utilizar la interpelación para generar una sensación amplificada de oposición. En el mejor de los casos logrará detener las reformas o cambiar el rumbo de las políticas públicas. Si tiene suerte forzará la salida de uno o más de los ministros interpelados.

La oposición puede interpelar a todos los ministros que quiera (con la salvedad de que no puede emplazar al mismo ministro más de tres veces en el mismo año). Si bien es difícil que consiga alguno de los efectos secundarios a corto plazo, sí puede generar una sensación de desgaste político que apunte a lo mismo. A medida que aumentan las interpelaciones, incrementa la sensación de desgaste político. Desde un punto de vista democrático, no es una situación deseable. Pero, en su condición de minoría, es uno de los pocos recursos de la oposición. Aunque sea una estrategia arriesgada, es de las pocas que le van quedando.

Las interpelaciones no obligan a Bachelet a efectuar cambios de gabinete. Pero a medida que aumente la sensación de desgaste político, aumenta la probabilidad de cambio de gabinete. En el primer gobierno de Bachelet la presión política de la oposición forzó más de una salida. En éste gobierno la presión no ha logrado el mismo efecto. Pero si la Alianza insiste en su estrategia de interpelar, la Presidenta eventualmente se verá forzada a responder. Las encuestas ya muestran una baja en la aprobación presidencial, y lo más probable es que también comiencen a mostrar bajas en las carteras con ministros interpelados.