#Chile. Seguridad ciudadana: un flanco imprevisto

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Las últimas semanas estuvieron fuertemente marcadas por las criticas a la conducción económica del gobierno. Las cifras – que mostraron una caída en el crecimiento, un aumento en el desempleo y una escalada en la inflación – no dejaron indiferentes a nadie. Desde la oposición culparon a la inestabilidad asociada a la reforma tributaria – exigieron afinar algunos detalles. Desde el sector más moderado del oficialismo culparon a la ambición excesivamente expansionista – sugirieron resucitar la alianza público-privada. En efecto, el gobierno le puso el acelerador a la reforma y anunció un plan de cooperación con el empresariado.

En la puerta del horno, el gobierno tuvo un segundo embate. La explosión de una bomba en la estación de Metro Escuela Militar abrió un flanco imprevisto. En los pocos meses que lleva la actual administración, nadie anticipó que un tema de suma importancia sería el manejo de la seguridad ciudadana. El atentado terrorista puso en entrecruces al oficialismo, mostrando inconsistencias importantes. Mostró que, contrario a la opinión inicial del gobierno, la aplicación de la Ley antiterrorista es una herramienta útil. Y mostró que, a diferencia de la opinión de algunos de sus diputados, su aplicación es necesaria.

Comparar el gobierno de Piñera con el gobierno de Bachelet en conducción económica y manejo de seguridad ciudadana resulta inevitable. Pues en ambos temas el gobierno anterior fue más fuerte de lo que ha sido el gobierno actual. Los buenos indicadores económicos y el énfasis en seguridad ciudadana son dos legados indiscutibles del gobierno anterior que han brillado por su ausencia en el gobierno actual. Las encuestas muestran mayor confianza en la economía durante el gobierno de Piñera que durante el gobierno de Bachelet, y que el atentado terrorista no solo es evaluado como el peor de los últimos años, pero también como un incidente evitable.

La aprobación de la reforma tributaria releva al gobierno en parte. Con las reglas del juego claras bajará la sensación de inestabilidad económica. Esto no es tan claro en la agenda de seguridad ciudadana. El novedoso método de los terroristas abre un escenario inédito que inevitablemente será ligado a la estabilidad política. Es un nicho que será explotado por quienes resisten el programa del gobierno. Un buen punto de partida para neutralizar aquello – y que ya ha avanzado el gobierno – es mostrar firmeza en capturar a los responsables mientras se trabaja en promulgar una ley antiterrorista de acorde con los tiempos.

El rápido ascenso de la seguridad ciudadana como tema prioritario sugiere que no será tan simple avanzar en el programa de gobierno. Las reformas estructurales propuestas tendrán que ser complementadas con medidas de mayor urgencia. El gobierno necesariamente tendrá que buscar un balance entre las metas de largo plazo y las metas de corto plazo. No es aceptable aprobar una reforma electoral si los votantes conviven con miedo. Si se descuida lo urgente, lo más lógico es que la evaluación de Bachelet comience a declinar, y en consecuencia su coalición sea castigada en la próximas elecciones municipales.

Bachelet debe redefinir sus prioridades. Hasta el momento el gobierno ha sobre ideologizado el país con las reformas estructurales, descuidando temas de mayor urgencia – como la economía y la seguridad ciudadana. Si bien las reformas estructurales pueden ser consideradas necesarias, los últimos incidentes muestran que pueden entrar en conflicto con temas de mayor urgencia. De hecho, la critica más efectiva de la oposición ha sido que el gobierno ha estado más preocupado del futuro que del presente. Sobre ideologizar puede pasar rápidamente de tener un efecto negativo para el gobierno a tener un efecto negativo para el país.

#Chile. Concertación al gabinete

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La semana pasada el ex presidente Ricardo Lagos insinuó que existe una notoria carencia de cooperación económica entre el gobierno y el sector privado. Sus dichos no pasaron desapercibidos en el gobierno. Esta semana el operador político Gutenberg Martínez sugirió que la DC debe levantar un candidato presidencial propio cuanto antes. Sus dichos tampoco pasaron inadvertidos en La Moneda. Tanto Lagos como Martínez implícitamente critican a Bachelet y su programa de gobierno. Mientras Lagos insinúa que la agenda económica debe ser más cooperativa, Martínez sugiere que la conducción política debe ser más moderada.

Las criticas de Lagos y Martínez presagian un quiebre en la centroizquierda. Los dichos de ambos personeros apuntan a que hay un conjunto de personas dentro de la coalición que no se siente cómoda con la agenda económica y conducción política del gobierno. Mientras que el primero advierte que las políticas económicas progresistas del gobierno podrían dañar la economía, el segundo insinúa que la estrategia legislativa radicalizada podría polarizar el sistema de partidos. Tanto Lagos como Martínez apuntan a revivir a la Concertación. Para ambos el modelo cooperativo y moderado de la Concertación es superior al modelo progresista y radical de la Nueva Mayoría.

En el contexto económico actual, un quiebre en la centroizquierda podría ser fatal. Pues la estanflación (simultaneidad del alza de precios, aumento del desempleo y estancamiento económico) podría herir de muerte al gobierno. Las encuestas ya muestran un rechazo de la ciudadanía a la reforma tributaria. Esto, sumado a la pasividad de los empresarios, podría convertir la crisis económica en una crisis política. Una opción del gobierno para evitar esa crisis es abandonar la ruta progresista de la Nueva Mayoría para retomar la senda moderada de la Concertación. Aquello necesariamente implica renunciar a la agenda económica expansionista y retomar el diálogo con los empresarios.

El reciente anuncio del Ministro de Hacienda –de tender puentes con los privados– sugiere que esta será la nueva ruta. Pero la pregunta importante es si la moderación en la conducción económica será suficiente para revertir la estanflación y prevenir sus potenciales efectos políticos. Por una parte, el diálogo promete restituir la relación del gobierno con los empresarios. Pero por otra, si no hay medidas concretas –como una revisión a la reforma tributaria– será una estrategia fútil. Todo depende de la rigidez del gobierno, de cuánto está dispuesto a ceder. Si es poco –como lo ha sido hasta ahora– la situación económica sólo promete propagarse al sistema político.

Una alternativa es adoptar una conducción política más moderada, en línea con lo que sugiere Martínez. Esto no significa potenciar a un candidato presidencial de la DC, simplemente implica mostrar una señal de mesura. Un cambio de gabinete que favorezca a la DC y al sector más moderado de la izquierda serviría para tales efectos; un cambio de gabinete que reemplace a ministros progresistas de la Nueva Mayoría por ministros moderados de la Concertación. Es un recurso probado, pues el gobierno de Piñera tuvo que hacer un enroque similar. Sólo pudo producir resultados después de reclutar a Allamand, Chadwick, Longueira y Matthei.

Un cambio de gabinete serviría para complementar la decisión de tender puentes con el empresariado. Si Bachelet sólo toma medidas económicas, no detendrá el problema. Pues el origen del problema es político, no económico. Un cambio de gabinete generaría garantías desde el sector político para el empresariado. Si las personas a cargo de conducir las reformas tienen una agenda progresista, en contra de los intereses del sector privado, será difícil revertir la situación económica. El gobierno debe considerar reemplazar a los ministros que no han estado a la altura del conflicto. Sobre todo a aquellos que han estado encargados de la transformaciones más progresistas y radicales.

#Chile. Ex presidentes: pauteando al gobierno

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Hace una semana el ex presidente Piñera realizó duras criticas al gobierno. Entre sus comentarios – principalmente orientados a la economía – sostuvo que el gobierno “no tiene metas de crecimiento, de empleo, de inversión, de salario o de productividad”. La respuesta no se hizo esperar. Elizalde atribuyó las criticas de Piñera a su ambición electoral. Eso no fue todo. Cinco otros ministros (Arenas, Blanco, Gómez, Peñailillo y Rincón) se sumaron al vocero del gobierno, masivamente destacando el oportunismo del ex presidente.

Pocos días después, fue el propio ex presidente Lagos el que criticó al gobierno. Entre sus comentarios – primordialmente enfocados a la infraestructura social – mantuvo que “van ocho años perdidos”, y que “no es un problema financiero”, sino que es la falta de “decisión política”. En contraste a la reacción ante Piñera, esta vez la respuesta del gobierno fue suave. Elizalde manifestó que la diferencia entre ambos ex presidentes era enorme. Peñailillo lo secundó. El titular de interior sostuvo que las criticas de ambos eran significativamente distintas en el fondo y en la forma.

Es una situación inédita. Es la primera vez que un ex presidente critica a un gobierno titular, fuera de un ciclo electoral. Entre 1990 y 2010 todos los ex presidentes eran parte de la coalición titular, y por ende realizaban sus comentarios a puertas cerradas. Entre 2010 y 2014, Michelle Bachelet pudo haber realizado sendas criticas al gobierno de Piñera, pero porque su trabajo le prohibía interferir en contingencia nacional, nunca lo hizo. Dos hipótesis compiten por explicar la razón de por qué – por primera vez – un ex presidente entra en éste juego.

Una hipótesis es que tanto Piñera como Lagos buscan posicionar una candidatura presidencial. Piñera ya ha manifestado su intención de volver a La Moneda. No es un secreto que su fundación trabaja activamente por posicionarlo como candidato en la próxima elección. Lagos, por su parte, no ha expresado una intención de repostular. Pero no sería una sorpresa que decidiera llenar el vacío de liderazgo que hoy existe dentro de su coalición. No sería extraño que el ex presidente llegara a ocupar el espacio que hoy dominan Andrés Velasco y Marco Enríquez-Ominami.

Una hipótesis alternativa es que tanto Piñera como Lagos están genuinamente consternados con la dirección económica y política del país. El historial de servicio público de ambos sugiere que podrían perfectamente operar desinteresadamente. Incluso si significa casualmente perjudicar al gobierno. Evidencia de aquello es que ambos ex presidentes solo intervienen en las áreas en que más destacaron durante en sus propios gobiernos (en la economía y la infraestructura social) y no en temas que les son ajenos.

El debate público durante la última semana ha estado fuertemente condensado en resolver entre estas dos hipótesis. Dimes y diretes entre defensores y detractores de cada ex presidente han inundado los medios y las redes sociales. Los primeros en definirse fueron la Alianza y la Nueva Mayoría. Para cada coalición la intención de su ex presidente fue más honesta y útil que la del otro. Para la coalición de gobierno, Piñera fue un oportunista y Lagos un republicano. Para la coalición de oposición, Piñera fue un altruista y Lagos un desubicado.

Esta discordia abre un debate sobre las facultades implícitas que deben tener los ex presidentes cuando se trata de opinar sobre contingencia nacional. Algunos rechazan todo tipo de intervención. Sostienen que los ex presidentes no tienen el derecho de interferir en contingencia nacional, pues solo lo hacen con la calculadora política en mano. Otros defienden cualquier tipo de intervención, pues tienen todo el derecho de usar la libertad de expresión a su favor. Sostienen que los ex presidentes son ante todo ciudadanos.

Nunca sabremos a ciencia cierta las motivaciones de Piñera y Lagos para criticar a Piñera. Podemos especular. Mi opinión es que Piñera buscó posicionar su candidatura al verse presionado por Allamand y Ossandón, y como respuesta, Lagos buscó realizar una critica comparativamente constructiva para matizar con Piñera y de ese modo blindar al gobierno. Más allá de las opiniones, lo cierto es que las criticas de ambos ex presidentes no causaron más que una convulsión política innecesaria. Incluso, fueron contraproducentes.

Cuando un ex presidente critica al gobierno, lo está pauteando. A ningún presidente titular le gusta que un ex presidente le diga cómo tiene que hacer su trabajo. Por eso, lo más útil sería que los ex presidentes evitarán espectáculos públicos y realizarán sus criticas puertas adentro – como ha sido la tradición hasta ahora. El daño de las criticas supera los beneficios. El revuelo generado por Piñera y Lagos opacó cualquier efecto positivo que podrían tener sus comentarios. Si los ex presidentes insisten en comentar sobre contingencia nacional, es porque buscan algo más que el bien público.

#Chile. El desliz del CEP

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Las encuestas pueden ser buenas o malas. En algunos casos se pueden evaluar en base a su error. El error es la diferencia entre un valor estimado y un valor verdadero. Su cálculo es relativamente sencillo cuando ambos valores están disponibles – tanto el estimado como el verdadero. Por ejemplo, uno puede evaluar a una encuesta al comparar su estimación del porcentaje de votos que recibirá un candidato en una elección y el porcentaje de votos que ese mismo candidato recibe en la elección. Las encuestas buenas son aquellas que tienen menos error – las que se aproximan más al resultado.

Sin embargo, la mayoría de las encuestas no tienen un valor verdadero como punto de comparación. Sobre todo en encuestas que contienen preguntas valóricas. Esas encuestas solo se pueden evaluar en base a su reputación. La reputación de una encuesta depende de su misión y de su metodología. Este cálculo es más complejo que anterior, pero es igual de posible. Por ejemplo, uno puede evaluar una encuesta observando su fuente de financiamiento y sus características metodológicas. Las encuestas buenas son aquellas que prescinden de presión política, y que además no introducen errores en la recolección y el procesamiento de datos.

La combinación de estos dos factores han llevado a la encuesta del Centro de Estudio Públicos (CEP) a ser considerada como una de las mejores en Chile. Tiene menos error y mejor reputación que otras encuestas del país. Por eso causó tanta conmoción académica y política ver que una de las mejores encuestas presentará deficiencias importantes en su metodología. Aunque el grueso de la encuesta no fue objeto de críticas, varios académicos y profesores apuntaron a que algunas preguntas relacionadas con la educación podrían estar significativamente sesgadas a producir resultados en contra de los intereses del gobierno.

Las críticos señalaron varias preguntas. Entre ellas, la siguiente: “¿Cree Ud. que es bueno que los padres puedan complementar el subsidio educacional que otorga el Estado a través de un copago (pagando matrícula y/o colegiatura) para mejorar la educación de sus hijos, o Ud. cree que esto debiera estar prohibido?”. Aquí, la crítica fue que la pregunta era confusa y larga; que concentraba buena parte de lo positivo en la parte inicial. Particularmente sostuvieron que la pregunta favorecía la primera parte (estar a favor del copago) por sobre la segunda parte (estar en contra del copago).

Otra pregunta que generó atención negativa fue “Ud. qué prefiere: ¿Que su hijo/a vaya a una escuela básica, liceo municipal o colegio donde los alumnos tengan un nivel socioeconómico parejo y parecido al suyo o que su hijo/a vaya a una escuela básica, liceo municipal o colegio donde los alumnos tengan niveles socioeconómicos bien distintos?”, que fue criticada por combinar dos preguntas en una. El término “parejo” se puede contraponer al término “parecido” y por ende generar sesgo. Esto se suma al hecho de que personas con menos educación tienden a estar de acuerdo con lo que le preguntan si no la entienden bien.

Este desliz metodológico del CEP sugiere una de dos cosas. Para algunos,sugieren que Beyer y el grupo económico que sostiene al CEP intencionalmente buscaron generar un sesgo para perjudicar al gobierno. Para otros, simplemente sugiere que el CEP inadvertidamente introdujo un error en el cuestionario. Si las preguntas fueron diseñadas de forma intencional o de forma negligente es irrelevante al fin al cabo. Si las preguntas fueron diseñadas de forma deliberada o accidental no es tan importante como constatar el efecto real – y negativo – de que una encuesta del calibre del CEP reproduzca resultados sesgados.

Las respuestas a las preguntas solo pueden servir como un precedente para sostener que la reforma educacional es mala – y no como una medición fidedigna de la opinión de los chilenos. Esto, por cierto, es todo lo contrario a lo deseable. Por eso, parece ser hora de dar un paso importante en cuanto a las atribuciones y libertades que se pueden tomar los encuestadores. Si bien es necesario evaluar la calidad de las encuestas en base a su error y reputación, el desliz del CEP sugiere que no son indicadores suficientes. Para evaluar la calidad de una encuesta de forma eficiente hay que tomar en cuenta su nivel de transparencia.

En países como Colombia y Venezuela es obligación que las encuestas se registren ante una institución fiscalizadora, publicar los datos y transparentar las fuentes de financiamiento. En Chile, lo primero no existe, y las otras dos tareas son opcionales. Si las encuestas tuvieran la obligación de registrarse, de transparentar sus datos y fuentes de financiamiento, subiría significativamente la calidad de sus mediciones.Probablemente bajaría su error y además subirían su reputación. Entre otras cosas, sería más difícil ocultar agendas políticas y más fácil prevenir la manipulación de datos.

#Chile. La Nueva Mayoría sin la Democracia Cristiana

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En las últimos meses han aumentado significativamente las críticas de la DC a la Nueva Mayoría. El Senador y Presidente de la DC ha sido el más tajante. Hace algunas semanas Ignacio Walker criticó el fondo de la reforma tributaria y la reforma educacional, los proyectos emblemáticos del gobierno. La Ministra Secretaria General de la Presidencia y ex pre candidata presidencial DC también ha aportado a deteriorar las relaciones. Hace algunos días Ximena Rincón sugirió que la DC debe presentar un candidato presidencial en las elecciones del 2017. La critica más reciente vino del destacado articulador político y ex Presidente de la DC. Gutenberg Martínez advirtió que la Nueva Mayoría es un pacto netamente instrumental con fecha de caducidad.

Las declaraciones de Martínez no sorprenden, pues son solo el último acontecimiento de una seguidilla de criticas de la DC a la Nueva Mayoría. Existen al menos dos teorías que podrían enmarcar las razones de por qué la DC está atacando a su propia coalición. Una teoría es que la DC se siente incomoda con la profundidad de las reformas y está buscando moderar los proyectos legislativos. Otra teoría es que la DC ve un nicho electoral en el centro ideológico y está buscando crear pretextos – o destacar diferencias – por si eventualmente decide abandonar la coalición. En ambas teorías tiene sentido que la DC critiqué el gobierno, pues saben que por ahora pueden apuntar sus dardos hacia la coalición de gobierno sin sufrir repercusiones políticas significativas.

Para dilucidar cuál de las dos teorías es la correcta, es necesario revisar algunas de las razones por las cuales la DC está en la Nueva Mayoría. Una explicación es que un clivaje histórico incentivó a la DC a alinearse con el grupo de partidos opositores a la dictadura. Sin ese hecho histórico es imposible pensar que la DC habría ingresado a una coalición, pues con su poderío territorial y número de adeptos podría fácilmente haberse mantenido como un partido independiente. Otra explicación es que las reglas electorales actuales incentivaron a los partidos a agruparse en coaliciones para poder alcanzar mayorías absolutas. En la ausencia de esas particulares reglas electorales es iluso pensar que la DC negociaría con otro partido, pues podría obtener un mejor retorno electoral por sí sola.

Lo más probable es que ambas explicaciones sean complementarias. Es decir, tanto el clivaje histórico como las reglas electorales actuales explican la presencia de la DC en la Nueva Mayoría. La pregunta, entonces, es qué pasaría en la ausencia de ambos factores, si no existiera el clivaje histórico y el actual sistema electoral. Y al parecer ese es precisamente el contexto en que se dan las declaraciones de Walker, Rincón y Martínez. El clivaje histórico está cada vez más cerca de ser sepultado: una importante proporción del electorado no emite su voto de acuerdo al posicionamiento de los partidos con respecto a la dictadura. Además, las reglas electorales actuales están ad portas de ser derogadas: el sistema proporcional moderado asoma como el reemplazo.

En línea con lo anterior, ambas teorías serían correctas, pero operarían en dimensiones diferentes. La DC evidentemente está tratando de moderar la profundidad de los cambios. La crítica de Walker, la sugerencia de Rincón y la advertencia de Martínez son amenazas reales que apuntan a darle mayor relevancia a la DC en el diseño de las reformas. Ahora bien, estas amenazas solo se vuelven relevantes si existe la posibilidad de que la DC efectivamente abandone la coalición. Y al parecer es una alternativa, pues con la decadencia del clivaje histórico y el inminente cambio a las reglas electorales la DC bien podría abandonar el barco. Si el gobierno no modera sus proyectos, no es descabellado pensar que la DC podría competir por fuera de la Nueva Mayoría en 2017.

Nueva Mayoría: entre Enríquez-Ominami y Velasco

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El éxito del gobierno depende en buena parte de la aprobación de sus principales proyectos. Particularmente la reforma tributaria, la reforma electoral y la reforma educacional. Pero también depende de la evaluación de la ciudadanía. Si las reformas no se aprueban en el Congreso, obviamente será un fracaso del gobierno. Pero si las reformas se aprueban en el Congreso, y la ciudadanía las evalúa como deficientes, también será un fracaso del gobierno. Dos candidatos presidenciales pretenden capitalizar sobre este potencial fracaso. Por un lado está Marco Enríquez-Ominami, quien flanquea a la coalición de gobierno por la izquierda, y por otro lado está Andrés Velasco, quien flanquea a la coalición de gobierno por el centro. Sus probabilidades de ser nominados candidatos en 2017 dependen netamente del nivel de éxito del gobierno.

El mejor escenario para la coalición de gobierno es que se apruebe las tres reformas. En este escenario, el gobierno no solo habrá reafirmado su legitimidad, sino que habrá dado un gran paso para prolongar su permanencia en el poder a un segundo periodo. Dado que las reformas conllevan transformaciones de largo aliento, el gobierno podrá apelar a la continuidad en el poder para consolidar la obra. El peor escenario para la coalición de gobierno es que no se apruebe ninguna de las reformas – o bien que se aprueben pero que sean mal evaluadas por la gente. En este escenario, el la coalición no solo perderá popularidad, sino que además enfrentará desafíos electorales imprevistos. A medida que el gobierno disminuya su popularidad, partidos y candidatos fuera del pacto tendrán mayor efectividad en posicionar sus ideas.

La prueba de fuego será la elección municipal de 2016. En octubre de ese año la gente evaluará la obra del gobierno en las urnas. Las reformas se habrán aprobado o se habrán rechazado y los votantes serán consientes de su efecto. Al mismo tiempo faltará un año para la elección presidencial de 2017, y la coalición de gobierno estará dibujando su estrategia de re-elección. Si las reformas tienen buena recepción, lo más probable es que la lista electoral de la coalición de gobierno obtengan un alto porcentaje de votos. Con ese antecedente, la presidenta podrá prácticamente nombrar a su sucesor a dedo. Si las reformas no tienen buena recepción, lo más probable es que su lista electoral obtengan un bajo porcentaje de votos. Con ese antecedente, candidatos fuera del pacto habrán ganado su primera gran batalla.

Bachelet podrá nominar a su sucesor o sucesora solo si tiene la legitimidad popular para hacerlo. Si las elecciones municipales son favorables para el gobierno, el candidato presidencial saldrá entre los militantes de los partidos de la coalición de gobierno. Nombres como Ricardo Lagos Weber, Carolina Tohá, Claudio Orrego y Ximena Rincón correrán con ventaja. Si las elecciones municipales no son favorables para el gobierno, nombres tradicionalmente asociados a la coalición perderán peso. En ese caso, el gobierno tendrá que optar entre obviar las criticas e insistir en uno de los suyos, o bien buscar a un candidato presidencial entre aquellos con ideas afines pero que se posicionan a una distancia sana de la desaprobación.

En el segundo caso, en que el gobierno es mal evaluado, dos nombres toman especial fuerza. Por un lado está Enríquez-Ominami, fundador del Partido Progresista. Su militancia histórica en el PS y su reciente y fehaciente oposición a la otrora Concertación lo consolidan como un candidato atractivo. El nombre del ex Diputado y candidato presidencial genera particular interés en el caso en que el gobierno no logra aprobar sus reformas, o bien logra aprobar sus reformas pero con evaluadas como insuficientes. En cualquiera de los dos casos la versatilidad de Enríquez-Ominami le permite aportar con la etiqueta de oposición pero con el elemento progresista que potencialmente estaría en demanda por los votantes. Sería una opción ideal, por ejemplo, si es que la promesa de promulgar una nueva Constitución finalmente no se cumple.

Por otro lado está Velasco, fundador de Fuerza Pública. Su independencia y oposición a la actual Nueva Mayoría lo convierten en un nombre llamativo. La opción del ex Ministro de Hacienda y pre candidato presidencial es particularmente fuerte en el caso en que el gobierno no logra aprobar sus reformas, o bien logra aprobar sus reformas pero son evaluadas como excesivas. En el primer caso, las credenciales técnicas de Velasco le permiten proponer un freno responsable a las propuestas de reformas estructurales de Bachelet; en el segundo caso, la tendencia centrista de Velasco le permite consolidarse como una alternativa ideal para aquellos que consideran que las reformas son necesarias pero no urgentes.

La diferencia entre Enríquez-Ominami y Velasco es nítida. El primero apela a un electorado progresista cercana a la izquierda y el segundo a un electorado liberal cercano al centro. Cualquiera de los dos podría ser el candidato presidencial de la Nueva Mayoría en 2017, siempre y cuando el gobierno reciba una evaluación deficiente y como consecuencia una baja votación en las municipales. De allí, ambos necesitan asegurar el apoyo de un partido de la coalición. Esta tarea es más sencilla para Enríquez-Ominami, quien debe forjar acuerdos con los dirigentes de su ex partido, mientras pacta primarias con el gobierno para las elecciones municipales. El camino de Velasco es más complejo. El independiente debe consolidar sus vínculos con la Democracia Cristiana, mientras endosa al gobierno en la tramitación de proyectos emblemáticos.

#Colombia. Una elección con fallo fotográfico

Las alianzas y guiños hacia quienes están fuera de competencia han emparejado la contienda presidencial en Colombia, una elección reñida a juzgar por los sondeos electorales.

Encuestas publicadas el pasado fin de semana ratifican que la elección presidencial está abierta. El último sondeo realizado por Ipsos da como ganador a Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, con un 49% de las intenciones de voto, frente a 41% en favor de Juan Manuel Santos, candidato del partido de La U. Por el contrario, los números publicados por Cifras y Conceptos muestran a Santos adelante de Zuluaga con un 43% vs. 39%. Datexco replica la misma tendencia, con un 42% para Santos y 38% para Zuluaga. Finalmente, con márgenes de error de 2,2% para el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y de 3% para Gallup, las encuestadoras entregan un empate técnico entre ambos candidatos.

Una visión de conjunto de estos guarismos sugiere una tendencia en la que el presidente Santos habría recortado la distancia de más de 4 puntos porcentuales que Zuluaga le sacó en la votación real de la primera vuelta. Las causas de este reposicionamiento estarían relacionadas precisamente con las alianzas y guiños que partidos y candidatos hicieron recientemente. Según Gallup, a nivel nacional 4 de cada 5 de las personas que en primera vuelta votaron por Marta Lucía Ramírez (Partido Conservador) dicen que sufragarán por Zuluaga en segunda vuelta, candidato al que Ramírez adhirió oficialmente. En tanto, 3 de cada 4 de los votantes que eligieron la candidatura de Clara López (Polo Democrático) harán lo propio por Santos el próximo domingo y aún más importante, así también ocurriría con 2 de cada 3 de los ciudadanos que votaron por Enrique Peñalosa (Partido Verde).

A las matemáticas de las alianzas electorales hay que sumarle la influencia de los medios de comunicación y de los líderes de opinión, quienes en el agregado se han decantado por la opción reeleccionista. Según el portal La Silla Vacía, los dos diarios de circulación nacional, El Tiempo y El Espectador; el semanario más importante de Colombia, Revista Semana; y las cadenas de noticias privadas dominantes en el mercado televisivo colombiano, Caracol y RCN, abierta o discretamente decidieron respaldar a Santos.

El factor más crítico el próximo domingo será la movilización del “voto estratégico”, es decir de aquellos no santistas que renuentemente intentarán reelegir al presidente con el fin de evitar que sea el candidato uribista quien gane. Dados los pesos y diferencias regionales, este voto será decisivo en la capital del país, Bogotá, donde la participación en comicios presidenciales suele ser más alta que el promedio nacional y donde cerca de 1,3 millones de votantes tendrán que repensar por quién sufragar entre opciones que en primera vuelta no representaban sus preferencias.

La incógnita sobre quién controlará la Casa de Nariño por los próximos cuatro años está a punto de terminar, y todo indica que será con fallo fotográfico. ¿Continuidad o el cambio? Los colombianos tienen la decisión en sus manos.

#Chile. Reformas Express

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La Nueva Mayoría fue elegida para hacer una reforma constitucional, una reforma educacional y una reforma tributaria, entre otras cosas. El poder ejecutivo y el poder legislativo son los principales responsables de llevarlas a cabo. Mientras que la candidata de la coalición fue elegida a la presidencia con más de 60% de los votos, los senadores y diputados fueron elegidos al congreso con un quórum histórica y significativamente alto.

Aunque una nueva Constitución quedó fuera del alcance por el momento (por requerir 2/3 de senadores y diputados), Bachelet ha buscado llevar a cabo transformaciones a partes fundamentales de la carta que exigen un menor quórum, como la reforma al sistema electoral (que necesita 3/5). Además, ha puesto el pie en el acelerador para pasar la reforma al sistema educacional (que necesita 4/7) y la reforma al sistema tributario (que necesita mayoría calificada).

A solo 3 meses de la inauguración muchos se han asombrado con la celeridad con que se ha instalado el gobierno y la velocidad con que se ha avanzado en trámites legislativos. Hasta el momento la presidenta ya ha firmado los mensajes de reforma electoral, reforma educacional y reforma tributaria, pasándole la pelota a los legisladores. (Según el gobierno, hasta el momento se han completado 84% de las medidas prometidas en los 100 primeros días).

La celeridad de la presidencia y la velocidad del proceso legislativo ha levantado preguntas sobre las razones de Bachelet para apurar el programa. La versión oficial es que los proyectos se deben enviar porque el periodo presidencial es corto — es la única forma de despacharlos antes del termino del mandato. La explicación informal es que los proyectos se deben enviar antes que comiencen la movilizaciones – es la única forma de prevenir un desgaste político.

La discordia política se ha instalado. El oficialismo ha defendido la eficiencia con que se ha puesto en marcha el programa por el carácter urgente de las reformas. La oposición la ha criticado por su índole unilateral. Mientras que la Nueva Mayoría ha celebrado a Bachelet por su compromiso, la Alianza la ha criticado por su intransigencia. Los primeros piden respetar la democracia representativa, los segundos exigen adoptar una democracia deliberativa.

Ambos tienen algo de razón. Los que fomentan la rapidez en la tramitación de las reformas argumentan que el gobierno no hace más que usar los canales regulares que han estado a disposición de todos los presidentes. Sostienen que como legítimo ganador de la elección está en todo su derecho. Los que critican la rapidez argumentan que ganar una elección no implica prescindir de los canales informales de legislación. Sostienen que el debate sigue siendo crucial.

La pregunta relevante, entonces, es sobre el efecto que tiene apurar el tranco de las reformas. Si Bachelet tiene razón, es necesario comenzar todos los tramites emblemáticos cuanto antes para poder completarlos antes del termino del mandato y así cumplir con la gente. Si la oposición tiene razón, mandar los proyectos de ley emblemáticos sin debate previo tendrá un efecto negativo, dado que los principales perjudicados serán los mismos ciudadanos.

Dado que Bachelet técnicamente no necesita los votos de la Alianza para llevar a cabo la gran mayoría de las promesas en su programa, tampoco se ve obligada a entrar a dar una explicación de su estrategia legislativa. Esto abre un flanco. Si la coalición se fracciona en el futuro cercano — por ejemplo, se divide por temas  como el aborto – la presidenta se verá obligada a recurrir a legisladores de la oposición.

Si sigue Bachelet continúa por el camino unilateral, arriesga alienar a legisladores volátiles de derecha (que votan por proyectos y no por ideologías). Esto solo le permitiría poder pasar los proyectos de ley que requieren quórum más bajos – como la reforma tributaria. Si Bachelet se cambia a una senda de consenso, previene generar anticuerpos. Esto potencialmente le permitiría poder negociar proyectos de ley más fundamentales —- como la nueva Constitución.

#Colombia. Tiempo de alianzas

Los escándalos que marcaron los cierres de las campañas de Santos y Zuluaga en primera vuelta parecen haberse enterrado y hoy los candidatos se enfocan en tejer alianzas, a poco más de una semana de la elección presidencial.

Desde el terreno predictivo, según la encuesta divulgada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) el pasado martes la intención de voto por el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga es de un 47%, frente a un 45% registrado por el presidente-candidato, Juan Manuel Santos. En tanto, el voto en blanco captura el 6% de las preferencias, un descenso notable comparado con el 15% marcado en el sondeo publicado por Cifras y Conceptos el 29 de mayo.

Los votos que en primera vuelta se decantaron por candidatos diferentes de Santos y Zuluaga suman casi 5 millones; es decir, el 40% de los sufragios válidos. Por tal motivo, los equipos de campaña de los aspirantes al sillón presidencial cesaron el intercambio de acusaciones relacionadas con financiamiento e interceptaciones ilegales y se dedicaron a buscar el respaldo de los que no llegaron al balotaje.

Si bien en el sistema presidencialista colombiano, donde el voto por la persona prima sobre el voto por el partido, las preferencias no son íntegramente endosables, las coaliciones partidistas que se pacten y los guiños personales que se hagan definirán el próximo presidente de la república.

De manera oficial, la aspirante por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, adhirió a la campaña de Zuluaga con el respaldo del directorio nacional y sobre las bases de un acuerdo programático. Sin embargo, en la práctica ese conglomerado había llegado dividido a la primera vuelta, pues un sector importante de congresistas –entre ellos sus mayores electores– estaba alineados con Santos. El “ala santista” del conservadurismo reconfirmó su apoyo a la reelección del mandatario la semana pasada.

En la alianza de la izquierda, Aída Abello, líder de la Unión Patriótica, pidió a sus seguidores respaldar a Santos para darle continuidad al proceso de paz que el gobierno adelanta con la guerrilla de las FARC en Cuba. Entre tanto, las directivas del Polo Democrático acordaron dejar en libertad a sus electores para escoger entre Santos y Zuluaga. A título personal, la candidata Clara López anunció abiertamente su apoyo al presidente y está haciendo campaña a su lado en la capital del país, fortín electoral de la izquierda política. Un grupo de congresistas del Polo Democrático pidió a sus seguidores votar en blanco.

Por otra parte, Enrique Peñalosa y su colectividad (Partido Verde), también se abstuvieron de pedir a sus votantes inclinarse por uno u otro candidato para el balotaje, aunque Peñalosa aclaró que no votará en blanco. Vale la pena destacar que un sector del partido Verde representado por el precandidato presidencial John Sudarsky expresó su respaldo a Santos.

Tras estas alianzas las fuerzas están repartidas. El reciente respaldo de varios expresidentes a las campañas está haciendo notar a la opinión que estaba adormecida la importancia de lo que está en juego. Las encuestadoras tienen dos días para divulgar sus últimas mediciones antes de que la veda entre en rigor.

#Colombia. La hora del debate

La semana posterior a la primera vuelta electoral trajo consigo la división de apoyos al interior del Partido Conservador y el ajuste programático de la candidatura opositora, dos hechos que podrían incidir en la intención de voto de los colombianos frente a una carrera presidencial que continúa abierta.

La última encuesta difundida por Polimétrica (realizada para Caracol Radio y Red + Noticias), en alianza con Cifras & Conceptos, mostró un empate técnico entre Juan Manuel Santos (38%) y Óscar Iván Zuluaga, quienes obtienen un 38 %y 37% de la intención de voto, respectivamente.

La encuesta fue realizada los dos días siguientes a la primera vuelta, por lo tanto no alcanzó a medir el impacto que tuvo la decisión de Marta Lucía Ramírez de sumarse a la candidatura de Zuluaga el pasado miércoles. La ex candidata obtuvo 1.995.628 votos, un caudal electoral considerable de sufragios que podría inclinar la balanza a favor del candidato opositor. En tanto, Enrique Peñalosa anunció que dejaba en libertad de acción a sus electores.

Sabiendo que el trasvasije de votos no es automático, Zuluaga decidió acoger el planteamiento de Ramírez frente a los diálogos de paz en La Habana y flexibilizar su postura, que inicialmente contemplaba la suspensión de la mesa de diálogo en caso de ser electo presidente.

La decisión de Zuluaga busca capturar los votos de Ramírez, sin embargo podría generar señales contradictorias para su propio electorado. El rechazo a la política oficialista de dialogar con la guerrilla era precisamente el gran elemento diferenciador de Zuluaga con Juan Manuel Santos. Hoy ambos parecieran confluir en el mismo camino.

En la vereda oficialista, el presidente Santos recibió el apoyo de 40 congresistas conservadores, un hecho que si bien no se traduce directamente en mayor intención de voto ratifica que el actual mandatario cuenta con el piso político suficiente para llevar adelante su programa de gobierno de ser reelecto (ver en Tresquintos: La primera victoria de Santos), una de sus medidas será la ratificación de los acuerdos de paz que pudiesen alcanzarse en Cuba.

Santos reaccionó con dureza ante el cambio de opinión de su adversario sobre la negociación con las FARC y la calificó como “cínica y electorera”. La respuesta oficialista deja en claro una vez más que la búsqueda de la paz continúa siendo el tema más importante en Colombia y que la fórmula para terminar con el conflicto sin dejar impune a la guerrilla se posicionará al tope de la agenda electoral.

Dado el actual escenario político en Colombia, y a 15 días de una nueva elección, se hace imperiosa la necesidad de que ambos candidatos expongan frente a frente sus planteamientos. No es sostenible continuar rehuyendo la confrontación de ideas y propuestas programáticas. Llegó la hora del debate.