#Chile. La amenaza democrática

Publicado en Tele 13

El caso Penta y la arista Soquimich son la noticia del momento. Evidencia reciente sugiere que los patrones de financiamiento irregular en ambas empresas son parte de un plan bastante más siniestro y elaborado que lo originalmente anticipado. La diferencia entre ambas empresas, sin embargo, no es menor, dado que la naturaleza de los involucrados es sustancialmente distinta. Mientras que los imputados en el caso Penta están primordialmente relacionados con la oposición y la Alianza, los incriminados en la arista Soquimich están principalmente asociados con el gobierno y la Nueva Mayoría.

A partir de esta notoria diferencia, varios observadores de la plaza teorizaron que las dos investigaciones serían tratadas de forma distinta. La lógica tras la teoría era que la jerarquía administrativa del poder ejecutivo sobre el SII — el principal agente a cargo de querellarse — se utilizaría políticamente para ahogar una investigación que potencialmente podría acabar con varios personeros del sector imputados. Si bien no es una teoría empíricamente comprobable, el simple hecho de su plausibilidad dieron inicio a una cadena de eventos que ha llevado al gobierno y la Nueva Mayoría a su peor momento en el cuatrienio.

El retardo del SII en actuar puede ser identificado como el punto de partida. Pues la tardanza en ampliar la querella no ayudó a mitigar la sensación popular de que potenciales irregularidades entre Soquimich y la Nueva Mayoría podrían pasar bajo el radar de la justicia. En efecto, un grupo de cuatro diputados (Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Camila Vallejo) enviaron un oficio al SII exigiéndole entrar de lleno en el asunto. A su vez, dos diputados oficialistas, Hugo Gutiérrez y René Saffirio, demandaron a viva voz perseguir la causa hasta las últimas consecuencias.

Lo anterior debe ser leído como un quiebre dentro de la coalición oficialista. Mientras que algunos guardaron silencio, otros denunciaron los hechos activamente. Algunas personas podrán considerar que los segundos actuaron con apremio innecesario — sin esperar que el SII recabara todos los antecedentes necesarios para actuar. Sin embargo, esas mismas personas difícilmente podrán discrepar que el clima del momento también invitaba a una movida política de la talla — considerando la posibilidad de que los potenciales delitos pudiesen prescribir si es que no se intervenía a tiempo.

La manifestación pública de los diputados también sugiere que el clima de tensión en el gobierno y la Nueva Mayoría puede empeorar. Pues al no haber disciplina al actuar, no hay control sobre el proceso o el producto. El paso lógico en el actual clima de desorden es que a medida que más personas se vean involucradas, aumente la tensión. Peligroso, pues al fin y al cabo, todo elástico se estira hasta que se rompe. Lo más seguro es que los diputados que ya han hablado no sean las únicas voces de la disidencia, solo las que se han hecho escuchar. Asimismo, es probable que se les unan más voces a medida que no se resuelva el tema.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno y la Nueva Mayoría también deben lidiar con el daño provocado por el caso Caval. Aunque lo de Soquimich es por definición mucho más grave que lo de Caval (considerando el número de personas involucradas y la transversalidad política de las irregularidades), para muchos lo de Caval es lo único irreparable del enjambre de problemas. En parte, tienen razón, pues es probable que la caída en la aprobación de la Presidenta sea mucho más atribuible al caso Caval que a la arista Soquimich. Por Caval se culpa a la Presidenta, por Soquimich se culpa al sistema.

Los efectos de Soquimich y Caval también son diferentes. Mientras que los efectos de la arista Soquimich constituyen una amenaza para la unidad interna de la coalición, los efectos del caso Caval constituyen una amenaza para su eficiencia política. Ambas preocupantes por sí solas. Pero el efecto conjunto es significativamente más serio: una coalición de gobierno sin disciplina interna que además atraviesa por un periodo de baja aprobación y alto rechazo ciudadano es a todas luces una coalición que difícilmente puede garantizar gobernabilidad.

Bachelet tiene en sus manos la solución a esta amenaza democrática. Debe tomar medidas duras pero ejemplares contra todos los actores que recibieron financiamiento irregular ya sea de Penta, Soquimich, Caval u otras agencias que aun no conocemos. No le debe temblar la mano a la hora de cortar peso muerto. Debe reunir antecedentes sobre todas las personas que trabajan en su gobierno o que son parte de su coalición que eventualmente podrían ser imputadas por la Fiscalía por presuntas irregularidades y darlos de baja en la medida que encuentre dudas razonables.

#Chile. Algo huele mal

Publicado en Tele 13

Hace menos de un mes se reveló que Penta no habría sido la única empresa financiando política de forma irregular. Una filtración a la prensa reveló una lista de 39 personas relacionadas a campañas políticas que habrían emitido boletas a la empresa Soquimich. La normal, frente a esta situación habría sido que la Fiscalía investigara a ambas empresas con el mismo ánimo, provisto la similitud de las irregularidades.

El problema es que eso no ha sucedido. La agencia encargada de querellarse, el SII, no ha tratado a Soquimich de la misma forma que trató a Penta. Como contexto, el SII es administrativamente dependiente del poder ejecutivo, pues el director del SII es nombrado por la Presidenta de la República. En este caso particular, el director es Michael Jorratt, quien a su vez fue jefe de finanzas en la campaña presidencial de Bachelet en 2013.

Eso podría explicar la asimetría en el trato a ambas empresas. Pues hasta el momento, todo indica que la relación entre Penta y la oposición equivale a la relación entre Soquimich y el gobierno. Es decir, las boletas que habrían extendido candidatos de la Alianza a Penta para financiar sus campañas electorales serían un espejo de las boletas que habrían extendido candidatos de la Nueva Mayoría a Soquimich para financiar sus propias campañas electorales.

La teoría, entonces, es que el poder ejecutivo esta frenando la investigación por medio del SII.

Antes de entrar de lleno en esta teoría, es importante mencionar que lo de Penta es efectivamente lo mismo que lo de Soquimich. La evidencia sugiere que ambas empresas financiaron campañas de forma irregular y constante en la elección de 2013. Incluso hay indicios que sugieren que el mecanismo de traspaso de dinero se extendería a varias elecciones anteriores.

Sin embargo, la justicia ha sido más deferente con Soquimich que con Penta. Primero, Soquimich ha sido tratado como una arista del caso Penta, y no como un caso en sí. Esto es un problema, pues la información sugiere que Soquimich habría emitido más boletas y por más tiempo. Segundo, el periodo que se investiga a Penta es significativa mayor al periodo que se investiga a Soquimich. Solo se han mirado boletas relacionadas a Soquimich en Julio de 2009.

Lo más probable es que si se amplía el periodo de investigación en Soquimich aparecerán más personas involucradas. Si bien las boletas apuntan a que las personas involucradas en Soquimich son en buena parte candidatos relacionados con el gobierno, no sería una sorpresa que surgen varios nombres relacionados con la oposición. Sobre todo si se considera que Soquimich es controlado por personas políticamente ligadas a la derecha.

La única salida a este problema, es que la Fiscalía investigue ambos casos. Sin embargo, para aquello, el ente afectado debe presentar una querella para ampliar el periodo de investigación. En corto, el SII debe presentar una moción para que la Fiscalía investigue la relación entre Soquimich y candidatos en un periodo significativamente mayor al que actualmente se investiga.

Este es el meollo del asunto. Si Jorratt no persigue la investigación activamente, no habrán sanciones. Incluso se corre el riesgo de que los ilícitos más antiguos proscriban ante la ley. Esto pone a Jorratt en una situación compleja, dado que su posición es naturalmente dependiente de quienes debe investigar. No hay dos lecturas. Aunque la Fiscalía tenga buena voluntad, no puede actuar sin el visto bueno de Jorratt.

El director del SII posee las misma facultades para actuar contra Soquimich que las que tuvo para actuar contra Penta. La única diferencia entre ambos casos, según sugiere la evidencia, es que Soquimich estaría ligada a su propia coalición. Y más importante, los resultados de su querella podrían ser personalmente contraproducentes. Pues, como jefe de finanzas de Bachelet en 2013 sabe exactamente cómo se financió la campaña.

Para muchos, investigar a Soquimich abre una caja de pandora. Sin embargo, eso es solo cierto para los que no participaron en campañas electorales. Es ingenuo pensar que los mismos candidatos no saben el origen de su financiamiento electoral. Eso explica el silencio transversal en la clase política, con algunas excepciones, sobre el rol del SII en la investigación. Saben que si cae uno, caen todos.

Los que fueron financiados de forma irregular por Soquimich naturalmente no quieren que se investigue. Para ellos, la solución optima es un perdonazo. Y eso depende, en esencia de Jorratt y el SII. La salida para ellos esa ofrecer a los que ya han caído, principalmente los controladores de Penta y los candidatos de la UDI, como ofrenda, y esperar que las comisiones hagan su trabajo para instalar una nueva legislación. Un borrón y una cuenta nueva.

El dilema es que si la investigación se detiene con Penta, las instituciones no habrán funcionado. Si no se investiga a cabalidad el rol de Soquimich en el financiamiento irregular a los candidatos, las instituciones habrán fallado. En contraste, en una democracia en la cual las instituciones funcionan, si hay evidencia de ilícitos, sobre todo en el sector público, las partes afectadas toman parte activa en la investigación.

Bachelet debe ejercer su rol democrático y pedir que todos los ilícitos se investiguen de igual manera y con la misma fuerza. La Presidenta debe permitir que las instituciones funcionen. No puede obstaculizar una investigación por el simple hecho de que personas asociadas a su gobierno hayan actuado por fuera de la ley. Los partidos políticos se deben sumar a este esfuerzo. Quienes no son parte de la solución, son parte del problema.

 

No vale la pena

Publicado en La Tercera

Hace un año Michelle Bachelet hizo historia al ser la primera presidente en retornar a La Moneda desde la vuelta de la democracia. Comenzaba su gobierno con dos precedentes especialmente auspiciosos. Primero, regresaba con el porcentaje de votos más alto desde la vuelta a la democracia, lo que demostraba su popularidad entre la proporción de personas que regularmente participa en política. Y segundo, volvía con el contingente legislativo más poderoso desde la transición, lo que marcaba la alta probabilidad de que pudiera cumplir con su agenda legislativa.

Para los votantes de la centro-izquierda la inauguración de Bachelet marcó el comienzo de un nuevo Chile. Para ellos, la popularidad de Bachelet y la potencia de su contingente legislativo garantizaban los cambios. Por primera vez un presidente de la coalición de centro izquierda tendría el poder unilateral de ejecutar su agenda sin tener que ceder terreno a los vetos institucionales de la oposición. Simpatizantes de la centro-izquierda juraban que sería una cosa de meses para que se aprobaran la reforma tributaria, la reforma electoral, la reforma educacional y la reforma constitucional.

Aun con esa confianza, fue una sorpresa cuando las reformas efectivamente se empezaron a aprobar. En septiembre de 2014, tras cuatro meses de tramitación legislativa, se aprobó la reforma tributaria (con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal). En enero de 2015, tras siete meses de tramitación legislativa (con el objetivo para poner fin al lucro, al copago y a la selección). También en enero de 2015, pero tras ocho meses de tramitación legislativa, se aprobó la reforma electoral (con el objetivo de terminar con el infame sistema binominal).

En pocas palabras, la Presidenta y su gobierno cumplieron.

Ahora bien, a diferencia de lo que parece, la popularidad de la Presidenta y el poder de su contingente legislativo no ha sido del todo positivo. Al ser un gobierno con un alta prospectiva de éxito, Bachelet ha tenido que lidiar con la soberbia de su coalición. Al tener los votos suficientes para pasar varias de las reformas, los legisladores de gobierno erróneamente optaron por transitar por el desconocido camino unilateral antes que la conocida ruta de los acuerdos. La decisión inevitablemente creó efectos secundarios que impactaron a la gran mayoría de los chilenos.

La estrategia legislativa es evidencia de lo anterior.

La Presidenta y su gobierno legislaron con furia. Pasaron leyes a destajo. Interpretaron el apoyo en las urnas como un cheque en blanco. No se detuvieron a pensar en los efectos secundarios. Lo anterior inevitablemente les pasó la cuenta, según la economía. La agenda legislativa generó incertidumbre, y la incertidumbre provocó una caída en el crecimiento (la más baja desde 2009) y un aumento en la inflación (la más alta desde 2009). Como consecuencia adicional, según varios economistas de la plaza, se frenó la tendencia a la baja en la tasas de desocupación.

El manejo político no fue mejor. El holgado margen de poder, que habían concedido las elecciones, rápidamente se transformó en un espacio de desorden. Bachelet perdió control sobre su coalición. Los jugadores de veto, que normalmente provenían de la oposición, surgieron dentro de los partidos del oficialismo. Como tal, Bachelet se transformó en el principal blanco de críticas provenientes dentro de su propia coalición. Lo cual no sería un problema si no fuera por el hecho que las molestias se ventilaron periódicamente por la prensa.

Tampoco sería un problema si la Presidenta habría logrado controlar situaciones que sí dependían exclusivamente de ella. Pero en esto también, ha sido deficiente. Un ejemplo claro es la manera que enfrentó las complicadas situaciones que se desencadenaron tras las desubicadas palabras del embajador de Chile en Uruguay y el negocio de su nuera en el caso Caval. En ambas situaciones, la Presidenta tenía facultades exclusivas para actuar y no lo hizo. En el primer caso, decidió mantener al polémico embajador, y en el segundo actúo con torpeza y lentitud.

Nada de esto ha pasado desapercibido. Todas las encuestas muestran una caída en la popularidad de la Presidenta. Tras un año en La Moneda, la encuestadora Adimark muestra una caída en la popularidad presidencial de 15 puntos (de 54% a 39%). Similarmente, la encuestadora Plaza Pública Cadem muestra una caída en la popularidad presidencial de 18 puntos (de 52% a 34%). Ambas encuestas muestran caídas significativas en las expectativas relacionadas con el estado de la economía, el apoyo a las reformas estructurales centrales, y la capacidad de poder manejar situaciones de crisis.

Parece inevitable sacar en limpio que la visión de largo plazo del proyecto de Bachelet tiene costos a corto plazo. Aunque correlación no significa causalidad, pareciera evidente que las reformas han tenido un costo significativo sobre el manejo económico y político de la Presidenta y su gobierno. Aunque algunos cambios recientes han buscado enmendar esa ecuación, los índices de popularidad siguen a la baja. Si la pregunta es si los chilenos piensan que los beneficios a largo plazo relacionados con las reformas superan los costos a corto plazo, la respuesta pareciera ser que no. Que no vale la pena.

#Chile. Caso Penta: segunda tanda

Publicado en Tele 13

Existe un debate sobre el estado de salud del modelo económico y político de Chile. Una hipótesis es que el modelo instalado en dictadura y perfeccionado en democracia se derrumba. Esta hipótesis compite con la hipótesis nula que sugiere que el modelo goza de buena salud. Es un debate abierto, pues la plétora de opiniones no ha cedido terreno al concierto.

Pero el debate ha sido funcional más allá de su propia utilidad. Ha servido como marco teórico para clasificar y entender el efecto de fenómenos económicos y políticos desde una perspectiva menos específica y más integral. Ante la sospecha de que se derrumba el modelo, observadores han catalogados hechos como evidencia a favor o en contra de aquello.

Algunos han sugerido que el caso Penta cae de cajón en este debate. La pregunta, entonces, es si los hechos relacionados con el caso apoyan o rechazan la hipótesis del derrumbe. Por un lado, se puede argumentar que si los poderosos de siempre están usando el modelo a su favor para eludir y evadir impuestos, además de para financiar favores políticos, la hipótesis es correcta.

El problema es que por otro lado se puede argumentar con igual parsimonia que el caso Penta es evidencia irrefutable que el modelo goza de buena salud. Efectivamente, si el modelo se concibe como un conjunto de instituciones diseñadas para crear y perpetuar desigualdades, tiene más sentido rechazar la hipótesis del derrumbe que aceptarla.

Dado que aprobar o rechazar la hipótesis en este caso es un ejercicio subjetivo, es problemático utilizar el caso Penta como evidencia. Sin embargo, las bases de la teoría del derrumbe sí pueden ser utilizadas para comprender las motivaciones y actitudes de los actores relacionados a las instituciones económicas y políticas – e incluso legales – afectadas por el caso Penta.

Lo anterior parte de la base que el caso Penta – incluyendo su dimensión económica y su arista política –constituye tanto un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema económico (corrupción desde el empresariado), como un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema político (corrupción desde la clase política).

En este escenario, las duras medidas contra las personas recientemente formalizadas cobran sentido. El Ministerio Público habló fuerte y claro, y lo hizo para proteger las instituciones. Su decisión de formalizar a Lavín, Délano y los demás no fue arbitraria. Fue un mensaje a quienes han usado, y quienes pretenden usar, el sistema económico y el sistema político para su propio provecho.

Ahora bien, como todo negocio, el caso Penta consta de dos partes: la parte activa y la parte pasiva. Hasta ahora, el Ministerio Público solo ha formalizado a la parte activa – el empresariado. La lectura, entonces, es que el mensaje emitido es parcial. Para que el mensaje sirva como mecanismo disuasivo contra la corrupción (privada y pública) deberá formalizar también a la parte pasiva – la clase política.

Esto explica la tensión que emana desde los partidos. Se espera que quienes participaron pasivamente del negocio de Penta también sean formalizados. Y son varios los que están en fila, desde la Alianza a la Nueva Mayoría. El trabajo del Ministerio Público solo estará completo cuando esto suceda. Amonestar solo la parte activa no garantiza que los políticos renuncien a recibir aportes de forma irregular.

Mientras se espera la segunda tanda de formalizaciones, el poder ejecutivo debe actuar. De poco sirve convocar a un consejo asesor para determinar las medidas a tomar. Ya existen varias propuestas para prevenir que existan más casos Penta en el futuro. Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, al igual que Espacio Público, ya han avanzado en esta materia. Es menester no desperdiciar sus contribuciones.

Bachelet debe actuar con convicción y con rapidez. En medio del caso Caval, lo peor que puede hacer es dilatar lo inevitable. El bosquejo de proyecto avanzado por su gobierno perfectamente puede confluir con las propuestas mencionadas arriba. Bachelet debe enviar el proyecto cuanto antes al Congreso y exigir que desde allí se discuta con altura de miras la forma de proteger la institucionalidad.

#Chile. El empate: caso Penta y “NueraGate”

Publicado en La Tercera

El NueraGate ha sido el embate más fuerte contra el gobierno de Bachelet desde su inauguración. Su efecto político supera con creces el que provocó el caso que ligaba a la campaña de Bachelet con facturas a una persona relativamente desconocida, y el efecto que tuvo el caso que ligaba a la campaña de Bachelet con una cena de recaudación de fondos en un yate en Nueva York.

Hasta el destape del NueraGate, Bachelet parecía políticamente inmune a lo que pasaba a su alrededor. Desde su inauguración, se mantuvo consistentemente cerca de la mayoría absoluta de la aprobación — algunos meses más arriba, otros meses más abajo. En el mismo periodo, la clase política, particularmente la Alianza azotada por el caso Penta y sus distintas aristas, perdía apoyo entre la gente.

Después de tratar infructuosamente de aplicar la teoría del empate, primero con el caso de las facturas y después con el caso del yate, la Alianza finalmente dio en el blanco. Encontró el flanco más débil de la presidenta: su familia. Ni el caso de las facturas ni el caso del yate había ganado tracción, pues la ciudadanía nunca lo concibió como “igualable” con el caso Penta.

El NueraGate, en cambio, si se le comparaba. En términos de magnitud, es difícil pensar algo más escandaloso que tráfico de influencias por parte de la familia presidencial. En términos de profundidad, el monto de la operación puso en relieve la inconsistencia entre la agenda socialista de la Presidenta y el ojo empresarial de parte de su familia.

La teoría del empate nunca es bienvenida, pues implícitamente sirve para justificar actitudes que son por naturaleza condenables. Pero sí permite constatar la existencia o la ausencia de un efecto. En este caso, la teoría del empate sirve para comparar el efecto del caso Penta sobre la popularidad de la Alianza con el efecto del NueraGate sobre la popularidad de la Presidenta.

De acuerdo a la teoría, si la caída en la popularidad es equivalente, hay un empate.

Es un ejercicio complejo, pues la popularidad de una coalición no es equivalente a la popularidad de un presidente. Además, las encuestas tienden a introducir error por sí solas. Pero si se relajan estos y otros supuestos, los datos apuntan a un empate. Mientras que la encuesta Adimark muestra una baja de 9% para la Alianza en enero, la encuesta Cadem muestra una baja de 9% para la Presidenta en febrero.

Aquello sugiere que el efecto del caso Penta sobre la Alianza y el efecto del NueraGate sobre la presidenta son similares. Algunos podrán decir que ambos casos no son comparables, y que el efecto de ambos es distinto. De acuerdo, puede ser. Pero es el mejor proxy. Tiene sentido, además, dado que tanto el caso Penta como el NueraGate son los dos eventos que han causado más daño a cada parte.

Ahora bien, la pregunta más relevante no es (a) si provocaron un efecto o no, es (b) sobre la magnitud del efecto. La respuesta a la primera pregunta es evidente en las encuestas, la segunda no. Lo importante, entonces, es responder: si el daño causado por la caída en la popularidad de la Alianza es mayor o menor al daño causado por la caída en la popularidad de la Presidenta.

A todas luces, parece ser que ante igual caída en popularidad, el daño causado a la Alianza es significativamente mayor al daño causado a la Presidenta. Aunque ambas partes bajan 9% en las encuestas, la Alianza queda peor parada que la Presidenta. La baja en la popularidad de la Alianza implica más daño a largo plazo que la baja en la popularidad de la Presidenta.

Primero, porque la Presidenta permanecerá en el cargo hasta el fin de su periodo constitucional. Independiente de cuánto apoyo obtiene en las encuestas, seguirá al mando del país. En contraste, la Alianza podría perfectamente desangrar hasta morir. No sería una sorpresa que RN decida amputar a la UDI de la coalición – sobre todo considerando la nueva oferta de movimientos y partidos.

Otra razón por la cual el caso Penta daña más a la Alianza que el NueraGate daña a la Presidenta está relacionada con el estado de avance de cada parte. Bachelet ya ha pasado dos de sus tres reformas estructurales por el Congreso. En contraste, la Alianza no ha nada relevante. Si el periodo presidencial se acabara mañana, Bachelet tendría más puntos a favor que la Alianza.

Asimismo, una baja aprobación de Bachelet influye mucho menos en futuras elecciones que una baja aprobación de la Alianza. Es mucho más probable que la Nueva Mayoría gane una elección (ya sea presidencial, legislativa o municipal) pese a la aprobación de Bachelet, que la Alianza gane una elección pese a su propia aprobación.

La teoría del empate no tiene utilidad real. Aunque la Alianza y la Presidenta bajen 9%, el efecto es distinto para cada uno. Pues el guarismo no contempla las circunstancias tras la baja, y tanto la Alianza como la Presidenta obran en función a sus propias circunstancias. El caso Penta afecta mucho más a la Alianza de lo que el NueraGate afecta a la Presidenta.

#Chile. Adimark: El 11% del país

Publicado en Tele 13

El 11% del país aprueba a la Alianza, según Adimark. Es el porcentaje de aprobación más baja registrada por la encuesta desde que comenzó a medir la popularidad de coaliciones políticas en 2006. Cuatro razones explican el bajo nivel de apoyo. Primero, la mala estrategia legislativa de la Alianza. Segundo, el mal manejo del caso Penta de la UDI y RN. Tercero, el buen trabajo legislativo del gobierno. Cuarto, las oportunas medidas de mitigación de Bachelet. Si la Alianza no se hace cargo de sus problemas, la crisis en la derecha se profundizará. Tanto la UDI como RN deben asumir la responsabilidad que les corresponde en el caso Penta

En lo que va de gobierno, la Alianza no ha sido una oposición constructiva. Se ha dedicado a frenar las reformas impulsadas por el gobierno. Su agenda ha estado casi exclusivamente enfocada en mantener el status-quo. La Alianza no ha propuesto alternativas legislativamente viables a lo que propone la administración de Bachelet. En todas las tramitaciones legislativas emblemáticas se ha dedicado a dilatar el debate. Es entendible que tengan una postura opuesta a la del gobierno, pero no es razonable que se atrincheren en criticas irrelevantes. Al calificar todas las reformas de malas e innecesarias, han antagonizado a la gran mayoría de la gente — ese 63% que voto por Bachelet en segunda vuelta.

Como si fuera poco, lo han hecho en en medio del caso Penta, la peor crisis política que ha azotado a la derecha desde el retorno de la democracia. Desde un inicio la UDI ignoró todas las señales que indicaban que su coalición sería la más perjudicada. En vez de asumir la responsabilidad política y judicial que les correspondía, el partido se dedicó profesionalmente a negar todas las acusaciones. Solo después de la apertura del secreto del caso, admitieron algunos errores involuntarios. RN no lo ha hecho mejor. Al apoyar a la UDI, e ignorar su propia responsabilidad en el caso, han implícitamente avalado el oscuro mecanismo de financiamiento irregular.

Los errores-no-forzados de la Alianza, y el mal manejo del caso Penta por parte de la UDI y RN se contraponen radicalmente a lo que ha estado haciendo el gobierno. Bueno o malo, la administración de Bachelet se ha dedicado a cumplir con su programa de gobierno. De las tres grandes reformas que prometió hacer, ya ha hecho dos — la reforma tributaria y la reforma educacional. Además, llevó a cabo la reforma electoral y aprobó el Pacto de Unión Civil. En pocas palabras, ha hecho la pega. El gobierno hace lo que fue elegido para hacer. Para muchos, la Alianza solo ha estorbado. Se le ha atravesado incluso a los más derechistas. Pues, no han logrado mostrar vías alternativa a la del gobierno.

En el intenso año legislativo, de reformas estructurales, los problemas de corto plazo indudablemente se acentuaron. De hecho, por eso bajó la aprobación de Bachelet en la primera mitad del 2013. La Presidenta no logró controlar variables de corto plazo. Al estar excesivamente enfocada en legislar sobre el Chile del futuro descuidó la contingencia. Al percatarse del error, hacia fines del 2013, rápidamente lo enmendó. Con la baja en los precios de bencina, y otros productos necesarios para el día-a-día, logró dar con un balance entre lo estructural y lo coyuntural. Mientras la Presidenta presentaba resultados, la Alianza despotricaba sin fundamentos.

Hoy solo el 11% del país aprueba a la Alianza. No sorprende, pues después de criticar todo lo que la gran mayoría de los chilenos pidió en la última elección, se han cavado su propia tumba. Si bien algunos han apoyado a la oposición, ha sido prácticamente imposible estar de acuerdo con el oído sordo que le han hecho al caso Penta. Ese 11% se contrasta con el apoyo que tiene la Nueva Mayoría, que ha hecho bien su pega. Aunque algunos estén en desacuerdo con su agenda legislativa, sigue siendo un programa popular. La única forma en que la Alianza puede subir sus índices de aprobación es hacer lo que puede con lo poco que tiene. Por lo bajo, es ser una oposición constructiva, y hacerle frente, aunque duela, al caso Penta.

#Chile. Póngale nombre a la coalición

Publicado en La Tercera

La semana pasada la Alianza anunció el nacimiento de una nueva coalición, con un nuevo nombre y con nuevos miembros. La coalición, que aun no cuenta con un nombre, está compuesta por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evolución Política (Evópoli) y el Partido Regionalista Independiente (PRI). Se entiende que es una coalición de derecha, puesto que dos de los miembros (la UDI y RN) históricamente se definen como tal, el tercero (Evópoli) fue fundado por tres Ministros del gobierno de Piñera, y el cuarto (PRI) ha tendido a acoplarse a la ideología de los miembros con quienes comparte coaliciones. De cualquier modo, es una coalición que se forma con el objetivo de ganar la elección legislativa y presidencial de 2017, y compartir el gobierno que se inaugura en 2018.

Tanto el nombre de la coalición de derecha como su número de miembros ha variado a través de los años. En 1989 se llamó Democracia y Progreso, y contó con 2 miembros: la UDI y RN. En 1993 se llamó Unión por el Progreso de Chile, y contó con 5 miembros: la UDI, RN, la Unión de Centro Centro (UCC), el Partido Nacional (PN) y el Partido del Sur (PSur). En 1997 se llamó Unión por Chile, y contó con 3 miembros: la UDI, RN y el PSur. En 2001 se llamó Alianza por Chile, y contó con su formación original de 2 miembros. En 2005 se llamó Alianza, y otra vez contó con su formación original de 2 miembros. En 2009 se llamó Coalición por el Cambio, y contó con 3 miembros: la UDI, RN y Chile Primero (CH1). Finalmente, en 2013 volvió a llamarse Alianza, y otra vez contó con su formación original de 2 miembros.

Lo anterior sugiere que es normal que cambie el nombre de la coalición, y que es usual que entren y salgan partidos de ella. Pues, es razonable cambiar el nombre de la coalición como parte de una estrategia de marketing político, y así presentarse como una alternativa fresca en cada ciclo electoral. Por ejemplo, habría sido nefasto que la coalición de derecha se continuara llamando Coalición por el Cambio en la elección de 2013, considerando que ellos mismos eran los titulares. A su vez, es lógico negociar con potenciales nuevos miembros, sobre todo cuando estos últimos constituyen competencia directa (como es el caso de Evópoli), o cuando cuentan con estructuras jerárquicas preexistentes pero se encuentran a la deriva política (como es el caso del PRI).

Lo que sí llama la atención, es que la UDI y RN aun no tengan un nombre para su nueva coalición. Fue un error haber anunciado la nueva coalición sin un nombre, logo y slogan. Para muchos, la falta de profundidad simboliza el carácter estratégico del anuncio, pues perfectamente pudo haber sido un factor disuasiva para desviar la atención del caso Penta. En cualquier caso, la alternativa que se propuso para compensar por la falta fue peor. Llamaron a ponerle nombre a la nueva coalición por Twitter, usando el hashtag #NombreCoalición. Se equivocaron rotundamente. No hay dos lecturas. Ponerle nombre a la coalición es una tarea inherente de las elites, no de los cibernautas.

También llama la atención que hayan desperdiciado la oportunidad de negociar con otros potenciales nuevos miembros que también constituyen competencia directa. Es el caso de Amplitud. No se hicieron los esfuerzos suficientes para co-optar a un movimiento que apela al mismo electorado. De hecho, no hay un razonamiento claro de por qué las elites de la UDI y RN abandonaron la posibilidad de negociar con ellos, sobre todo considerando que son un referente que sin duda será un actor relevante en la próxima elección legislativa y presidencial. Aunque la agenda programática de Ernesto Silva y Cristián Monckeberg sea distinta a la de Lily Pérez, es un puente que bien vale mantener si la nueva coalición realmente quiere conformar una alternativa electoral y de gobierno viable.

La nueva coalición de derecha partió con el pie izquierdo. Si su objetivo es ganar la elección legislativa y presidencial de 2017, tendrá que buscar una forma de representar a la mayoría de la gente. El nombre es el primer paso. Deberá ser cuidadosamente escogido por las elites de la nueva coalición y tendrá que estar en directa relación con su objetivo político. Pero también tendrán que hacer mayores esfuerzos para convocar a los sectores que hasta ahora han excluido. Tendrán que dejar atrás pequeñas diferencias de programa (que en esencia son políticamente irrelevantes) por el bien de construir una alternativa más fuerte. Si no logran negociar con todas las partes interesadas, la nueva coalición de derecha solo se cavará un hoyo más profundo en su trinchera.

#Chile. El peso de la democracia

Publicado en Tele 13

El “peso de la noche” es una metáfora que Diego Portales usó para describir la plutocracia que regía en el Chile de su época. Para Portales, el “peso de la noche” representaba la manera en que la elite operaba para evitar que la gente se emancipase. Casi dos siglos después, parece haberse invertido la metáfora. Hoy, impera el peso de la democracia, donde la gente emancipada decide el futuro de la elite. En la época de Portales las elecciones eran parciales, arregladas y oscuras, lo que facilitaba el control de la elite sobre la gente. Hoy las elecciones son periódicas, libres y transparentes, lo que garantiza el control de la gente sobre la elite.

En democracia la gente elige a la elite para representarlas en el gobierno. Para elegir, la gente suele mirar la ideología y las propuestas de los candidatos. Una persona elige a un candidato porque se asimila más a su ideología, o porque ofrece una propuesta más atractiva. A su vez, los candidatos tienen la responsabilidad moral de ser consistentes con su ideología y llevar a cabo sus propuestas si son elegidos. Aunque en algunas ocaciones los candidatos se puedan desmarcar de su ideología y sus propuestas, lo normal es que tanto presidentes como legisladores sean consecuentes después de ser elegidos.

Por eso llama la atención que Bachelet y la Nueva Mayoría sean duramente criticados por ser consistentes con sus ideas y sus propuestas. Llama la atención que sean acusados de ser imprudentes al hacer lo que cualquier gobierno es elegido para hacer, y que sean denunciados por ser irresponsables al hacer lo que todos los gobiernos anteriores hicieron. Es lamentable ver a la oposición criticar a Bachelet y la Nueva Mayoría cuando hacen lo que ellos mismos hubieran hecho si estuvieran en el poder hoy día, pero por sobre todo por hacer lo que ellos mismos trataron de hacer en el gobierno anterior.

Toda coalición apunta a ganar elecciones con la mayor proporción de votos posible. Es lo que ha hecho tanto la Nueva Mayoría como la Alianza desde el retorno de la democracia. Ambas coaliciones saben que mientras más alta es su votación, mayor es la probabilidad que puedan implementar su programa. En la elección de 2009, la Alianza trató de maximizar su votación para pasar su programa en 2010-2014. En la elección de 2013, la Nueva Mayoría hizo lo mismo. Solo la última alcanzó quorums significativos para hacerlo.

Sobra decir que si la Alianza habría alcanzado algún quórum significativo en 2009 habría hecho lo mismo que hoy hace la Nueva Mayoría. Pero como no tuvo la posibilidad, se tuvo que resignar a legislar en la medida de lo posible. Hoy, desde su posición minoritaria, espera que la Nueva Mayoría haga lo mismo. Le pide que gobierne como si fuera minoría, como si no tuviera el quórum para llevar a cabo su programa. Frente a la negativa de la Nueva Mayoría, la Alianza ha recurrido a una estrategia desesperada, llena de criticas subjetivas y resquicios legales.

Un ejemplo. La Nueva Mayoría sostuvo fehacientemente durante toda la campaña electoral de 2013 que si obtenía los votos necesarios llevaría a cabo una reforma educacional y una reforma electoral. Cuando obtuvo los votos, fue consecuente con su ideología y su propuesta, y lo hizo. La reacción de la oposición fue lamentable. En vez de haber participado en el debate y haber aceptado la derrota, criticó las reformas durante todas las etapas de su tramitación, dilató el debate legislativo lo que más pudo, y acudió al Tribunal Constitucional cuando perdió.

No es un problema que la Alianza se oponga a las reformas, pues por eso son oposición, y más que mal, representan alrededor de 40% de los chilenos. Tampoco es un problema que proponga alternativas, pues pueden tener buenas soluciones, y por ende, pueden contribuir a construir mejores políticas públicas. El problema es que la Alianza renunció a su estado de relevancia cuando perdió la elección presidencial y el control del congreso. El problema es que tratan de obstruir el correcto funcionamiento de la democracia, donde la mayoría gobierna.

En democracia, el ganador está moralmente obligado a cumplir con su programa. Es lo que ha hecho el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría. Tal vez no han propuesto las mejores políticas públicas, ni las han llevado a cabo de la mejor manera. Pero son las políticas públicas que les encomendaron los chilenos. A su vez, en democracia el perdedor está moralmente obligado a formar una oposición constructiva. La Alianza no lo ha sido. Ha obstruido el debate legislativo, por medio de criticas subjetivas y resquicios legales. Ha insistido en imponer la voluntad de la minoría.

#Chile. Caso Penta: una nueva era

Publicado en Tele 13

El caso Penta es el escándalo político más notorio desde el retorno de la democracia. Si bien en el papel es solo un caso de financiamiento político irregular entre empresarios y políticos, sus implicancias son más extensas. El caso Penta es un ejemplo de cómo operan los intereses privados en el ámbito público. Es una muestra de cómo los empresarios influyen en los políticos, y estos a su vez influyen en la vida cotidiana de las personas. Desnuda cómo los políticos muchas veces consideran que los intereses de los empresarios son más importantes que los intereses de la gente.

Casi todo lo que tiene que ver con el caso Penta es condenable. Desde la manera en que se utilizaron boletas falsas para pagarle a familiares (y así disminuir sus obligaciones en el proceso impositivo) hasta la manera en que donaron dineros a candidatos políticos (y así aumentar su influencia en el proceso legislativo). El caso Penta afecta a más personas de los que están directamente involucrados. Cuando surgen dudas sobre la rectitud de la clase empresarial, cae la confianza de los inversionistas en el país. Y cuando surgen sospechas de corrupción en la clase política, cae la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Aunque el proceso judicial recién comienza, toda la evidencia apunta a que se movieron recursos de forma ilegal desde Penta a la clase política. Esto es un problema por varias razones. No solo genera una asimetría electoral, donde los candidatos que obtienen más recursos aumentan de forma exponencial su probabilidad de ser elegidos, sino que además instala un sistema donde los pocos (los más poderosos) tienen mayor influencia sobre el diseño e implementación de políticas públicas que los muchos (los más desvalidos). En esencia, la transferencia ilegal de dinero desde empresarios a políticos es un problema democrático.

No es una práctica nueva. Empresarios financiaron campañas de forma abierta entre 1989 y 2003 — cuando no estaba vigente la Ley de Financiamiento Electoral. No habían regulaciones, imperaba la ley de la selva. En efecto, los que se conseguían más dinero, se aseguraban un cupo. Lo imprevisto, sin embargo, fue que la práctica continuara aun después de la entrada en vigencia de la Ley (para la elección municipal de 2004). La única diferencia es que se ha tenido que proceder con mayor cautela. Qué duda cabe, la influencia de los empresarios sobre los políticos ha sido una constante durante el último cuarto de siglo.

Si un empresario financia una campaña electoral — ya sea de manera legal o ilegal — es por que observa que puede obtener beneficios de aquello, pues los empresarios exitosos son aquellos que generan más utilidades, y evidentemente la política es dónde está la mejor oportunidad para hacerlo. Un empresario vinculado a la salud, por ejemplo, vela por sus intereses cuando trata de influir en una política pública que lo afecta. Si ve que puede generar mayores utilidades si el proyecto no se despacha, va buscar influir en la cantidad minima de legisladores que le puedan asegurar ese resultado.

No es sorpresa, entonces, que los empresarios hayan buscado defender sus intereses por medio de las donaciones. Aunque hoy solo se culpa a Penta, es probable que muchas más empresas hayan estado involucradas en el mismo tipo de transferencia de dinero, pues todas las empresas relevantes se han visto amenazadas en algún momento por un proyecto de ley. El puente entre empresarios y políticos muestra que en la actual democracia algunos intereses son más importantes que otros. Hoy, el vínculo entre el empresario y el legislador es más fuerte que el vínculo entre el votante y el legislador.

Pero hay una luz al final del túnel. La reforma al sistema electoral permitirá regular de mejor manera la forma en que el sector privado influye en el ámbito público. La nueva propuesta de financiamiento electoral — donde entre otras cosas se permite terminar con las donaciones anónimas y de empresas — dota de transparencia un proceso esencialmente oscuro. Aunque está lejos de terminar con el traspaso de dinero por debajo de la mesa, es un paso importante. Si a su vez se fortalece el rol del Servicio Electoral para fiscalizar los ingresos y gastos electorales, será el comienzo de una nueva era.

#Chile. Golpe de timón

Publicado en La Tercera

La coalición de gobierno ha tenido grandes problemas para cumplir su programa de gobierno. A pesar de tener un quórum legislativo que le permite legislar sin depender de la oposición, no ha logrado imponer su voluntad y legislar con tranquilidad. Lo que inicialmente se veía como un serie de trámites legislativos relativamente sencillos, se ha tornado un desafío político de proporciones. Parte del problema ha sido la falta de liderazgo de la Presidenta para imponer disciplina entre los partidos que supuestamente la apoyan en el poder legislativo. Bachelet no ha logrado establecer una agenda legislativa de consenso — basta observar la diferencia programática entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.

El ánimo en la coalición de gobierno tras ganar la elección legislativa de 2013 se contrapone radicalmente con el clima de tensión que hoy atraviesa. Los 21 senadores y 67 diputados elegidos para pasar el program de gobierno no han sido capaces de tramitar proyectos sin antes pasar por un duro intercambio de ideas. El contingente legislativo que inicialmente parecía ser una mayoría aplastante, se ha comportado de forma errática y desorganizada. El fervor con que los candidatos legislativos apoyaron el programa de gobierno durante los meses de campaña no se condice con su débil apoyo a los mensajes que ha enviado la Presidenta durante sus meses en el poder.

El primer quiebre en la coalición de gobierno ocurrió durante la tramitación de la reforma tributaria. La resistencia de varios partidos oficialistas a la hora de aprobar el proyecto en el Congreso fue la primera muestra de la fragmentación oficialista. A diferencia del deseo de Bachelet — de pasar la reforma con sus propios votos, el gobierno tuvo que acudir a los partidos de la oposición para cumplir con el objetivo. La resistencia de la DC y del PC en varios de los puntos emblemáticos del proyecto obligaron al gobierno a transformar su proyecto estrella en el producto de una negociación colectiva con Renovación Nacional. El vaticinio del Senador Quintana — de pasar la retroexcavadora — obviamente no se cumplió.

Algo similar ocurrió con la reforma educacional. Lo que inicialmente se proyectaba como un proyecto de consenso mayoritario, demostró ser todo lo contrario. La reforma tiene tantos partidarios como opositores. Desde su entrada al hemiciclo, el proyecto ha sido re-escrito innumerables veces. Una serie de indicaciones, provenientes de todos los sectores de la coalición oficialista, ha transformado significativamente el proyecto. Aunque algunos podrán sostener que el proceso legislativo ha mejorado el fondo del proyecto, lo cierto es que también ha desnudado la división que existe dentro de la coalición. Si el gobierno estuviera unido, la reforma no estaría estancada en el Senado.

Si la Presidenta no impone disciplina entre los partidos que la apoyan, los problemas seguirán y sumarán. Si no impone disciplina, no podrá pasar las reformas que prometió pasar en su programa de gobierno. Si no lo ejerce su rol de líder de la coalición, los partidos seguirán ejerciendo presión para imponer su propia agenda, y el gobierno se verá impedido de hacer las transformaciones que originalmente propuso. Imponer disciplina también es crucial para asegurar la continuidad en el poder. Este año se comenzará a diseñar la estrategia para las elecciones de 2016 y 2017. Si no ocurre un alineamiento, la coalición se podría fragmentar aun más, potenciando las prospectiva electorales de la oposición.

La Presidenta se debe hacer cargo de las diferencias en su coalición. Si bien es natural que los partidos de una misma alianza tengan visiones distintas, si no pueden convenir en una agenda común, el daño puede ser peor. Hasta el momento, la dificultad para pasar las reformas ha significado una alza notoria en la incertidumbre, y como consecuencia, una caída en la confianza de la gente y los grandes grupos económicos. La Presidenta debe dar un golpe de timón a su propio gobierno, para darle más poder a los partidos. Sin un cambio de gabinete, no habrá un cambio de rumbo. A esta altura, la Presidenta debe mandar una señal a los partidos, para conseguir la unidad que tanto necesita.