#Chile. Caso Penta: borrón y cuenta nueva

Publicado en Tele 13

Van diez meses de investigaciones a Penta. La acción judicial que originalmente empezó como una investigación al fraude al FUT inesperadamente terminó como una pesquisa política. Una serie de hechos fortuitos develó que Penta canalizó dinero de forma irregular a una serie de candidatos en la elección de 2013. Hasta ahora, la evidencia sugiere que los principales beneficiados fueron candidatos de la Alianza. Sin embargo, también existe evidencia que apunta a que hubo transferencias a candidatos de la Nueva Mayoría. Considerando la transversalidad de los involucrados, lo más probable es que ninguno será sancionado. Entre otras cosas, la nueva ley de financiamiento electoral les garantizará un borrón y cuenta nueva.

Para entender por qué no habrán sanciones es imperativo entender la profundidad de la arista política. Las denuncias hechas por Hugo Bravo, ex Director de Penta, sugieren que la gran mayoría de los pagos se habrían hecho a candidatos de la UDI. La notoria grabación de Bravo registra los traspasos irregulares de dinero al entonces Senador Jovino Novoa, y a los ex candidatos a senador Laurence Golborne, Iván Moreira, Jacqueline van Rysselberghe, Ena von Baer y Pablo Zalaquett. Pero también hay evidencia que apunta a una relación entre Penta y candidatos de la Nueva Mayoría. Existen boletas que involucran a la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet y al ex candidato a senador Alberto Undurraga (DC).

Una de las razones de por qué no habrán sanciones es porque la investigación del SII está enfocada a investigar a Penta, y no a los políticos. La arista política solo constituye daño colateral. Dado que el SII está detrás de las boletas falsas, y no de los políticos, cualquier acción judicial apuntará a responsabilizar a quienes recibieron las boletas y no a quienes las emitieron. Incluso si se busca perseguir a los emisores, desde una perspectiva legal, sería extremadamente difícil seguir el rastro del dinero, dado que las transferencias se hicieron con extrema cautela. El fiscal regional oriente, Alberto Ayala, ya dio luces de aquello, al sostener que “el otorgar dinero a una persona no necesariamente es constitutivo de delito”.

Otra razón de por qué no habrán sanciones es que la investigación de la Cámara de Diputados no tiene facultades suficientes. La comisión investigadora del caso Penta y del financiamiento de las campañas electorales no tiene atribuciones para fiscalizar a privados — es decir, personas naturales y personas jurídicas. La Constitución expresamente circunscribe las comisiones a investigar actos de gobierno. Técnicamente la Comisión no puede investigar a Penta. Incluso si lo hiciera (como se hizo en el caso de Colonia Dignidad y en el caso de los Pinocheques) no existe un estatuto de sanciones. Al final del día, el trabajo de la Comisión se verá reducido a un extenso informe sin utilidad práctica.

Una tercera razón de por qué no habrán sanciones es por que no hay voluntad política. Todo político tiene un instinto de supervivencia, y en este caso, prevalecerá. Pocos se querrán involucrar activamente en el caso, porque muchos tienen tejado de vidrio. Nadie querrá arriesgar su reputación en un caso de alcance nacional. Pues, si cae uno, caen todos. Basta ver la manera en que ha progresado el caso para entenderlo. Días después de que los candidatos de la UDI fueran implicados, surgió evidencia de que Undurraga recibió dinero de Penta. Asimismo, días después de que surgiera la grabación de Bravo, surgió evidencia de que Bachelet emitió boletas que potencialmente podrían ser consideradas ideológicamente falsas.

Todo apunta a que la arista política del caso Penta es un juego suma cero. Dado que ambos sectores están involucrados, a ambos les conviene lo mismo: que ninguno gane, que ninguno pierda. Al menos que uno de los dos sectores sea inocente de todo lo que se le imputa (que parece no ser el caso), lo más lógico es que todo termine en una triste anécdota. A lo más, en un par de multas. Incluso si hubiera un díscolo a favor de perseguir a los responsables hasta las últimas consecuencias, no hay sustento jurídico para procesarlos, no hay facultades legislativas para sancionarlos, y no hay voluntad política para condenarlos.

Lo anterior toma fuerza si se considera que hay un nuevo proyecto de ley de financiamiento electoral en trámite. La iniciativa, originalmente impulsada por los diputados Jackson y Mirosevic, ahora cuenta con el respaldo del gobierno. El mensaje enviado por el ejecutivo — que entre otras cosas pone fin a los aportes de las empresas y pena con multas o presidio las donaciones ilegales — arriba para regular la relación entre dinero y política en el futuro. Pero también llega para tapar todas las irregularidades que ocurrieron en el pasado. Con el nuevo proyecto, el debate en la clase política lentamente se trasladará al sistema de financiamiento que se anhela, dejando atrás los problemas del ayer.

#Chile. Las palabras de Bachelet

Publicado en La Tercera

Bachelet manifestó públicamente que su primer sentido fue iniciar la reforma educacional legislando sobre la educación pública y no sobre la educación particular pagada. Sus palabras no fueron bienvenidas en su coalición, pues pusieron en duda la forma y el fondo del proyecto más emblemático de su gobierno. La molestia es comprensible, ya que sus palabras agregan incertidumbre al proceso de tramitación que está en curso y abren un flanco vulnerable para el futuro de su coalición. Las palabras de Bachelet le dan peso a las criticas de quienes hoy se oponen al proyecto, y le dan fundamentos a las criticas de quienes en el futuro se opondrán a la ley — si finalmente se aprueba.

Las palabras de Bachelet son un eco del pasado. En su primero gobierno, manifestó públicamente que su intuición fue no implementar el Transantiago. Sus palabras le dieron pie a la oposición para puntualizar las criticas en su liderazgo y gestión. La gente recibió el mensaje. Las críticas de la oposición aportaron a la caída de la aprobación presidencial, y jugaron un rol en la derrota electoral de 2009. Si bien ambos hechos también fueron producto de varios otros factores (movilizaciones estudiantiles y mal candidato presidencial, entre otros), es evidente que las críticas de la oposición lograron desestabilizar al gobierno en su momento y aportaron a construir una mala imagen de la gestión de la Concertación.

Si mañana es como ayer, la oposición no perderá la oportunidad de criticar a Bachelet por su liderazgo y gestión. Mientras dure la tramitación del proyecto, será más fácil argumentar que se debió haber comenzando por la educación pública. Esto pondrá en duda el liderazgo de la Presidenta ante la opinión pública, y como consecuencia la debilitará para poner en marcha otros proyectos. Sin embargo, lo más duro vendrá después de la aprobación de la reforma, cualquiera sea el producto final. Hecha la ley, hecha la trampa. La oposición tendrá credenciales para criticar cualquier falla, por pequeña que sea. Por lo bajo, les servirá como insumo para poner en duda la gestión del gobierno de cara a la elección de 2017.

Con este sombrío pronóstico, es crucial enfocarse en las causas de por qué Bachelet enfrenta esta situación.

En parte, es producto de la tensión que existe en cualquier sistema presidencial en el cual el presidente debe simultáneamente ocupar el cargo de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Los presidentes exitosos logran balancearse entre ambos cargos, según ameritan las circunstancias coyunturales. En el caso de Bachelet, ese balance no existe. La Presidenta constantemente privilegia el rol de Jefe de Estado por sobre el rol de Jefe de Gobierno. Lo hizo en su primer gobierno, y lo está haciendo en este gobierno. Le cedió el control político a los presidentes de los partidos cuando aceptó su nominación. Esto explica por qué Bachelet no pudo imponer su primer sentido desde un inicio.

Por otra parte, es consecuencia de la particular forma en que llegó a la presidencia. Pues, llegó a representar a una coalición excesivamente enfocada en ganar elecciones. La Nueva Mayoría se asimila más a una coalición electoral que a una coalición de gobierno. Mientras que la incorporación del PC en la coalición ayudó a ganar la elección, no ha aportado a gobernar. Parte del problema es la misma Presidenta, quien ha huido ante cualquier conflicto político. Desde que tomó la decisión de alejarse de la política partidaria, cedió la facultad de imponer disciplina entre los partidos que la apoyan. Esto explica por qué Bachelet tampoco podrá imponer su primer sentido en el futuro.

A esta altura queda poco que hacer. Bachelet ya manifestó que no está convencida con la reforma educacional, y no se le va olvidar a nadie — menos a la oposición. Como consecuencia, la Presidenta arriesga caer aun más en su aprobación presidencial y poner en riesgo futuras elecciones. Para no profundizar el problema en lo que queda de gobierno, Bachelet deberá balancear de mejor manera su doble rol como Presidenta y comenzar a imponer disciplina dentro de su coalición. Si se abstrae demasiado de la coyuntura y permite que los partidos tomen las decisiones por ella, no cabe duda que el gobierno y su coalición tomarán un rumbo hacia lo peor.

#Chile. Cambio de gabinete

Publicado en Tele 13

Los rumores de cambio de gabinete no son nuevos. Ya van varios meses de presiones desde la oposición y de especulaciones por parte de la prensa. Algunos dirán que es una operación contra el gobierno, y otros dirán que es simplemente parte del juego. Yo digo que si el río suena, es porque piedras trae. Es verdad que la oposición siempre busca cobrar dividendos políticos cuando al gobierno le va mal y que la prensa siempre tira el tejo pasado por sí da con la primicia. Pero esta vez parece haber varias razones para pensar que los planes para un cambio de gabinete están en curso.

Primero, porque históricamente el primer cambio de gabinete ocurre antes de cumplir un año en La Moneda. Hoy día, el gobierno de Bachelet lleva 267 días en el poder. En la administración de Frei el primer cambio de gabinete fue a los 193 días de gobierno — Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Seggob. En la administración de Lagos fue a los 293 días — Bienes Nacionales y Vivienda. En la primera administración de Bachelet fue a los 125 días de gobierno — Interior, Economía y Educación. Y en la administración de Piñera fue a los 311 días — Energía, Defensa, Trabajo y Transporte.

Una segunda razón se desprende de los recientes dichos de la Presidenta, cuando señaló en una entrevista que “si alguien quiere que haya cambio de ministro, lo que le aconsejaría es que no me mande recados, porque uno tiene que hacer su propia evaluación”. De esto se deducen al menos dos cosas. Primero, que la mandataria no es ajena a las presiones ni a los rumores de un cambio de gabinete. Y segundo, que dado que no le gusta ser pauteada, es probable que si alguna vez efectivamente haya planificado un cambio, también lo haya suspendido a raíz de las mismas presiones o rumores.

Una tercera razón se desprende del reciente cónclave — entre el comité político del gobierno y los presidentes de los partidos de la coalición oficialista — para hacer un balance de los primeros meses de gobierno y, en particular, del gabinete. Ante esto, es inevitable imaginar que la planilla mayor no este al tanto de la caída en la popularidad y las potenciales deficiencias de algunos ministros. En este escenario, y provisto que también se abordó la hoja de ruta de 2015, es difícil pensar que el cónclave no haya sido derechamente una señal a los partidos para que preparen sus ternas.

Si el cambio de gabinete finalmente ocurre, como se aquí se anticipa, la Presidenta tendrá que actuar en al menos cuatro dimensiones.

Primero, deberá fortalecer las carteras más vulnerables. En su primer gabinete, nominó a personas que teóricamente harían bien la pega. Esta vez tendrá que pensar en personas idóneas para ejecutar tareas específicas. Tendrá que considerar fortalecer las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, para promulgar la reforma educacional y promover la reforma constitucional (Segpres). Además, tendrá que considerar nombres más fuertes para llevar a cabo algunos de sus próximos proyectos emblemáticos (Obras Públicas, Salud).

Segundo, deberá incorporar mayor peso político a su gabinete. En su primer gabinete, nominó a gente de confianza. Esta vez tendrá que pensar en personas con mayor experiencia política. Tendrá que considerar fortalecer la forma en que se comunican sus proyectos, para lograr mayor apoyo desde la ciudadanía (Seggob). Asimismo, tendrá que considerar nombres más conocidos para las carteras que han sufrido mayor desgaste (Economía, Transporte), y las para las carteras que han logrado menos avances (Cultura, Desarrollo Social).

Tercero, deberá delegar más poder a sus ministros. En su primer gabinete nominó a un número significativo de personas novatas. Esta vez tendrá que pensar en delegar la responsabilidad a personas capaces de dialogar con sus contrapartes. Tendrá que considerar fortalecer carteras que son sumamente importantes y que necesitan a personas con una larga data de experiencia en sus respectivos rubros (Minería, Trabajo). A su vez, tendrá que considerar remover a las personas que tienen bajos índices de conocimiento (Agricultura, Bienes Nacionales).

Cuarto, tendrá que co-optar a los disidentes. En su primer gabinete nominó a personas alineadas con su programa de gobierno. Esta vez tendrá que pensar en reducir la cantidad de criticas a su gestión por parte de personas de su misma coalición. Tendrá que considerar incluir a personas como Camilo Escalona o Gutenberg Martínez en su gobierno. Aunque es una tarea difícil — pues los disidentes ejercen más poder y libertad desde afuera —, el objetivo ulterior de la Presidenta debe ser alinear a su sector.

El cambio de gabinete debe ser ahora. Ya se ha postergado mucho. Con los datos de la encuesta CEP, todo se agudizará. La presión de la oposición y las especulaciones por parte de la prensa aumentarán exponencialmente. Los resultados de la encuesta se usarán para pedir la cabeza de los ministros más vulnerables, con mayor fervor. La Presidenta debe actuar pro-activamente y cambiar a quienes no han hecho bien su pega. Si decide ignorar la presión y las especulaciones, solo para mostrar que no sigue pautas, solo será una señal más que el gobierno marcha lento y a destiempo.

#Chile. La batalla por el centro

Publicado en La Tercera

Veinticinco años después de la transición a la democracia surge evidencia que sugiere que viene un cambio dramático en el sistema de partidos. El actual sistema dominado por dos coaliciones polarizadas se ve amenazada por un potencial sistema articulado por varios partidos de centro. Razones sociológicas e institucionales explican el potencial reemplazo. El declive en la importancia del clivaje dictadura/democracia y la inminente reforma al sistema electoral inevitablemente generarán nuevos incentivos para competir en elecciones y formar alianzas de gobierno.

Este argumento se sustenta en la literatura. Una teoría es que son las grandes transformaciones en la sociedad las que determinan el sistema de partidos. Cuando hay grandes cambios a nivel sociológico, partidos nacen, partidos se transforman o partidos mueren. En Chile, existe evidencia de al menos cuatro grandes sismos sociales que dan produjeron un reordenamiento en el sistema de partidos. A grandes rasgos, estos son la fisura clerical/anticlerical de 1850, el conflicto social en centros urbanos e industriales de 1915, el conflicto social del campesinado de 1950, y el clivaje dictadura/democracia de 1990.

Una segunda teoría es que son los cambios institucionales los que determinan los re-alineamientos. En Chile, la evidencia sugiere que el diseño de las reglas electorales por parte del gobierno militar (hacia un sistema de partidos restrictivo) es lo que explica el actual sistema de partidos (la agrupación de partidos en coaliciones). Mientras que el sistema electoral presidencial (de dos vueltas) fue diseñado para generar incentivos para que los partidos se agrupará en bloques, el sistema electoral legislativo (binominal) fue diseñado para que hubiesen solo dos bloques relevantes.

Una tercera teoría, más aceptada en la literatura reciente, es que tanto las transformaciones sociales como los cambios institucionales explican el sistema de partidos. Es decir, ambas teorías son complementarias — sin tomar en cuenta cambios en la realidad social y las reglas del juego de forma conjunta, no se puede explicar de forma íntegra el origen del sistema de partidos. En el caso chileno, está teoría es la dominante. Tanto la presencia del clivaje dictadura/democracia como la reforma electoral del gobierno militar explican la agrupación de los partidos en coaliciones y el dominio de la Alianza y la Nueva Mayoría.

Tras seis elecciones presidenciales, hay razones para creer que viene un cambio en el sistema de partidos. Cada vez parece ser menos relevante para los votantes la posición de los candidatos frente a la dictadura. El padrón electoral incluye una proporción creciente de votantes nacidos después de la transición, que simplemente no les interesa lo que pasó hace 40 años. Si a esto se le suma el inminente cambio al sistema electoral, el cambio cobra sentido. Con las nuevas reglas del juego, ya no habrán incentivos para caer en la lógica centrifuga de izquierda versus derecha, y viceversa.

Tanto partidos tradicionales como movimientos nuevos están anticipado el efecto que tendrá el declive del clivaje dictadura/democracia y el nuevo sistema electoral sobre las estrategias partidarias. Y todo parece indicar que los cambios reforzarán la importancia del centro. De lo contrario, cómo se explica la eliminación al párrafo que alude al golpe de estado de la declaración de principios de RN, o los recientes acercamientos entre la DC y el PRSD para revitalizar la importancia del centro ideológico. Más allá, cómo se explica el nacimiento (o consolidación) de movimientos como Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal.

La estrategia de estos partidos y movimientos no es aleatoria. Su apuesta es que con el declive del clivaje dictadura/democracia, aumentará la utilidad de estar en el centro. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los chilenos privilegia una posición moderada ante una posición extrema. También apuestan a que el nuevo sistema electoral les permitirá mantener sus escaños (en el caso de los partidos) o entrar al sistema (en el caso de los movimientos). En algunas unidades electorales se podrán asegurar un escaño con tan solo 11,1% de los votos. Apuestan a un nicho electoral que hoy no existe.

Todo esto sugiere que el centro recobrará su importancia histórica. En el actual sistema, los partidos solo convergen en el centro para la segunda vuelta presidencial. Bajo el nuevo sistema, los partidos utilizarán el centro como bisagra. Con los actuales quórum constitucionales, cualquier proyecto de ley importante inevitablemente requerirá del apoyo de ese nicho. Por lo pronto, hay solo pistas de que el centro se populariza. Pero a medida que se instale la idea del declive del clivaje dictadura/democracia y se consoliden las nuevas estrategias electorales, se intensificará la batalla.

#Chile. Propuestas de financiamiento a la política

Publicado en La Tercera

Entre 1990 y 2003 las leyes que regulaban el financiamiento electoral brillaban por su ausencia. No había registros de ingresos ni controles de gastos. Si una persona quería donar dinero a una campaña debía pedir permiso a un Juez, quien a su vez debía consultar con el Servicio de Impuestos Internos, solo para que el mismo Juez tomará la determinación final. Esto forzaba que la mayor parte de las donaciones se hicieran de forma anónima e ilegal. Cuando los candidatos reunían sus ingresos, solo tenían limites parciales a sus gastos, en su mayoría indirectos, como la prohibición de pagar por publicidad en la televisión durante toda la campaña, y por pagar por publicidad en radios y prensa escrita fuera del ciclo electoral.

En 2003, una nueva ley llegó a regular ingresos y gastos electorales. A consecuencia de un pacto entre el Presidente Ricardo Lagos y el Diputado Pablo Longueira, se decidió regular toda actividad que ligaba dinero con elecciones. La nueva Ley incorporó transparencia a un proceso que era por naturaleza oscuro. Si bien la legislación llegó relativamente tarde (Chile fue el penúltimo país en legislar sobre financiamiento electoral en Latino América), fue un avance significativo a nivel local. Entre otras cosas, la nueva Ley facilitó la forma en que las personas podían donar a campañas, y creó un mecanismo para financiar a candidatos permanentemente durante el ciclo electoral.

A diez años de la entrada en vigencia de la norma, soplan vientos de cambio. Los críticos de la Ley superan con creces a los defensores. Si bien sus críticas no son nuevas, son cada vez más frecuentes. Aumenta paulatinamente la cantidad de gente que piensan que la Ley no está dando el ancho. Si bien la legislación efectivamente regula ingresos y gastos, tiene varios problemas dignos de destacar. Entre ellos, la ausencia del anonimato obligatorio. Tanto los donantes como los candidatos pueden corroborar la emisión y la recepción de dinero. Otro problema es el gasto excesivo e ilegal de los candidatos, dado que el Servicio Electoral no tiene facultades para fiscalizar movimientos irregulares.

Suma y sigue. Por ejemplo, si bien la Ley permite que las donaciones sean efectuadas tanto por personas naturales como por personas jurídicas, solo las segundas pueden optar a beneficios tributarios. Si ya es un tema que las empresas puedan invertir en política, provoca aun más ruido que puedan obtener devoluciones. Otro problema que genera la legislación actual está en el alcance de la Ley, pues aunque existan limites y gastos durante las campañas, no hay certeza sobre lo que pasa fuera de los ciclos regulados. Pues, está comprobado que los candidatos con mayores recursos reciben y gastan dinero varios meses antes del ciclo electoral.

Si bien han habido varios debates públicos — y como consecuencia propuestas de reemplazo — a causa de estos problemas, no fue hasta julio de este año que se tomó real conciencia sobre la necesidad de un cambio. La propuesta, que vino de un lugar inesperado mientras se legislaba sobre la reforma al sistema electoral, vino a marcar el inicio de la crisis del actual sistema de financiamiento electoral. Casi como un presagio sobre lo que ocurriría solo semanas después, los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic sugirieron prohibir tanto los aportes reservados como las donaciones de empresas a las campañas electorales.

La propuesta de Jackson y Mirosevic solo tomó fuerza tras la explosión del caso Penta. En un inicio, tanto legisladores de la Alianza como de la Nueva Mayoría se resistieron a apoyar las indicaciones de los diputados. Se sumaron a la causa solo tras observar el impacto que generó el caso Penta. Es difícil imaginar que las dos indicaciones de los diputados tendrían la tracción que han logrado si no prominentes personajes de las coaliciones más grandes del país no estuvieran involucradas en el escándalo. Algunos podrán especular que el cambio de opinión está en función a la denuncia de irregularidades que actualmente investiga la Fiscalía — la llamada arista política.

En los últimos 2 meses han aparecido al menos 3 propuestas adicionales para regular el rol del dinero en la política. La primera propuesta fue de Isabel Aninat y Ricardo González del Centro de Estudio Públicos, quienes presentaron su propuesta de “Financiamiento permanente no electoral de los partidos políticos”. Los siguieron Lily Pérez, Andrés Velasco y Sacha Razmilic de Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, quienes dieron a conocer su propuesta de “Partidos fuertes y campañas transparentes para una mejor democracia”, y Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro y Emilia Ríos de Espacio Público, con sus “Propuestas para avanzar hacia una saludable relación entre dinero y política”.

Es solo tras está sucesión de eventos que el gobierno presentó su propia propuesta. Si bien los lineamientos del proyecto se vienen trazando hace algunos meses, llama la atención su lugar en comparación con el resto. También llama la atención que gran parte de las propuestas del gobierno concuerdan con las propuestas del Centro de Estudios Públicos, Amplitud, Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público. Si bien la entrada del gobierno en el debate es tardía, es bienvenida. En el actual sistema, los proyectos de ley aumentan su factibilidad de promulgación cuando son enviados por el ejecutivo. Y considerando el alineamiento de los distintos sectores politicos, el proyecto promete ser una política publica óptima.

En los próximo días ingresará el proyecto del gobierno al Congreso. Será tarea de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, dialogar con los diputados que catalizaron el debate, y con quienes han presentado sus propias propuestas (incluyendo la de Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público que ya ingresaron el suyo como proyecto de Ley), para generar un consenso. Si un nuevo régimen de regulación entre dinero y política se aprueba, el triunfo será de Jackson y Mirosevic, por poner el tema en el tapete. Pero también podrán compartir los méritos todos aquellos que han aportado a generar las condiciones para derrocar la actual legislación, que, sobra recalcar, está obsoleta.

#Chile. Interpelaciones y presión política

Publicado en Tele 13

Los últimos meses han estado marcados por la tensa relación entre la oposición y el gobierno. La Alianza ha criticado la inestabilidad económica que han generado las reformas estructurales (como la reforma tributaria) y la crispación social que han generado las malas políticas públicas (como la prevención de la delincuencia). A su vez, la Presidenta ha naturalmente defendido su agenda legislativa y la gestión política de su gobierno. La disputa entre la oposición y el gobierno, que hasta ahora se ha dado en el Congreso (en un marco de debate legislativo), parece estar trasladándose a la opinión pública (a la evaluación ciudadana).

En democracia, la forma normal de resolver disputas entre el gobierno y la oposición es en el congreso. Proyectos de ley ingresan como mensajes (desde el ejecutivo) o mociones (desde el legislativo) y los senadores y diputados resuelven a favor o en contra. Pero en sistemas presidenciales, el ejecutivo suele tener una cuota de poder significativamente superior. En efecto, el congreso suele ser concebido como un poder reactivo. Ante esta situación, constituciones políticas proveen al congreso con herramientas de contrapeso. En el caso chileno son la acusación constitucional, la interpelación y la comisión investigadora.

La acusación constitucional y la interpelación son las más utilizadas. La primera está vigente desde la transición a la democracia en 1990 y la segunda existe desde las reformas constitucionales de 2005. Ambas buscan establecer la responsabilidad política de altos funcionarios públicos (usualmente Ministros de Estado). Ahora bien, mientras que el fin de la acusación constitucional es la destitución del funcionario, el fin de la interpelación es simplemente requerir antecedentes sobre su gestión. Ergo, mientras que la acusación constitucional logra efectos institucionales, la interpelación se queda en efectos mediáticos.

Estas herramientas normalmente son invocadas por la oposición, especialmente cuando son minoría. En la práctica se usan para resolver disputas que difícilmente pueden ser resueltas de otra manera. Cuando existe una disputa, por ejemplo sobre un proyecto de Ley, y la oposición carece de un quórum para rechazarlo en el pleno, solo le resta invocar alguna de las herramientas de contrapeso. Normalmente opta por la acusación constitutional para destituir al Ministro responsable. Pero a veces opta por la interpelación (particularmente cuando es una oposición débil) con la esperanza de conseguir la salida del ministro como efecto secundario.

Desde 1990 han habido 19 acusaciones constitucionales, de los cuales tres han terminado en una destitución. En 1992 fue el Ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda, en 2008 fue la Ministra de Educación Yasna Provoste y en 2013 fue el Ministro de Educación Harald Beyer. Asimismo, desde 2005 han habido 13 interpelaciones. En la mayoría de los casos, la interpelación no consiguió más que revolver las aguas. En algunos casos, sin embargo, la interpelación logró el deseado efecto secundario. Esto fue lo que pasó con el Ministro de Energía Ricardo Raineri y con la Ministra de Vivienda Magdalena Matte.

En lo que va del segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya se han aprobado tres interpelaciones. La primera interpelación fue a la Ministra de Vivienda Paulina Saball en Junio, para responder por la reconstrucción del norte y Valparaíso. La segunda fue al Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en Julio, para responder por los hechos de violencia en la Araucanía. La tercera y más reciente fue al Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, que se llevará a cabo en Noviembre, para responder por el eventual cierre de colegios que produciría el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección.

El uso de las interpelaciones muestra que la oposición no puede resolver su disputa con el gobierno de otra manera. No tiene un quórum suficiente para rechazar reformas o proponer sus propias políticas públicas. Lo único que le queda, entonces, es presionar al gobierno a través de los medios. Pues, la publicidad de una interpelación a menudo funciona efectivamente. El objetivo de la Alianza es utilizar la interpelación para generar una sensación amplificada de oposición. En el mejor de los casos logrará detener las reformas o cambiar el rumbo de las políticas públicas. Si tiene suerte forzará la salida de uno o más de los ministros interpelados.

La oposición puede interpelar a todos los ministros que quiera (con la salvedad de que no puede emplazar al mismo ministro más de tres veces en el mismo año). Si bien es difícil que consiga alguno de los efectos secundarios a corto plazo, sí puede generar una sensación de desgaste político que apunte a lo mismo. A medida que aumentan las interpelaciones, incrementa la sensación de desgaste político. Desde un punto de vista democrático, no es una situación deseable. Pero, en su condición de minoría, es uno de los pocos recursos de la oposición. Aunque sea una estrategia arriesgada, es de las pocas que le van quedando.

Las interpelaciones no obligan a Bachelet a efectuar cambios de gabinete. Pero a medida que aumente la sensación de desgaste político, aumenta la probabilidad de cambio de gabinete. En el primer gobierno de Bachelet la presión política de la oposición forzó más de una salida. En éste gobierno la presión no ha logrado el mismo efecto. Pero si la Alianza insiste en su estrategia de interpelar, la Presidenta eventualmente se verá forzada a responder. Las encuestas ya muestran una baja en la aprobación presidencial, y lo más probable es que también comiencen a mostrar bajas en las carteras con ministros interpelados.

#Chile. El futuro de la DC en la Nueva Mayoría

Publicado en La Tercera

El conflicto político en la Nueva Mayoría no ha pasado inadvertido. La serie de hechos que han generado desavenencia entre los partidos progresistas de la coalición y el partido demócrata cristiano han llevado a Bachelet a emitir una declaración inusual negando la crisis y a Walker a convocar un consejo nacional extraordinario para tratar el tema. Lo que está en juego es la continuidad de la coalición. Una alternativa es que la DC permanezca en la coalición y otra es que la DC abandone la coalición. La decisión de la DC naturalmente dependerá de los incentivos. Solo permanecerá en la coalición si los factores convergentes tienen mayor peso que los factores divergentes.

Hasta el momento, todo indica que el conflicto es serio. Al menos uno de los más importantes de los últimos años. La primera pista de aquello está implícito en la actitud de Bachelet. Al emitir una declaración sobre el conflicto rompe con su tradicional estilo de tomar distancia de los problemas partidarios. Si la Presidenta no pensara que el conflicto fuera serio, no habría intervenido. La segunda pista está explicita en la estrategia de Walker. Al convocar a un consejo nacional extraordinario envía una fuerte señal política. Si el presidente de la DC no considerara que el conflicto fuera serio no habría utilizado un mecanismo normalmente reputado como un recurso de emergencia.

Una interpretación empática de lo anterior es que tanto Bachelet como Walker buscan limar asperezas. Esto tiene sentido porque existe una dependencia mutua entre ambas partes. Bachelet necesita a la DC para aprobar las reformas que prometió llevar a cabo en su campaña presidencial, y Walker necesita al gobierno para mantener a su partido en la primera línea. Pero también tiene sentido porque ambas partes saben que la unión hace la fuerza. Un relación sólida maximiza la probabilidad de perpetuarse en el poder. Si no cooperan estratégicamente, no solo bajan las posibilidades de pasar el programa legislativo, sino que también disminuyen la probabilidades de reelegirse en la próxima elección.

Mientras que Bachelet y Walker aseguran tener una intención genuina de mantener la coalición con vida, hay dos factores que sugieren que podría ocurrir lo contrario.

Por un lado, el acuerdo programático entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría acabar si continúan las discordias. Decisiones del gobierno, como mantener al embajador Contreras en su cargo, y actitudes de la DC, como votar en contra de penalizar el lucro en la educación con cárcel, solo sugieren que existen importantes diferencias de forma y fondo. A juzgar por la relación que han llevado en los últimos meses, no es difícil anticipar que escalarán los conflictos en lo que queda de gobierno, tanto en temas relacionados a la coyuntura (ej. la designación de cargos públicos), como en temas relacionados a la estructura (ej. la tramitación de la reforma constitucional).

Por otro lado, el acuerdo electoral entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría quebrar si se aprueba el proyecto de reemplazo al sistema binominal. Bajo el nuevo régimen electoral la DC podría encontrar los argumentos que necesita para abandonar la coalición y volver a sus raíces — cerca del centro y lejos de la izquierda. El aumento en el número de escaños inevitablemente bajará las barreras de entrada y como consecuencia fraccionará el sistema de partidos. En ese escenario, no es osado adelantar que la DC evaluará seriamente la opción de seguir un camino propio. Sobre todo si observa que puede optimizar su porcentaje de votos y escaños.

Es temprano para anticipar si la DC buscará permanecer en la coalición o decidirá seguir un camino propio, pues aun no está claro si los factores convergentes (estrategias para legislar y ganar elecciones) tienen mayor peso que los factores divergentes (diferencias de forma y fondo, e incentivos electorales). Por eso, lo adecuado es presumir inercia: por ahora, todo seguirá igual. La DC solo encontrará razones necesarias para romper relaciones con los otros partidos de la coalición si se profundizan las diferencias programáticas de forma y fondo que hoy la asechan. Y solo tendrá razones suficientes para desertar si el nuevo sistema electoral le permite seguir siendo uno de los partidos más grandes del país.

#Chile. Tiempos turbulentos

Publicado en La Tercera

La clase política atraviesa tiempos turbulentos. Una serie de hechos que han ocurrido en los últimos meses han remecido la notable estabilidad de las últimas décadas. El diseño y la tramitación de las reformas estructurales, los atentados terroristas y el caso Penta son algunos ejemplos de eventos que han polarizado a las dos grandes coaliciones. En estos tres hechos, la posición política entre la Alianza y la Nueva Mayoría ha sido para todos efectos prácticos, opuesto. La enemistad entre las dos coaliciones incluso ha llegado a gotear hacia sus interiores. La detención del ex alcalde Labbé y los dichos del embajador Contreras han dividido a sus partidos miembros. La reacción ante ambas situaciones desnuda la brutal discordia que existe entre partidos que comparten domicilios políticos.

Algunos dirán que la polarización entre las coaliciones ya es una tradición y que la división dentro de ellas es un fenómeno natural. Puede ser. Pero por muy normal que sea, no significa que constituya una costumbre positiva o deseable para la democracia. La ruta que transitaron los países desarrollados sugiere que es necesario que las coaliciones estén dispuestas a cooperar entre ellas y que los partidos miembros estén dispuestos a dialogar entre sí. Todo indica que eso no sucede en nuestro país. Es peor, hay evidencia que sugiere que la polarización y división que se observa en la clase política se refleja en la ciudadanía. La última encuesta MORI-CERC muestra que existen dos Chiles, uno que vota y aprueba, y otro que no vota y no aprueba.

La clase política es la responsable. Quienes han gobernado el país desde la transición no han trabajado lo suficientemente duro para mejorar la calidad de la democracia. Si algo han hecho es estancarla. Tanto la Alianza como la Nueva Mayoría cargan con esa cruz. Ahora bien, como siempre, la solución al problema depende —en buena parte— del oficialismo. Mejorar la calidad de la democracia debe ser impulsada por el Poder Ejecutivo. Y este gobierno, al parecer, no se ha percatado de aquello. Se ha cegado en llevar a cabo su programa de gobierno al pie de la letra. Esto no sólo ha aportado a la turbulencia, además le ha significado problemas propios. Si en algo coinciden las encuestas, es en una caída lenta pero constante de la aprobación presidencial.

El problema no se detiene allí, se proyecta hacia el futuro. No hay un recambio político en el oficialismo. La llamada segunda generación de la Concertación —Lagos Weber, Orrego, Rincón, Rossi, Tohá, entre otros— brilla por su ausencia. Si no fuera por las particularidades de sus cargos públicos, difícilmente tendrían tribuna. Si bien han mostrado anhelos de poder (al competir en elecciones), no han logrado imponer su liderazgo. En la batería de encuestas que se han publicado desde marzo, ninguno de estos servidores públicos ha figurado como una potencial carta presidencial para su coalición. Es prácticamente un hecho que la segunda generación no tiene la ambición electoral que tuvieron sus predecesores, y que difícilmente desarrollaran ese instinto en los próximos años.

En este escenario, parece perfectamente aplicable la Ley de Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma. Que no exista un recambio en la Nueva Mayoría no significa que no exista un recambio en la centroizquierda. A pesar del deseo de algunos, Enríquez-Ominami y Velasco se han consolidado como los principales referentes del sector. El ex diputado y el ex ministro han logrado posicionarse como los dos políticos con más futuro de la centroizquierda. La última encuesta MORI-CERC muestra a Enríquez-Ominami con un 18% de apoyo, y a Velasco con un 11% de apoyo (seguidos por Vallejo, con un magro 5% de apoyo). El caso de Velasco es especialmente notable, dado que incluso tras el escándalo del caso Penta su nombre sigue en lo alto de la tabla.

La fuerte dependencia del gobierno al capital político de la presidenta y la notoria obsesión de la coalición oficialista por llevar a cabo el programa de gobierno han aportado a la turbulencia. Los hechos políticos que siempre han sacado ronchas ahora están siendo acompañados por temas que normalmente no son controversiales. Esto constata el delicado estado de salud de la democracia. El principal perjudicado en este clima de crispación política es la coalición oficialista. Puede que aún sea temprano para pronosticar que quienes llevan la delantera ahora -Enríquez-Ominami y Velasco permanecerán arriba hasta la próxima elección presidencia-l. Pero todo indica que se mantendrá el rechazo a los partidos tradicionales de la centroizquierda y que los llamados a ocupar el poder no estarán a la altura del desafío.

#Chile. La ruta de Velasco

Publicado en La Tercera

El caso Penta cambia todo para Velasco. La imputación que sugiere que habría emitido boletas truchas para recibir aportes monetarios prohibidas por la ley de financiamiento electoral –sumado al retardo del Servicio de Impuestos Internos para pronunciarse y la mediática operación de la Fiscalía para allanar su domicilio particular- deja una mancha difícil de borrar en su historial. Irrelevante de su responsabilidad en el asunto, el daño ya está hecho. Si finalmente es declarado culpable, su carrera política habrá llegado a su fin. Si en cambio es absuelto, su asociación con el caso retumbará en el inconsciente colectivo por algún tiempo.

La consecuencia más inmediata del caso Penta es una hipoteca transitoria a su candidatura presidencial. Luego de predicar a diestra y siniestra en contra de las malas prácticas, resulta -por lo bajo- irónico haber sido asociado con operaciones ilícitas. Es un doble estándar que ya ha acabado con la carrera de varios políticos en el pasado. Por eso, mientras la investigación de la Fiscalía se lleve a cabo, será extremadamente complicado limpiar su imagen. Velasco tendrá que esperar con paciencia la resolución de la justicia para retomar la senda que lo llevó a ser uno de los políticos mejor evaluados del país.

Los principales beneficiados del caso Penta son quienes han sido destinatarios indirectos y blancos permanentes de las opiniones y críticas de Velasco, principalmente el gobierno y los partidos políticos de la coalición oficialista. Por una parte, su salida de circulación significa un alto momentáneo a los juicios críticos a la gestión de Bachelet, en un momento en que se tramitan reformas estructurales. Por otra parte, las esquirlas del caso Penta le dan un respiro a los partidos que buscan neutralizar la amenaza electoral de Velasco, en un momento en que varias encuestas sugieren que existe un vacío de poder entre los partidos de gobierno.

Si Velasco finalmente logra comprobar su inocencia –es decir, que no recibió aportes de Penta por fuera de la ley–, podrá retomar su campaña. Sin embargo, habrán ocurrido al menos dos hechos políticos que significativamente cambian sus prospectivas electorales. Ambos hechos sugieren que tendrá que cambiar su estrategia. El primero se refiere a su imagen frente a la gente. Las acusaciones de haber caído en las malas prácticas inevitablemente se reflejarán negativamente en las encuestas. El segundo hecho se refiere a su relación con la coalición oficialista. Se complejiza la opción de ser nominado por un partido oficialista.

El caso Penta es un punto de inflexión en la carrera de Velasco. En el escenario en que es absuelto de toda irregularidad, puede usar la experiencia como un ejemplo práctico de cómo operan las malas prácticas en el país. Pero lo anterior también implica abandonar la opción de competir en las primarias de la coalición oficialista. Si bien es difícil prever que sea nominado por los partidos que han fomentado su linchamiento público, también es difícil imaginar que el mismo Velasco se quisiera asociar con ellos. Si todo se resuelve a su favor, lo más lógico es que busque seguir una ruta donde las malas prácticas sean el principal insumo para una candidatura independiente.

#Brasil. Los escenarios de cara a la elección presidencial

La carrera presidencial en Brasil tiene a dos mujeres como favoritas para conducir al país por los próximos cuatro años. Como telón de fondo, el Partido de los Trabajadores (PT) se juega su continuidad en el poder amenazado por candidaturas que proponen un refresco en la conducción del Estado, cuestión que de tener eco en la ciudadanía podría ser determinante en la elección.

¿Cómo llegan los candidatos a las presidenciales? Las cifras muestran que la adhesión a la abanderada oficialista, Dilma Rousseff (PT) ha sido oscilante, sin embargo no ha dejado de mantenerla al tope de la carrera presidencial.

Si, bien Rousseff registró una caída en la intención de voto tras la arremetida de Marina Silva (Partido Socialista Brasileiro, PSB), en la recta final de la elección la candidata-presidenta ha vuelto a liderar los sondeos de opinión pública. De acuerdo a la proyección de Tresquintos, Rousseff obtendría entre un entre 39,1% y 49,6% de los votos.

Tras la muerte de Eduardo Campos, Marina Silva (PSB) irrumpió en la carrera presidencial con fuerza. Los datos de Tresquintos muestran que el impulso de la candidata ecologista comenzó a decaer y al final de la carrera electoral ocupa el segundo lugar con una leve tendencia a la baja, por lo que su votación alcanzaría entre un 27,7% y 37,1%.

Finalmente, el tercer actor de importancia en la contienda electoral, Aécio Neves (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) permanece estable en el tercer lugar con una votación que rondaría entre el 16,4% y 24,8% de los sufragios.

Si bien, hay varios elementos que no fueron capturados por los últimos sondeos de opinión pública, los factores de análisis disponibles hoy permiten proyectar a lo menos tres escenarios: (1) ninguno de los candidatos a la presidencia logra más del 50% de los votos en los comicios del próximo domingo forzando a un ballotage; (2) Dima Rousseff logra la mayor cantidad de votos, mientras que Marina Silva y Aécio Neves disputan un lugar en segunda la vuelta; (3) la presidencia de Brasil se define en primera vuelta, con altas probabilidades de que Dilma Rousseff sea reelecta.

El primer escenario ratificaría la más reciente proyección de Tresquintos (Pronóstico Electoral: #3), que muestra una clara ventaja de Rousseff (44,4%) en las encuestas. La intensa actividad de campaña de las últimas semanas encabezada por el ex mandatario, Luis Inácio Lula da Silva, ha dado sus frutos, sin embargo no sería suficiente para lograr una victoria del oficialismo en primera vuelta.

Con Dilma instalada en segunda vuelta, la gran interrogante es quién acompañará a la candidata oficialista en el ballotage del 26 de octubre. Hasta el minuto, la propuesta de Aécio Neves (PSDB) no ha logrado encantar del todo a los votantes, ni siquiera en el Estado de Minas Gerais donde Neves fue gobernador entre 2003 y 2010. Tampoco el apoyo del ex mandatario, Fernando Henrique Cardozo, a la candidatura de Neves tuvo el efecto esperado.

En tanto, Marina Silva, ha interpelado a Rousseff durante los debates presidenciales criticando la administración de los servicios del Estado y la corrupción en empresas públicas. La respuesta oficialista para frenar el alza de Silva se ha centrado en cuestionar sus propuestas de campaña y su capacidad para gobernar. Adicionalmente, en el último tramo de la campaña, la militancia de Silva en tres diferentes partidos políticos (PT, Partido Verde, PSB) ha sido un nuevo flanco de ataques.

El efecto que estos elementos puedan tener en la intención de voto no fue capturado por los últimos sondeos, por lo que no sería extraño que Silva obtenga un menor porcentaje de votos de lo que se espera el día de la elección. Si bien Silva asoma como la más probable contendora de Rousseff en el ballotage, la tendencia podría tener un vuelco inesperado este domingo.

El tercer escenario plantea la posibilidad de una victoria oficialista en primera vuelta. Aquí, la permanencia del PT por los próximos cuatro años asoma como el elemento que inclinaría la balanza en favor de Rousseff.

El PT tiene un fuerte arraigo en varios sectores de la población, sobre todo en las capas bajas de la sociedad. Desde 2002, el partido oficialista ha impulsado una serie de políticas públicas tendientes a disminuir la pobreza en el país, cuestión que ha beneficiado a millones de brasileños que hoy respaldan con fuerza al gobierno.

La incertidumbre sobre un posible recorte de los planes sociales en un gobierno distinto al encabezado por el PT durante los últimos 12 años, podría ser clave y asegurar la reelección de Rousseff y de paso la continuidad del proyecto político de PT.

El tiempo de los pronósticos llegó a su fin. Hoy es hora que los ciudadanos decidan el futuro político de Brasil.