#Chile. Criterios para el cambio de gabinete

Publicado en Tele 13

La agudización de la crisis política se da precisamente por la caída repentina de confianza de la gente en los políticos a raíz de los escándalos Caval, Penta y SQM. Mantener en su cargo a las personas vinculadas con estos casos es no entender aquello. Por eso mismo, lo primero que deberá hacer la presidenta es dar de baja a todos los ministros y subsecretarios que tengan una asociación – por tangencial que sea – con fuentes de financiamiento ilegal. Esto incluye tanto a los que recibieron recursos para sus propias campañas como a los que recibieron recursos para las campañas de otros.

No haber hecho este cambio en su momento (oportunidades claras en diciembre 2014 y abril 2015) tuvo un costo político inevitable. Haber ignorado todas las señales políticas no solo deterioró a los personeros de gobierno involucrados en los casos de corrupción, sino que también a aquellos que no tienen nada que ver con el asunto. Por eso, lo segundo que tendrá que hacer la presidenta es remover de sus puestos a todos los ministros y subsecretarios que se hayan sufrido daños por alcance. Esto incluye tanto a los que han tenido que defender activamente a los involucrados, como aquellos que han callado.

Haber dilatado el cambio de gabinete también significa no haber hecho otros ajustes menores que los gobiernos normalmente hacen antes de cumplir el primer año en el poder. Insistir en confirmar en su cargo a todos los ministros más allá del plazo convencional fue un error. En este sentido, la presidenta tendrá que pedirles la renuncia a todos aquellos ministros y subsecretarios sectoriales que no han estado a la altura de su cargo. Su salida será funcional para acomodar a los que vienen, que entraran como parte de una nueva lógica en la repartija de cuotas de poder.

El espacio que quedará después de remover a los involucrados en los casos de corrupción, a los que se vieron afectados por alcance y los que tienen que salir por no estar a la altura del desafío será grande. La presidenta tendrá la dura tarea de hacer una reestructuración mayor. En este nuevo diseño deberá reparar una falencia básica de su primer gabinete; tendrá que nombrar a ministros con mayor peso político. La presidenta tendrá que nombrar a personas con mayores capacidades de negociación. Entre ellos deberá incluir a personas con aspiraciones presidenciales.

El nuevo gabinete tendrá que tener un balance que el primer gabinete no tuvo. Tendrá que ser una mezcla entre personas con experiencia y personas comprometidos con el programa. Aunque será inevitable nominar a pesos pesados, tendrán que ser personas que estén de acuerdo con su programa. El nuevo gabinete tendrá que ser una amalgama perfecta entre personeros de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Cualquier otra alternativa sería nefasta. La presidenta necesita el apoyo de la vieja guardia para generar gobernabilidad, pero la presencia de la nueva guardia para fijar objetivos.

Como guinda de la torta, la presidenta tendrá que hacer estos ajustes tomando en cuenta los ejes cardinales que ella misma estableció como cruciales para cualquier equipo de gobierno. El nuevo gabinete deberá reflejar un balance en edad y en género. La presidenta se deberá asegurar que junto a los ministros de mayor peso político haya un grupo de ministros que represente el recambio generacional. A su vez, tendrá que respetar su promesa original de un gabinete paritario y darles a las mujeres un protagonismo que hasta ahora no han tenido.

#Chile. Limite a la reelección: un paso en la dirección correcta

Publicado en La Tercera

La semana pasada, la comisión Engel presentó un total de 260 medidas para hacer frente a los casos de corrupción que se han conocido durante los últimos meses. Entre esas medidas llamó especialmente la atención la propuesta de poner fin a la reelección indefinida de alcaldes. La idea surgió después de recibir una serie de sugerencias desde las distintas organizaciones todas apuntando a limitar la reelección de forma genérica. La propuesta más popular fue limitar la reelección de senadores a una vez (para completar un máximo de 16 años), la reelección de diputados a dos veces (12 años), la reelección de alcaldes a una vez (8 años), y la reelección de concejales a dos veces (12 años).

La lógica parece ser que limitar la reelección limita la corrupción. Los miembros de la comisión parecen sugerir que a medida que aumenta la tasa de recambio de autoridades elegidas, disminuirá la corrupción. En términos teóricos tiene más sentido que una autoridad establecida sea corrupta a que una autoridad nueva sea corrupta.  Los veteranos conocen las reglas del juego y saben cómo operar al borde de la ley. Los debutantes suelen pasar por una luna de miel en que carecen de tales conocimientos. En términos concretos, es mucho más probable que un legislador que lleva 24 años en el poder tenga nexos con la corrupción que un legislador que lleva cuatro años en el poder.

El problema es que el sistema político naturalmente favorece a quienes se quieren perpetuar en el poder.  Para la comisión Engel este es el problema, pues un sistema que no se renueva inevitablemente optimiza las condiciones estructurales para que se pueda desarrollar una cultura de corrupción. La evidencia parece confirmar esa intuición. Resultados electorales entre 1989 y 2013 no sólo muestran que en promedio 82,3% de los diputados que buscan la reelección lo consigue, sino que la probabilidad de un titular de ser elegido es 3,2 veces mayor a la probabilidad de un desafiante de ser electo.

Tal vez -por lo anterior- la propuesta parece ser atractiva para la gran mayoría de la gente, pues saben que los que tienen el poder no lo van a perder por defecto. Una idea que a su vez ha servido para incrementar la tensión. Muchos, afectados por la imagen negativa que proyecta la clase política, exigen que todos los involucrados renuncien voluntariamente. Otros, más molestos todavía, no discriminan entre inocentes y culpables, y piden elecciones anticipadas. En este clima, limitar la reelección surge como una salida óptima, tanto para la clase gobernada que busca limitar la corrupción de los políticos, como para la clase gobernante que busca recuperar la confianza de la gente.

No tomar este paso sólo se entendería en un escenario en que las elites se renuevan de manera automática y de forma periódica. En un sistema donde hay un recambio natural, no sería necesario limitar la reelección, pues los votantes estarían optimizando el proceso desde las urnas premiando o castigando a los candidatos, sin importar el número de años que llevan en el poder. Pero cuando las elecciones no son competitivas y los titulares tienen enormes ventajas frente a los titulares, es mejor limitar la reelección. Es la única forma de eliminar los vicios que se arrastran del pasado. Es necesario, incluso, en situaciones como la de Chile, donde un nuevo sistema electoral está por entrar en vigencia.

La propuesta de la comisión Engel no es original. Entre 1989 y 2015 ingresaron 36 proyectos con el mismo objetivo al Congreso. De ellos, cuatro apuntaron a limitar la reelección de presidentes, 21 apuntaron a limitar la reelección de senadores y diputados, 13 apuntaron a limitar la reelección de alcaldes y concejales, y tres apuntaron a limitar la reelección de consejeros regionales. Sobra decir, que ninguno de ellos llegó a buen puerto. De ese total, 24 siguen en trámite, 11 se han archivado, y uno fue rechazado. La razón es sencilla; no es un tema urgente para los legisladores. Legislar a favor de limitar la reelección es dispararse en los pies.

A esta altura, los beneficios de limitar la reelección superan con creces los costos de mantener el sistema actual. Parece inevitable que limitar la reelección traerá consigo aires nuevos a un sistema político desprestigiado que ha perdido la confianza de la gente. El gobierno debe impulsar esta medida, enviando un mensaje al Congreso y trabajando activamente para reunir los votos para su promulgación. Por su parte, el Congreso deberá determinar si los límites sugeridos por la comisión Engel son los óptimos, o si hay que usar algún método alternativo para fijarlos. Esta medida por sí sola no borrará la corrupción de la política, pero sí es un paso en la dirección correcta.

#Chile. Cambio de gabinete: tarde y pauteado

Publicado en La Tercera

Cuando los presidentes nominan a su primer gabinete apuestan a que todos los ministros estén a la altura de los desafíos políticos y que se ajusten con facilidad a la estructura administrativa. Sin embargo, muchas veces se equivocan en esa apuesta. Algunos ministros no están dispuestos a cumplir con el programa o no calzan bien en el equipo. En estos casos, los presidentes tienen la facultad de removerlos y nombrar a personas más adecuadas en su lugar.

Lo normal es que el primer cambio de gabinete sea antes de cumplir un año en el poder. Frei (1994-2000) hizo su primer cambio de gabinete a los siete meses (Educación, Interior, Relaciones Exteriores, y Secretaria General de Gobierno). Lagos (2000-2006) hizo el suyo a los diez meses (Bienes Nacionales y Vivienda). Bachelet (2006-2010) hizo el suyo a los cinco meses (Economía, Educación, e Interior), y Piñera (2010-2014) hizo el suyo a los diez meses (Defensa, Energía, Trabajo, y Transporte).

Bachelet rompió con esta tendencia histórica. Salvo la renuncia voluntaria de la titular de Salud a los nueve meses de gobierno, el primer gabinete se mantiene intacto. La presidenta ha insistido en mantener la formación original. Van trece meses. Con esto ha dado a entender que a su juicio su apuesta inicial fue certera – sus ministros no solo han estado a la altura de los desafíos, sino que también se han ajustado con facilidad a la estructura.

Este juicio ha sido rebatido en la prensa y en la clase política. No son pocos los líderes de opinión y políticos que han pedido un cambio de gabinete. A su juicio consideran que Bachelet tendría que haber hecho su primer cambio de gabinete hace algún tiempo, y que al haberlo postergado solo ha causado daño a su propio gobierno. En promedio, opinan que tendría que haber sido en diciembre de 2014, aprovechando la salida de Molina.

En el tire y afloje entre Bachelet y los que pedían cambio de gabinete, la presidenta tuvo un veranito de San Juan. En enero logró aprobar la reforma electoral, la reforma educacional, y el Acuerdo de Unión Civil, remontó en las encuestas, y calló a todos los críticos de su gobierno. La remontada fue tal, que el ministro de Energía se dio el lujo de aparecer en todas las portadas de los diarios metafóricamente decretando verano para siempre (en referencia al huso horario).

Luego, todo cambió. En febrero apareció el caso Caval y en marzo la arista SQM. El gobierno, que había revertido su tendencia a la baja en enero, nuevamente comenzó a sufrir los embates de la prensa y la clase política. Se empezó a desgranar el choclo. El hijo de la presidenta fue involucrado en negocios ilícitos, y miembros de su gabinete en el traspaso ilegal de recursos de campaña. Como consecuencia, el programa legislativo se paralizó y la popularidad de la presidenta alcanzó su mínimo histórico.

Los eventos de febrero y marzo confirman que Bachelet se equivocó al no hacer el cambio de gabinete en diciembre. La presidenta pensó que su popularidad la blindaría ante las acciones de su hijo, y que las esquirlas del caso Penta no llegarían a La Moneda. Dos graves errores. Ante la creciente preocupación de las personas sobre la relación entre el dinero y la política, la presidenta debió haber tomado las medidas para asegurase que todas las personas en su gobierno estuvieran limpias.

Si Bachelet hubiese hecho el cambio de gabinete en diciembre su gobierno no estaría paralizado hoy. Si hubiera removido a todas personas involucradas – aunque sea tangencialmente – con Penta, SQM u otras empresas de la calaña, no solo tendría la autoridad natural para liderar el debate sobre la relación entre dinero y política, pero además estaría avanzando a pasos agigantados en su programa de gobierno. En vez de estar desmintiendo rumores, estaría legislando.

La decisión errónea de no haber el hecho el cambio de gabinete en diciembre tuvo efectos negativos indiscutibles. Por eso la pregunta sobre cuándo decidirá hacer el reajuste sigue vigente. Cada día que pasa es un día más en que el cambio está pendiente. Hasta que Bachelet no remueva a todos los involucrados en el caso Penta y SQM de su gobierno, no podrá hacer lo que fue elegida para hacer – gobernar.

Bachelet inevitablemente tendrá que hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, ya no será a su gusto. No podrá remover solo a los que quiere remover, y no lo podrá hacer cuando lo quiera hacer. Además de sacar a las personas involucradas en Penta y SQM, tendrá que sacar a los ministros desgastados por el mal manejo. Es difícil pensar en que ministras que admitan que se quieren retirar de la política, o que ministros que regularmente deben salir a dar explicaciones burdas, permanezcan en el gabinete.

A su vez, y a diferencia de lo que pudo haber hecho en diciembre, los cambios no solo dependen de ella. La caída de su fuerza relativa dentro de su propia coalición la obliga a buscar el visto bueno de los presidentes de los partidos. Algo impensado hace algunos meses cuando tenía sobre 50% de aprobación. Ahora tendrá que esperar que los partidos se organicen para hacer los cambios. El caso más claro son las elecciones internas del PS, los que tendrá que esperar para redistribuir las cuotas de poder.

A estas alturas, los nuevos ministros que entren al gabinete no solo deben estar a la altura de los desafíos y tener la capacidad de ajustarse con facilidad a la estructura existente. Sino que además deben ser capaces de hacerle frente a la crisis política. Es recomendable que sean personas que no han estado en la primera fila de los últimos tiempos, para darle un aire fresco al cambio. Pero también pueden ser actuales subsecretarios y asesores, siempre que no tengan boletas ocultas.

#Chile. Salida a la crisis de legitimidad

Publicado en La Tercera

Las democracias sanas se caracterizan por tener altos niveles de participación política. En ellas, la gente confía en las instituciones, y por ende milita en partidos políticos y vota en elecciones. Creen que sus ideas se deben canalizar por medio de profesionales de la política que se eligen en elecciones libres, competitivas y transparentes. Por el contrario, cuando la gente desconfía de las instituciones, tienden a no militar en partidos y a abstenerse de votar. No creen que sus ideas son relevantes. Piensan que la clase política es inepta o corrupta y que votar no cambia las cosas.

Chile se parece más al segundo tipo de democracia. La gente no confía en las instituciones, y por lo tanto milita en partidos y no vota en elecciones. Los datos muestran que los índices de confianza, el número de militantes y la tasa de participación electoral van a la baja. La última encuesta del CERC muestra que los partidos son las instituciones menos confiables del sistema; datos del Servel confirman que solo 5% de los chilenos milita en un partido político; y la última elección presidencial y legislativa exhibe el mayor porcentaje de abstención desde el retorno de la democracia.

Estos tres datos son particularmente preocupantes, pues constituyen evidencia robusta a favor de la tesis de la crisis de legitimidad. La poca confianza en las instituciones es lo que explica la ausencia de la gente en política. No existe un escenario en el cual la gente reprueba el sistema, pero igual milita en partidos y vota en elecciones. Naturalmente, la caída del entusiasmo post-transición y la voluntariedad del sufragio influyen en este diagnóstico. Sería imposible ignorarlo. Pero no cambian el hecho: hoy, la gente participa significativamente menos que antes.

Las elecciones internas de los partidos políticos reflejan este problema a nivel conceptual. Son una instancia de interacción entre la militancia partidista y la participación electoral. En una democracia sana, hay altos niveles de participación en las elecciones internas de los partidos políticos. En esos casos, los ciudadanos entienden el rol de los partidos en la sociedad, y no solo escogen militar voluntariamente, sino que además deciden participar con regularidad. Pues saben que la elección de la directiva, entre otras cosas, es crucial para la interpretar y proyectar sus propias ideas.

El caso de la DC, y su reciente elección interna, sirve para ejemplificar lo anterior. En 2014 el partido perdiósu categoría como el partido más grande del país—fue reemplazado por el Partido Socialista. Por eso, tal vez, no sorprendióa cuando solo 17% del padrónn de militantes DC votópara elegir a la nueva directiva —un 4% menos que en la elección anterior. Ambos hechos insinúan una perdida en la capacidad del partido para interpretar y proyectar las ideas de sus militantes. La directiva simplemente no puede representar a todos cuando solo una pequeña fracción de los militantes participa en el proceso de toma de decisiones.

Si fuera solo la DC, sería un problema aislado. Pero hay evidencia que sugiere que cada vez menos personas se inscriben en partidos políticos, y de ese reducido grupo que sílo hace, cada vez menos personas votan en sus elecciones internas. Es decir, es un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos por igual (sin contar a aquellos que no utilizan procesos democráticos para sus elecciones internas). Al fin y al cabo, un grupo de unos pocos estádecidiendo el rumbo político del país. Pues interpretan y proyectan las ideas de los sin voz, a través de programas de gobierno y nominaciones de candidatos presidenciales.

No es fácil salir de una crisis de legitimidad, pero es posible. Para aquello, es necesario reconstruir los lazos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. La gente debe volver a creer que los partidos son la manera más efectiva para canalizar sus ideas. Esto difícilmente ocurrirámientras los partidos no asuman sus responsabilidades en la crisis. Si los actuales presidentes no hacen un mea culpa, la crisis se ahondara más. No pueden seguir ignorando que son elegidos por un pequeño grupo de personas, pero que sus decisiones afectan a todos los chilenos por igual.

Los casos Caval, Penta y Soquimich ofrecen un escenario ideal para que los presidentes de los partidos puedan dar un paso importante a la hora de reivindicar las instituciones políticas. Pero para eso deben estar dispuestos a sacrificar a todos los militantes que cayeron en irregularidades. Deben garantizar que en las instituciones políticas nadie está por sobre la ley. Deben demostrar que ellos son los primeros en condenar actos de cohecho y corrupción. Es un camino difícil, pero es un camino que vale la pena. Los presidentes que sigan este camino no solo le harán un favor a su partido, le harán un favor a la democracia.

#Chile. La amenaza democrática

Publicado en Tele 13

El caso Penta y la arista Soquimich son la noticia del momento. Evidencia reciente sugiere que los patrones de financiamiento irregular en ambas empresas son parte de un plan bastante más siniestro y elaborado que lo originalmente anticipado. La diferencia entre ambas empresas, sin embargo, no es menor, dado que la naturaleza de los involucrados es sustancialmente distinta. Mientras que los imputados en el caso Penta están primordialmente relacionados con la oposición y la Alianza, los incriminados en la arista Soquimich están principalmente asociados con el gobierno y la Nueva Mayoría.

A partir de esta notoria diferencia, varios observadores de la plaza teorizaron que las dos investigaciones serían tratadas de forma distinta. La lógica tras la teoría era que la jerarquía administrativa del poder ejecutivo sobre el SII — el principal agente a cargo de querellarse — se utilizaría políticamente para ahogar una investigación que potencialmente podría acabar con varios personeros del sector imputados. Si bien no es una teoría empíricamente comprobable, el simple hecho de su plausibilidad dieron inicio a una cadena de eventos que ha llevado al gobierno y la Nueva Mayoría a su peor momento en el cuatrienio.

El retardo del SII en actuar puede ser identificado como el punto de partida. Pues la tardanza en ampliar la querella no ayudó a mitigar la sensación popular de que potenciales irregularidades entre Soquimich y la Nueva Mayoría podrían pasar bajo el radar de la justicia. En efecto, un grupo de cuatro diputados (Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Camila Vallejo) enviaron un oficio al SII exigiéndole entrar de lleno en el asunto. A su vez, dos diputados oficialistas, Hugo Gutiérrez y René Saffirio, demandaron a viva voz perseguir la causa hasta las últimas consecuencias.

Lo anterior debe ser leído como un quiebre dentro de la coalición oficialista. Mientras que algunos guardaron silencio, otros denunciaron los hechos activamente. Algunas personas podrán considerar que los segundos actuaron con apremio innecesario — sin esperar que el SII recabara todos los antecedentes necesarios para actuar. Sin embargo, esas mismas personas difícilmente podrán discrepar que el clima del momento también invitaba a una movida política de la talla — considerando la posibilidad de que los potenciales delitos pudiesen prescribir si es que no se intervenía a tiempo.

La manifestación pública de los diputados también sugiere que el clima de tensión en el gobierno y la Nueva Mayoría puede empeorar. Pues al no haber disciplina al actuar, no hay control sobre el proceso o el producto. El paso lógico en el actual clima de desorden es que a medida que más personas se vean involucradas, aumente la tensión. Peligroso, pues al fin y al cabo, todo elástico se estira hasta que se rompe. Lo más seguro es que los diputados que ya han hablado no sean las únicas voces de la disidencia, solo las que se han hecho escuchar. Asimismo, es probable que se les unan más voces a medida que no se resuelva el tema.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno y la Nueva Mayoría también deben lidiar con el daño provocado por el caso Caval. Aunque lo de Soquimich es por definición mucho más grave que lo de Caval (considerando el número de personas involucradas y la transversalidad política de las irregularidades), para muchos lo de Caval es lo único irreparable del enjambre de problemas. En parte, tienen razón, pues es probable que la caída en la aprobación de la Presidenta sea mucho más atribuible al caso Caval que a la arista Soquimich. Por Caval se culpa a la Presidenta, por Soquimich se culpa al sistema.

Los efectos de Soquimich y Caval también son diferentes. Mientras que los efectos de la arista Soquimich constituyen una amenaza para la unidad interna de la coalición, los efectos del caso Caval constituyen una amenaza para su eficiencia política. Ambas preocupantes por sí solas. Pero el efecto conjunto es significativamente más serio: una coalición de gobierno sin disciplina interna que además atraviesa por un periodo de baja aprobación y alto rechazo ciudadano es a todas luces una coalición que difícilmente puede garantizar gobernabilidad.

Bachelet tiene en sus manos la solución a esta amenaza democrática. Debe tomar medidas duras pero ejemplares contra todos los actores que recibieron financiamiento irregular ya sea de Penta, Soquimich, Caval u otras agencias que aun no conocemos. No le debe temblar la mano a la hora de cortar peso muerto. Debe reunir antecedentes sobre todas las personas que trabajan en su gobierno o que son parte de su coalición que eventualmente podrían ser imputadas por la Fiscalía por presuntas irregularidades y darlos de baja en la medida que encuentre dudas razonables.

#Chile. Algo huele mal

Publicado en Tele 13

Hace menos de un mes se reveló que Penta no habría sido la única empresa financiando política de forma irregular. Una filtración a la prensa reveló una lista de 39 personas relacionadas a campañas políticas que habrían emitido boletas a la empresa Soquimich. La normal, frente a esta situación habría sido que la Fiscalía investigara a ambas empresas con el mismo ánimo, provisto la similitud de las irregularidades.

El problema es que eso no ha sucedido. La agencia encargada de querellarse, el SII, no ha tratado a Soquimich de la misma forma que trató a Penta. Como contexto, el SII es administrativamente dependiente del poder ejecutivo, pues el director del SII es nombrado por la Presidenta de la República. En este caso particular, el director es Michael Jorratt, quien a su vez fue jefe de finanzas en la campaña presidencial de Bachelet en 2013.

Eso podría explicar la asimetría en el trato a ambas empresas. Pues hasta el momento, todo indica que la relación entre Penta y la oposición equivale a la relación entre Soquimich y el gobierno. Es decir, las boletas que habrían extendido candidatos de la Alianza a Penta para financiar sus campañas electorales serían un espejo de las boletas que habrían extendido candidatos de la Nueva Mayoría a Soquimich para financiar sus propias campañas electorales.

La teoría, entonces, es que el poder ejecutivo esta frenando la investigación por medio del SII.

Antes de entrar de lleno en esta teoría, es importante mencionar que lo de Penta es efectivamente lo mismo que lo de Soquimich. La evidencia sugiere que ambas empresas financiaron campañas de forma irregular y constante en la elección de 2013. Incluso hay indicios que sugieren que el mecanismo de traspaso de dinero se extendería a varias elecciones anteriores.

Sin embargo, la justicia ha sido más deferente con Soquimich que con Penta. Primero, Soquimich ha sido tratado como una arista del caso Penta, y no como un caso en sí. Esto es un problema, pues la información sugiere que Soquimich habría emitido más boletas y por más tiempo. Segundo, el periodo que se investiga a Penta es significativa mayor al periodo que se investiga a Soquimich. Solo se han mirado boletas relacionadas a Soquimich en Julio de 2009.

Lo más probable es que si se amplía el periodo de investigación en Soquimich aparecerán más personas involucradas. Si bien las boletas apuntan a que las personas involucradas en Soquimich son en buena parte candidatos relacionados con el gobierno, no sería una sorpresa que surgen varios nombres relacionados con la oposición. Sobre todo si se considera que Soquimich es controlado por personas políticamente ligadas a la derecha.

La única salida a este problema, es que la Fiscalía investigue ambos casos. Sin embargo, para aquello, el ente afectado debe presentar una querella para ampliar el periodo de investigación. En corto, el SII debe presentar una moción para que la Fiscalía investigue la relación entre Soquimich y candidatos en un periodo significativamente mayor al que actualmente se investiga.

Este es el meollo del asunto. Si Jorratt no persigue la investigación activamente, no habrán sanciones. Incluso se corre el riesgo de que los ilícitos más antiguos proscriban ante la ley. Esto pone a Jorratt en una situación compleja, dado que su posición es naturalmente dependiente de quienes debe investigar. No hay dos lecturas. Aunque la Fiscalía tenga buena voluntad, no puede actuar sin el visto bueno de Jorratt.

El director del SII posee las misma facultades para actuar contra Soquimich que las que tuvo para actuar contra Penta. La única diferencia entre ambos casos, según sugiere la evidencia, es que Soquimich estaría ligada a su propia coalición. Y más importante, los resultados de su querella podrían ser personalmente contraproducentes. Pues, como jefe de finanzas de Bachelet en 2013 sabe exactamente cómo se financió la campaña.

Para muchos, investigar a Soquimich abre una caja de pandora. Sin embargo, eso es solo cierto para los que no participaron en campañas electorales. Es ingenuo pensar que los mismos candidatos no saben el origen de su financiamiento electoral. Eso explica el silencio transversal en la clase política, con algunas excepciones, sobre el rol del SII en la investigación. Saben que si cae uno, caen todos.

Los que fueron financiados de forma irregular por Soquimich naturalmente no quieren que se investigue. Para ellos, la solución optima es un perdonazo. Y eso depende, en esencia de Jorratt y el SII. La salida para ellos esa ofrecer a los que ya han caído, principalmente los controladores de Penta y los candidatos de la UDI, como ofrenda, y esperar que las comisiones hagan su trabajo para instalar una nueva legislación. Un borrón y una cuenta nueva.

El dilema es que si la investigación se detiene con Penta, las instituciones no habrán funcionado. Si no se investiga a cabalidad el rol de Soquimich en el financiamiento irregular a los candidatos, las instituciones habrán fallado. En contraste, en una democracia en la cual las instituciones funcionan, si hay evidencia de ilícitos, sobre todo en el sector público, las partes afectadas toman parte activa en la investigación.

Bachelet debe ejercer su rol democrático y pedir que todos los ilícitos se investiguen de igual manera y con la misma fuerza. La Presidenta debe permitir que las instituciones funcionen. No puede obstaculizar una investigación por el simple hecho de que personas asociadas a su gobierno hayan actuado por fuera de la ley. Los partidos políticos se deben sumar a este esfuerzo. Quienes no son parte de la solución, son parte del problema.

 

No vale la pena

Publicado en La Tercera

Hace un año Michelle Bachelet hizo historia al ser la primera presidente en retornar a La Moneda desde la vuelta de la democracia. Comenzaba su gobierno con dos precedentes especialmente auspiciosos. Primero, regresaba con el porcentaje de votos más alto desde la vuelta a la democracia, lo que demostraba su popularidad entre la proporción de personas que regularmente participa en política. Y segundo, volvía con el contingente legislativo más poderoso desde la transición, lo que marcaba la alta probabilidad de que pudiera cumplir con su agenda legislativa.

Para los votantes de la centro-izquierda la inauguración de Bachelet marcó el comienzo de un nuevo Chile. Para ellos, la popularidad de Bachelet y la potencia de su contingente legislativo garantizaban los cambios. Por primera vez un presidente de la coalición de centro izquierda tendría el poder unilateral de ejecutar su agenda sin tener que ceder terreno a los vetos institucionales de la oposición. Simpatizantes de la centro-izquierda juraban que sería una cosa de meses para que se aprobaran la reforma tributaria, la reforma electoral, la reforma educacional y la reforma constitucional.

Aun con esa confianza, fue una sorpresa cuando las reformas efectivamente se empezaron a aprobar. En septiembre de 2014, tras cuatro meses de tramitación legislativa, se aprobó la reforma tributaria (con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal). En enero de 2015, tras siete meses de tramitación legislativa (con el objetivo para poner fin al lucro, al copago y a la selección). También en enero de 2015, pero tras ocho meses de tramitación legislativa, se aprobó la reforma electoral (con el objetivo de terminar con el infame sistema binominal).

En pocas palabras, la Presidenta y su gobierno cumplieron.

Ahora bien, a diferencia de lo que parece, la popularidad de la Presidenta y el poder de su contingente legislativo no ha sido del todo positivo. Al ser un gobierno con un alta prospectiva de éxito, Bachelet ha tenido que lidiar con la soberbia de su coalición. Al tener los votos suficientes para pasar varias de las reformas, los legisladores de gobierno erróneamente optaron por transitar por el desconocido camino unilateral antes que la conocida ruta de los acuerdos. La decisión inevitablemente creó efectos secundarios que impactaron a la gran mayoría de los chilenos.

La estrategia legislativa es evidencia de lo anterior.

La Presidenta y su gobierno legislaron con furia. Pasaron leyes a destajo. Interpretaron el apoyo en las urnas como un cheque en blanco. No se detuvieron a pensar en los efectos secundarios. Lo anterior inevitablemente les pasó la cuenta, según la economía. La agenda legislativa generó incertidumbre, y la incertidumbre provocó una caída en el crecimiento (la más baja desde 2009) y un aumento en la inflación (la más alta desde 2009). Como consecuencia adicional, según varios economistas de la plaza, se frenó la tendencia a la baja en la tasas de desocupación.

El manejo político no fue mejor. El holgado margen de poder, que habían concedido las elecciones, rápidamente se transformó en un espacio de desorden. Bachelet perdió control sobre su coalición. Los jugadores de veto, que normalmente provenían de la oposición, surgieron dentro de los partidos del oficialismo. Como tal, Bachelet se transformó en el principal blanco de críticas provenientes dentro de su propia coalición. Lo cual no sería un problema si no fuera por el hecho que las molestias se ventilaron periódicamente por la prensa.

Tampoco sería un problema si la Presidenta habría logrado controlar situaciones que sí dependían exclusivamente de ella. Pero en esto también, ha sido deficiente. Un ejemplo claro es la manera que enfrentó las complicadas situaciones que se desencadenaron tras las desubicadas palabras del embajador de Chile en Uruguay y el negocio de su nuera en el caso Caval. En ambas situaciones, la Presidenta tenía facultades exclusivas para actuar y no lo hizo. En el primer caso, decidió mantener al polémico embajador, y en el segundo actúo con torpeza y lentitud.

Nada de esto ha pasado desapercibido. Todas las encuestas muestran una caída en la popularidad de la Presidenta. Tras un año en La Moneda, la encuestadora Adimark muestra una caída en la popularidad presidencial de 15 puntos (de 54% a 39%). Similarmente, la encuestadora Plaza Pública Cadem muestra una caída en la popularidad presidencial de 18 puntos (de 52% a 34%). Ambas encuestas muestran caídas significativas en las expectativas relacionadas con el estado de la economía, el apoyo a las reformas estructurales centrales, y la capacidad de poder manejar situaciones de crisis.

Parece inevitable sacar en limpio que la visión de largo plazo del proyecto de Bachelet tiene costos a corto plazo. Aunque correlación no significa causalidad, pareciera evidente que las reformas han tenido un costo significativo sobre el manejo económico y político de la Presidenta y su gobierno. Aunque algunos cambios recientes han buscado enmendar esa ecuación, los índices de popularidad siguen a la baja. Si la pregunta es si los chilenos piensan que los beneficios a largo plazo relacionados con las reformas superan los costos a corto plazo, la respuesta pareciera ser que no. Que no vale la pena.

#Chile. Caso Penta: segunda tanda

Publicado en Tele 13

Existe un debate sobre el estado de salud del modelo económico y político de Chile. Una hipótesis es que el modelo instalado en dictadura y perfeccionado en democracia se derrumba. Esta hipótesis compite con la hipótesis nula que sugiere que el modelo goza de buena salud. Es un debate abierto, pues la plétora de opiniones no ha cedido terreno al concierto.

Pero el debate ha sido funcional más allá de su propia utilidad. Ha servido como marco teórico para clasificar y entender el efecto de fenómenos económicos y políticos desde una perspectiva menos específica y más integral. Ante la sospecha de que se derrumba el modelo, observadores han catalogados hechos como evidencia a favor o en contra de aquello.

Algunos han sugerido que el caso Penta cae de cajón en este debate. La pregunta, entonces, es si los hechos relacionados con el caso apoyan o rechazan la hipótesis del derrumbe. Por un lado, se puede argumentar que si los poderosos de siempre están usando el modelo a su favor para eludir y evadir impuestos, además de para financiar favores políticos, la hipótesis es correcta.

El problema es que por otro lado se puede argumentar con igual parsimonia que el caso Penta es evidencia irrefutable que el modelo goza de buena salud. Efectivamente, si el modelo se concibe como un conjunto de instituciones diseñadas para crear y perpetuar desigualdades, tiene más sentido rechazar la hipótesis del derrumbe que aceptarla.

Dado que aprobar o rechazar la hipótesis en este caso es un ejercicio subjetivo, es problemático utilizar el caso Penta como evidencia. Sin embargo, las bases de la teoría del derrumbe sí pueden ser utilizadas para comprender las motivaciones y actitudes de los actores relacionados a las instituciones económicas y políticas – e incluso legales – afectadas por el caso Penta.

Lo anterior parte de la base que el caso Penta – incluyendo su dimensión económica y su arista política –constituye tanto un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema económico (corrupción desde el empresariado), como un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema político (corrupción desde la clase política).

En este escenario, las duras medidas contra las personas recientemente formalizadas cobran sentido. El Ministerio Público habló fuerte y claro, y lo hizo para proteger las instituciones. Su decisión de formalizar a Lavín, Délano y los demás no fue arbitraria. Fue un mensaje a quienes han usado, y quienes pretenden usar, el sistema económico y el sistema político para su propio provecho.

Ahora bien, como todo negocio, el caso Penta consta de dos partes: la parte activa y la parte pasiva. Hasta ahora, el Ministerio Público solo ha formalizado a la parte activa – el empresariado. La lectura, entonces, es que el mensaje emitido es parcial. Para que el mensaje sirva como mecanismo disuasivo contra la corrupción (privada y pública) deberá formalizar también a la parte pasiva – la clase política.

Esto explica la tensión que emana desde los partidos. Se espera que quienes participaron pasivamente del negocio de Penta también sean formalizados. Y son varios los que están en fila, desde la Alianza a la Nueva Mayoría. El trabajo del Ministerio Público solo estará completo cuando esto suceda. Amonestar solo la parte activa no garantiza que los políticos renuncien a recibir aportes de forma irregular.

Mientras se espera la segunda tanda de formalizaciones, el poder ejecutivo debe actuar. De poco sirve convocar a un consejo asesor para determinar las medidas a tomar. Ya existen varias propuestas para prevenir que existan más casos Penta en el futuro. Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, al igual que Espacio Público, ya han avanzado en esta materia. Es menester no desperdiciar sus contribuciones.

Bachelet debe actuar con convicción y con rapidez. En medio del caso Caval, lo peor que puede hacer es dilatar lo inevitable. El bosquejo de proyecto avanzado por su gobierno perfectamente puede confluir con las propuestas mencionadas arriba. Bachelet debe enviar el proyecto cuanto antes al Congreso y exigir que desde allí se discuta con altura de miras la forma de proteger la institucionalidad.

#Chile. El empate: caso Penta y “NueraGate”

Publicado en La Tercera

El NueraGate ha sido el embate más fuerte contra el gobierno de Bachelet desde su inauguración. Su efecto político supera con creces el que provocó el caso que ligaba a la campaña de Bachelet con facturas a una persona relativamente desconocida, y el efecto que tuvo el caso que ligaba a la campaña de Bachelet con una cena de recaudación de fondos en un yate en Nueva York.

Hasta el destape del NueraGate, Bachelet parecía políticamente inmune a lo que pasaba a su alrededor. Desde su inauguración, se mantuvo consistentemente cerca de la mayoría absoluta de la aprobación — algunos meses más arriba, otros meses más abajo. En el mismo periodo, la clase política, particularmente la Alianza azotada por el caso Penta y sus distintas aristas, perdía apoyo entre la gente.

Después de tratar infructuosamente de aplicar la teoría del empate, primero con el caso de las facturas y después con el caso del yate, la Alianza finalmente dio en el blanco. Encontró el flanco más débil de la presidenta: su familia. Ni el caso de las facturas ni el caso del yate había ganado tracción, pues la ciudadanía nunca lo concibió como “igualable” con el caso Penta.

El NueraGate, en cambio, si se le comparaba. En términos de magnitud, es difícil pensar algo más escandaloso que tráfico de influencias por parte de la familia presidencial. En términos de profundidad, el monto de la operación puso en relieve la inconsistencia entre la agenda socialista de la Presidenta y el ojo empresarial de parte de su familia.

La teoría del empate nunca es bienvenida, pues implícitamente sirve para justificar actitudes que son por naturaleza condenables. Pero sí permite constatar la existencia o la ausencia de un efecto. En este caso, la teoría del empate sirve para comparar el efecto del caso Penta sobre la popularidad de la Alianza con el efecto del NueraGate sobre la popularidad de la Presidenta.

De acuerdo a la teoría, si la caída en la popularidad es equivalente, hay un empate.

Es un ejercicio complejo, pues la popularidad de una coalición no es equivalente a la popularidad de un presidente. Además, las encuestas tienden a introducir error por sí solas. Pero si se relajan estos y otros supuestos, los datos apuntan a un empate. Mientras que la encuesta Adimark muestra una baja de 9% para la Alianza en enero, la encuesta Cadem muestra una baja de 9% para la Presidenta en febrero.

Aquello sugiere que el efecto del caso Penta sobre la Alianza y el efecto del NueraGate sobre la presidenta son similares. Algunos podrán decir que ambos casos no son comparables, y que el efecto de ambos es distinto. De acuerdo, puede ser. Pero es el mejor proxy. Tiene sentido, además, dado que tanto el caso Penta como el NueraGate son los dos eventos que han causado más daño a cada parte.

Ahora bien, la pregunta más relevante no es (a) si provocaron un efecto o no, es (b) sobre la magnitud del efecto. La respuesta a la primera pregunta es evidente en las encuestas, la segunda no. Lo importante, entonces, es responder: si el daño causado por la caída en la popularidad de la Alianza es mayor o menor al daño causado por la caída en la popularidad de la Presidenta.

A todas luces, parece ser que ante igual caída en popularidad, el daño causado a la Alianza es significativamente mayor al daño causado a la Presidenta. Aunque ambas partes bajan 9% en las encuestas, la Alianza queda peor parada que la Presidenta. La baja en la popularidad de la Alianza implica más daño a largo plazo que la baja en la popularidad de la Presidenta.

Primero, porque la Presidenta permanecerá en el cargo hasta el fin de su periodo constitucional. Independiente de cuánto apoyo obtiene en las encuestas, seguirá al mando del país. En contraste, la Alianza podría perfectamente desangrar hasta morir. No sería una sorpresa que RN decida amputar a la UDI de la coalición – sobre todo considerando la nueva oferta de movimientos y partidos.

Otra razón por la cual el caso Penta daña más a la Alianza que el NueraGate daña a la Presidenta está relacionada con el estado de avance de cada parte. Bachelet ya ha pasado dos de sus tres reformas estructurales por el Congreso. En contraste, la Alianza no ha nada relevante. Si el periodo presidencial se acabara mañana, Bachelet tendría más puntos a favor que la Alianza.

Asimismo, una baja aprobación de Bachelet influye mucho menos en futuras elecciones que una baja aprobación de la Alianza. Es mucho más probable que la Nueva Mayoría gane una elección (ya sea presidencial, legislativa o municipal) pese a la aprobación de Bachelet, que la Alianza gane una elección pese a su propia aprobación.

La teoría del empate no tiene utilidad real. Aunque la Alianza y la Presidenta bajen 9%, el efecto es distinto para cada uno. Pues el guarismo no contempla las circunstancias tras la baja, y tanto la Alianza como la Presidenta obran en función a sus propias circunstancias. El caso Penta afecta mucho más a la Alianza de lo que el NueraGate afecta a la Presidenta.

#Chile. Adimark: El 11% del país

Publicado en Tele 13

El 11% del país aprueba a la Alianza, según Adimark. Es el porcentaje de aprobación más baja registrada por la encuesta desde que comenzó a medir la popularidad de coaliciones políticas en 2006. Cuatro razones explican el bajo nivel de apoyo. Primero, la mala estrategia legislativa de la Alianza. Segundo, el mal manejo del caso Penta de la UDI y RN. Tercero, el buen trabajo legislativo del gobierno. Cuarto, las oportunas medidas de mitigación de Bachelet. Si la Alianza no se hace cargo de sus problemas, la crisis en la derecha se profundizará. Tanto la UDI como RN deben asumir la responsabilidad que les corresponde en el caso Penta

En lo que va de gobierno, la Alianza no ha sido una oposición constructiva. Se ha dedicado a frenar las reformas impulsadas por el gobierno. Su agenda ha estado casi exclusivamente enfocada en mantener el status-quo. La Alianza no ha propuesto alternativas legislativamente viables a lo que propone la administración de Bachelet. En todas las tramitaciones legislativas emblemáticas se ha dedicado a dilatar el debate. Es entendible que tengan una postura opuesta a la del gobierno, pero no es razonable que se atrincheren en criticas irrelevantes. Al calificar todas las reformas de malas e innecesarias, han antagonizado a la gran mayoría de la gente — ese 63% que voto por Bachelet en segunda vuelta.

Como si fuera poco, lo han hecho en en medio del caso Penta, la peor crisis política que ha azotado a la derecha desde el retorno de la democracia. Desde un inicio la UDI ignoró todas las señales que indicaban que su coalición sería la más perjudicada. En vez de asumir la responsabilidad política y judicial que les correspondía, el partido se dedicó profesionalmente a negar todas las acusaciones. Solo después de la apertura del secreto del caso, admitieron algunos errores involuntarios. RN no lo ha hecho mejor. Al apoyar a la UDI, e ignorar su propia responsabilidad en el caso, han implícitamente avalado el oscuro mecanismo de financiamiento irregular.

Los errores-no-forzados de la Alianza, y el mal manejo del caso Penta por parte de la UDI y RN se contraponen radicalmente a lo que ha estado haciendo el gobierno. Bueno o malo, la administración de Bachelet se ha dedicado a cumplir con su programa de gobierno. De las tres grandes reformas que prometió hacer, ya ha hecho dos — la reforma tributaria y la reforma educacional. Además, llevó a cabo la reforma electoral y aprobó el Pacto de Unión Civil. En pocas palabras, ha hecho la pega. El gobierno hace lo que fue elegido para hacer. Para muchos, la Alianza solo ha estorbado. Se le ha atravesado incluso a los más derechistas. Pues, no han logrado mostrar vías alternativa a la del gobierno.

En el intenso año legislativo, de reformas estructurales, los problemas de corto plazo indudablemente se acentuaron. De hecho, por eso bajó la aprobación de Bachelet en la primera mitad del 2013. La Presidenta no logró controlar variables de corto plazo. Al estar excesivamente enfocada en legislar sobre el Chile del futuro descuidó la contingencia. Al percatarse del error, hacia fines del 2013, rápidamente lo enmendó. Con la baja en los precios de bencina, y otros productos necesarios para el día-a-día, logró dar con un balance entre lo estructural y lo coyuntural. Mientras la Presidenta presentaba resultados, la Alianza despotricaba sin fundamentos.

Hoy solo el 11% del país aprueba a la Alianza. No sorprende, pues después de criticar todo lo que la gran mayoría de los chilenos pidió en la última elección, se han cavado su propia tumba. Si bien algunos han apoyado a la oposición, ha sido prácticamente imposible estar de acuerdo con el oído sordo que le han hecho al caso Penta. Ese 11% se contrasta con el apoyo que tiene la Nueva Mayoría, que ha hecho bien su pega. Aunque algunos estén en desacuerdo con su agenda legislativa, sigue siendo un programa popular. La única forma en que la Alianza puede subir sus índices de aprobación es hacer lo que puede con lo poco que tiene. Por lo bajo, es ser una oposición constructiva, y hacerle frente, aunque duela, al caso Penta.