#Chile. Nueva Mayoría: fecha de caducidad

Publicado en La Tercera

Durante el primer año en el poder, los partidos de la Nueva Mayoría lograron pasar una serie de proyectos de ley que ensalzaron a la coalición como la más poderosa desde la vuelta a la democracia. Nunca hubo un gobierno que tuviese tantos votos en el congreso, y que pudiese legislar sin el visto bueno de la oposición.

Hoy, la situación es radicalmente distinta. Muchos sugieren que la exitosa coalición se derrumba en cámara lenta. Dicen que la voluntad de los partidos para coalicionar en la elección de 2013 ya no existe. Indican que la tortuosa relación entre los dos partidos extremos—la Democracia Cristiana y el Partido Comunista—es la principal culpable. Sobran razones para pensarlo.

Hace algún tiempo, el líder fáctico de la DC, Gutenberg Martínez, advirtió que la Nueva Mayoría no era más que un acuerdo político-programático con fecha de caducidad, generando el primer oleaje de rumores. Hace solo una semana, el presidente del PC, Guillermo Teillier, amenazó con abandonar la coalición e incluso salir a la calle a protestar si el gobierno renunciaba al programa.

Manejar la relación política entre ambos partidos ha probado ser una tarea compleja. La líder de la coalición, Michelle Bachelet, ha tenido que dar y quitar para mantener a ambos partidos en la coalición. En el primer año, la Presidenta privilegió al PC, implementando una agenda progresista. Pero hace poco dio un vuelco hacia la DC, moderando las reformas y adoptando una perspectiva “realista”.

Este complejo vaivén es lo que sugiere el eventual quiebre. Es difícil pensar que el poder se pueda distribuir pendularmente, entre la DC y el PC, de forma estable. No solo es ineficiente gobernar de forma progresista un año y de forma moderada el próximo, sino que es un método de gobierno ineficaz si se pretende lograr metas a largo plazo.

Ahora bien, aunque los rumores de quiebre de la Nueva Mayoría son fundadas, también hay razones para pensar que la coalición podría seguir adelante. La interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos mantiene los incentivos para formar coaliciones. Incluso, lo más probable es que en las próximas elecciones existan más partidos y más coaliciones que nunca antes.

Ergo, la pregunta relevante es: ¿cuál será la distribución de los partidos en coaliciones a la izquierda del centro? Hay al menos tres escenarios plausibles. El primero es que la Nueva Mayoría se mantenga intacta, y repita la alineación titular de 2013. El segundo escenario es que la DC compita por sí sola en el centro, y el tercer escenario es que el PC se desprenda hacia la izquierda.

Entre estos tres escenarios, la opción de mantener la alineación titular de la Nueva Mayoría es la más probable. Caballo que gana repite. Al fin y al cabo, los partidos han logrado pasar reformas importantes, y los problemas parecen ser solucionables. Las disputas entre las cabecillas tienen más forma de bluffs para ganar tiempo y espacio para fijar la agenda de la coalición.

Pero el escenario de la DC en el centro también tiene sentido. Principalmente porque significaría volver a su lugar natural. Dado que el partido fue fundado en el centro, sería una decisión que las elites podrían fácilmente explicar a los militantes. Además, tendría sentido que los partidos más progresistas de la actual coalición operaran desde su propio nicho.

El tercer escenario es que el PC siga su propio camino. Tiene sentido, pues con el nuevo sistema electoral ya no tendrán la misma dificultad para acceder al congreso. Podrán fácilmente mantener a sus seis diputados sin la necesidad de tener que transar sus principios ideológicos. Asimismo, la DC junto a los socialistas podrán retomar el pacto que los hizo la coalición más exitosa de los noventas en la región.

En definitiva, si bien los rumores de un quiebre en la Nueva Mayoría tienen fundamentos, en ningún caso sería un quiebre total. En el peor de los casos uno de los partidos extremos abandona el buque. Incluso, si cualquiera de los dos lo hace, la Nueva Mayoría tendría más coherencia de la que tiene hoy. Es decir, se transformaría en una verdadera coalición progresista, o volvería a sus raíces.

#Chile. El segundo tiempo

Publicado en La Tercera

Cuando comenzó el cuatrienio de la Nueva Mayoría muchos pronosticaron que sería un gobierno estructuralmente renovador. No solo porque lo anticipaba el programa, sino porque además se habían conjugado las condiciones políticas necesarias para serlo. Bachelet había ganado la elección presidencial con el porcentaje de votos más alto desde el retorno de la democracia, y la lista legislativa de la coalición había obtenido una mayoría significativa en el congreso.

Efectivamente, el primer año de gobierno trajo consigo varias transformaciones estructurales. Antes de celebrar su primer año en el poder, la Nueva Mayoría logró pasar importantes proyectos de Ley, incluyendo la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral. La coalición se fue de vacaciones celebrando su éxito, confirmando que la popularidad de Bachelet, junto con la mayoría legislativa efectivamente fue una combinación perfecta.

Pero la celebración fue corta. En el mismo mes del receso legislativo, mientras las autoridades de gobierno se encontraban veraneando, se desató el caos. Al caso Penta, que se arrastraba desde septiembre de 2014, se sumaron el caso Caval y el caso SQM. Entraron al ruedo varios legisladores, unos cuantos funcionarios del gobierno, e incluso se sugirió que la propia Presidenta estaría involucrada en un esquema irregular de financiamiento político.

Como consecuencia al destape de la hoya, cayeron transversalmente los niveles de confianza a las instituciones políticas y los índices de apoyo a los políticos, forzando una parálisis legislativa. La crisis dejó a la oposición al margen del debate, y al oficialismo en una crisis interna. Luego de dos meses, donde los medios y la fiscalía se turnaron el control de la agenda, la Presidenta finalmente acusó recibo, y decidió – tardíamente – realizar una serie de cambios para enmendar el rumbo.

El primero – y probablemente más importante – fue el cambio de gabinete en mayo de 2015. Nueve de 23 ministros dejaron sus carteras, incluyendo los titulares del comité político – Interior, Segpres, Seggob y Hacienda. La salida de Peñailillo y Arenas fue un duro golpe a la estructura Bacheletista asociada con la estrategia de avanzar sin transar. La llegada de Burgos y Valdés, y eventualmente de Eyzaguirre, dejó entrever que la Presidenta entendía la gravedad del asunto.

El cambio de gabinete fue seguido por una revisión completa a la nómina de subsecretarios, intendentes y embajadores, para corregir las cuotas de poder asignado a los partidos y castigar a los personeros vinculados a las irregularidades investigadas por la fiscalía. Al parecer, estos cambios fueron insuficientes para permitir que el gobierno retomara el control. Por eso, arrinconada, la Presidenta finalmente tuvo que admitir que no podría llevar a cabo su programa.

A primera vista parece claro que se inicia un segundo tiempo en el gobierno. No hay dudas que existe la intención de salir del hoyo. Pero mientras los anuncios no se transformen en realidades, no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. En términos prácticos, solo existe la voluntad del gobierno de enmendar el rumbo, pues no ha habido cambios que permitan sostener que efectivamente lo hará. Bien podría ser una estrategia política para ganar espacio.

El segundo tiempo solo comenzará si el gobierno se abre a corregir la reforma tributaria, revisar la reforma educacional, transar en la reforma laboral, y posponer la reforma constitucional. En cambio, si el anuncio de la presidenta queda en la mera intención de moderar su programa, el gobierno continuara cojo, en el primer tiempo. Evidentemente lo primero es lo mejor. No solo le da un respiro al gobierno, pero es una señal de buena fe que puede reanimar al decaído sistema político.

En retrospectiva queda claro que haber pasado la aplanadora debilitó al gobierno. A meses de haber celebrado las reformas, hoy abunda la sensación que un camino de dialogo hubiese sido mejor. La reforma tributaria es el mejor ejemplo. Haber optado por una estrategia legislativa expedita no tuvo beneficios ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho todo lo contrario – tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y puso en duda el criterio del gobierno a la hora de enviar reformas al congreso.

El gobierno ya dio el paso más importante: admitió que el rumbo no era el correcto. Ahora solo falta que lo demuestre en hechos. El segundo tiempo debe caracterizarse por uno de dialogo, donde irrelevante de la popularidad de la presidenta y el tamaño de su contingente legislativo, se priorice el debate. Por supuesto, esto significa avanzar más lento, pero también significa avanzar más seguro. Y aunque sea doloroso, la Presidenta debe considerar echar pie atrás en reformas que nacieron prematuramente.

#Chile. Crisis política: ¿Reformas, nueva Constitución o ignorar?

Publicado en La Tercera

Chile atraviesa por una crisis política, visible en tres hechos claves: la pérdida de confianza de la gente en las instituciones políticas, la caída sostenida en la aprobación de sus actores, y una parálisis legislativa. A todas luces los tres hechos parecen estar relacionados de forma causal. Dado que la gente no considera que la clase política es legítima o no se siente representada por ella, la han castigado en las encuestas, generando un escenario político con significativamente más jugadores de veto en la arena legislativa, a su vez resultando en una situación de estancamiento legislativo.

Una clase política deslegitimada que no representa a la gente difícilmente puede gobernar. Cuando la aprobación a las instituciones y al conjunto de actores que las puebla es baja, el gobierno difícilmente puede conseguir apoyo para pasar sus proyectos. Esta es la situación actual. El destape del financiamiento político irregular indirectamente condujo a una proliferación de actores de veto, fraccionando el sistema. El gobierno mayoritario no puede pasar reformas porque la oposición las deslegitima con facilidad, y la oposición minoritaria no puede hacerlo porque no tiene el cuórum.

Es importante salir de la crisis por varias razones, pero principalmente para revertir la situación de parálisis legislativa. El gobierno debe avanzar en su agenda, y la oposición debe contribuir en el debate. Mientras no se solucione el problema de fondo – recuperar la legitimidad y representatividad de la clase política – no será posible retomar la agenda. Es un desafío complejo, pues los problemas no comenzaron en este gobierno. Hasta ahora, se han propuesto al menos cuatro alternativas para darle solución a la crisis.

Una alternativa es sencillamente ignorar la crisis, y apuntar a taparlo con otros temas. De hecho, es lo que se hizo en un principio. Cuando estalló el caso Penta en septiembre del año pasado, el gobierno ni se inmutó. Probablemente anticipando que el problema se disiparía con el tiempo, decidió hacerle vista gorda y seguir adelante. Solo comenzó a mostrar preocupaciones después del caso Dávalos, en febrero de este año.La consecuencia de optar por esta alternativa fue desprestigiar aún más las instituciones políticas, y conducir los índices de aprobación de la mayoría de los actores a su mínimo histórico.

Una segunda alternativa es hacer pequeñas reformas. Esta alternativa nació como consecuencia al fallido intento de ignorar la crisis. Es una solución propuesta implícitamente por parte de los presidentes de los partidos políticos en un intento de prevenir el desangramiento de la elite. La idea incluso fue recogida por la presidenta Bachelet, y ejecutada por la comisión Engel. Se propuso solucionar la crisis por medio de reformas específicas a las partes conflictivas de la regulación. Un buen comienzo, pero que levanta preguntas sobre su utilidad a largo plazo.

Una tercera alternativa, más radical aun, es redactar una nueva constitución sin los vicios de la actual. La lógica es que las reformas propuestas por la comisión Engel no serían suficientes, puesto que la crisis tiene sus raíces en una problema originario, más que contextual. Esta alternativa ha sido principalmente impulsada por los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría. En un principio suena como una solución a la altura de problema, pues una reforma estructural sería la única forma de enmendar una traba de la magnitud de la crisis actual.

Una cuarta alternativa es ligar la nueva Constitución a un nuevo gobierno convocado por medio de elecciones anticipadas. De las cuatro alternativas es sin duda la más radical, y a la vez la menos plausible. Quienes apoyan esta moción no están organizados, y el razonamiento que plantean no es enteramente claro. Es improbable que un cambio de gobierno solucione la crisis, pues es mucho más probable que los problemas democráticos estén ligados a las reglas del juego que a los jugadores. Esta alternativa solo demuestra la profundidad del problema.

Las cuatro alternativas que se han propuesto son indicativas de cómo ha escalado la gravedad de la crisis. Si el gobierno habría propuesto un mínimo nivel de reformas desde un principio, en vez de haber ignorado la crisis, hubiese controlado el problema de mejor manera. Posiblemente podría haber continuado su exitosa senda reformista. Pero al ir un paso más atrás, sin acusar recibo, no solo ha agravado la situación hasta el punto de parálisis legislativa, sino que ha dado piso para que el llamado de unos pocos a elecciones anticipadas sonara como una solución viable.

Lo más probable es que la solución a la crisis descanse entre la segunda y la tercera alternativa. Si bien es necesario hacer algunas reformas focalizadas, es improbable que estas logren solucionar todos los problemas por sí solas. El origen de la crisis de legitimidad, y representación, va más allá del destape del financiamiento político irregular. Aunque el argumento de que una nueva constitución limpiará el país de la corrupción es incorrecto, es probablemente la mejor propuesta a esta altura. El gobierno se debe adelantar a las demandas y proponer de una buena vez su fórmula para revertir la crisis.

#Chile. Proceso constituyente: actores y estrategias

Publicado en La Tercera

Una nueva constitución está en el horizonte. No tiene fecha, pero será más temprano que tarde. La mayoría de los actores políticos relevantes concuerdan que es un paso necesario para seguir adelante. La piedra de tope es está en el proceso – definido como el conjunto de normas que regulan la causa. Pues las normas serán cruciales para el producto – definido como el contenido de la nueva constitución. El cálculo político del momento es: quién defina el proceso se adjudicará el producto. Pues, quien diseñe el conjunto de normas lo hará con el único objetivo de conseguir mayor influencia sobre el contenido.

Como conjunto de normas me refiero específicamente al cuándo, al cómo y al quién. El cuándo es el periodo de tiempo en que se llevará a cabo la causa. El cómo y el quién se refieren al mecanismo que se utilizará. El tiempo depende del mecanismo, y el mecanismo se resuelve por una de dos vías. La primera es la institucional y la segunda es la participativa. La primera vía es la que comúnmente se presenta como el congreso constituyente, y la segunda vía es lo que popularmente se presenta como la asamblea constituyente.

Quien defina estos tres elementos será quien obtenga mayor peso relativo en la redacción del contenido. Por defecto, es el gobierno. Es quien tiene el poder para fijar la agenda, quien tiene los recursos, y quien tiene la visión holística. Sin embargo, por la magnitud de la tarea, y el elemento democrático que se pretende incorporar, es probable que el proceso sea uno en donde participen múltiples actores. Desde las tradicionales Alianza y Nueva Mayoría, a las nuevas alternativas de centro y el partido progresista. Cada uno, sin embargo, tendrá que optimizar su estrategia para influir en el proceso.

Lo anterior explica la ambigüedad del gobierno. Bachelet sabe que la mejor forma para promulgar una nueva constitución es escuchar a todos. Una vez que se formen mayorías, podrá endosar la opción más atractiva. Este proceso está en un estado incipiente. La Alianza está dividida, con RN a favor de la vía institucional y la UDI a favor del statu quo. La Nueva Mayoría se inclina por la vía participativa, excepto la DC que está alineada. A su vez, las alternativas de centro han mostrado más cercanía con RN, y el PRO ha simpatizado con los partidos más progresistas de la Nueva Mayoría.

La tarea de Bachelet es compleja. Deberá decidir entre gastar su capital político en presionar por la promulgación de una nueva constitución antes del fin de su cuatrienio, o simplemente definir el conjunto de normas para que el próximo gobierno sea quien conduzca el proceso. Es una decisión difícil, pues todo gobierno busca dejar un legado, y que mejor que una nueva constitución. El propio Lagos lo trató de hacer en 2005, quedando corto. Por lo mismo, resignarse a fijar las reglas, para optimizar la legitimidad y profundidad de la nueva carta, no es una mala opción si no hay agua en la piscina.

La Nueva Mayoría debe evitar repetir el fracaso de Lagos. Para eso, su mejor apuesta es sincerar el proceso que buscan instalar, y comenzar a generar simpatía y adeptos a favor de su causa. Sin embargo, para esto, los presidentes de los partidos se tendrán que poner de acuerdo. Mientras más partidos estén alineados, más probable es que puedan influir en la decisión final de la presidenta. Si el objetivo es promulgar la constitución durante el actual periodo, entre otras cosas, los partidos progresistas de la coalición tendrán que tender puentes entre la DC y el PRO.

La Alianza, en cambio, parece estar en una posición más débil. Con RN a favor de un cambio institucional y la UDI a favor del statu quo, la coalición promete ser un bloque menos relevante en el proceso. Mientras no sean capaces de forjar un proceso único donde ambos estén de acuerdo, la división de la coalición en esta materia podría significar un grave retroceso para su agenda ideológica. Si la UDI se mantiene a favor de la actual constitución, tendrá menos voz y voto sobre la carta fundamental que viene. A su vez, le dejara el camino libre a RN para negociar con otros actores que se le asimilen más.

Esto parece dejar a las alternativas de centro en una posición sumamente relevante. Una coalición de centro podría eventualmente inclinar la balanza hacia un lado u otro. Si optan por una vía institucional (como sugirió Velasco hace algunos días) contribuirán a la resistencia que emana desde la derecha, y consecuentemente aumentarán su cuota de poder en el sistema político. A su vez, si optan por la vía participativa, podrán negociar con la Nueva Mayoría para maximizar su presencia en la asamblea constituyente.

Ninguna estrategia está escrita en piedra. Lo único cierto es que mientras más a la derecha está el actor, más favorece el statu quo; y mientras más a la izquierda está el actor, más favorece la asamblea constituyente. En los próximos meses Bachelet deberá sondear quienes son los actores que están dispuestos a negociar y a formar mayorías para posibilitar el inicio del proceso constituyente. A su vez los actores estarán constantemente monitoreando las banderas de los demás para ver dónde están las alianzas ganadoras. Lo cierto es que los partidos y movimientos de centro serán la bisagra del proceso.

#Chile. Criterios para el cambio de gabinete

Publicado en Tele 13

La agudización de la crisis política se da precisamente por la caída repentina de confianza de la gente en los políticos a raíz de los escándalos Caval, Penta y SQM. Mantener en su cargo a las personas vinculadas con estos casos es no entender aquello. Por eso mismo, lo primero que deberá hacer la presidenta es dar de baja a todos los ministros y subsecretarios que tengan una asociación – por tangencial que sea – con fuentes de financiamiento ilegal. Esto incluye tanto a los que recibieron recursos para sus propias campañas como a los que recibieron recursos para las campañas de otros.

No haber hecho este cambio en su momento (oportunidades claras en diciembre 2014 y abril 2015) tuvo un costo político inevitable. Haber ignorado todas las señales políticas no solo deterioró a los personeros de gobierno involucrados en los casos de corrupción, sino que también a aquellos que no tienen nada que ver con el asunto. Por eso, lo segundo que tendrá que hacer la presidenta es remover de sus puestos a todos los ministros y subsecretarios que se hayan sufrido daños por alcance. Esto incluye tanto a los que han tenido que defender activamente a los involucrados, como aquellos que han callado.

Haber dilatado el cambio de gabinete también significa no haber hecho otros ajustes menores que los gobiernos normalmente hacen antes de cumplir el primer año en el poder. Insistir en confirmar en su cargo a todos los ministros más allá del plazo convencional fue un error. En este sentido, la presidenta tendrá que pedirles la renuncia a todos aquellos ministros y subsecretarios sectoriales que no han estado a la altura de su cargo. Su salida será funcional para acomodar a los que vienen, que entraran como parte de una nueva lógica en la repartija de cuotas de poder.

El espacio que quedará después de remover a los involucrados en los casos de corrupción, a los que se vieron afectados por alcance y los que tienen que salir por no estar a la altura del desafío será grande. La presidenta tendrá la dura tarea de hacer una reestructuración mayor. En este nuevo diseño deberá reparar una falencia básica de su primer gabinete; tendrá que nombrar a ministros con mayor peso político. La presidenta tendrá que nombrar a personas con mayores capacidades de negociación. Entre ellos deberá incluir a personas con aspiraciones presidenciales.

El nuevo gabinete tendrá que tener un balance que el primer gabinete no tuvo. Tendrá que ser una mezcla entre personas con experiencia y personas comprometidos con el programa. Aunque será inevitable nominar a pesos pesados, tendrán que ser personas que estén de acuerdo con su programa. El nuevo gabinete tendrá que ser una amalgama perfecta entre personeros de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Cualquier otra alternativa sería nefasta. La presidenta necesita el apoyo de la vieja guardia para generar gobernabilidad, pero la presencia de la nueva guardia para fijar objetivos.

Como guinda de la torta, la presidenta tendrá que hacer estos ajustes tomando en cuenta los ejes cardinales que ella misma estableció como cruciales para cualquier equipo de gobierno. El nuevo gabinete deberá reflejar un balance en edad y en género. La presidenta se deberá asegurar que junto a los ministros de mayor peso político haya un grupo de ministros que represente el recambio generacional. A su vez, tendrá que respetar su promesa original de un gabinete paritario y darles a las mujeres un protagonismo que hasta ahora no han tenido.

#Chile. Limite a la reelección: un paso en la dirección correcta

Publicado en La Tercera

La semana pasada, la comisión Engel presentó un total de 260 medidas para hacer frente a los casos de corrupción que se han conocido durante los últimos meses. Entre esas medidas llamó especialmente la atención la propuesta de poner fin a la reelección indefinida de alcaldes. La idea surgió después de recibir una serie de sugerencias desde las distintas organizaciones todas apuntando a limitar la reelección de forma genérica. La propuesta más popular fue limitar la reelección de senadores a una vez (para completar un máximo de 16 años), la reelección de diputados a dos veces (12 años), la reelección de alcaldes a una vez (8 años), y la reelección de concejales a dos veces (12 años).

La lógica parece ser que limitar la reelección limita la corrupción. Los miembros de la comisión parecen sugerir que a medida que aumenta la tasa de recambio de autoridades elegidas, disminuirá la corrupción. En términos teóricos tiene más sentido que una autoridad establecida sea corrupta a que una autoridad nueva sea corrupta.  Los veteranos conocen las reglas del juego y saben cómo operar al borde de la ley. Los debutantes suelen pasar por una luna de miel en que carecen de tales conocimientos. En términos concretos, es mucho más probable que un legislador que lleva 24 años en el poder tenga nexos con la corrupción que un legislador que lleva cuatro años en el poder.

El problema es que el sistema político naturalmente favorece a quienes se quieren perpetuar en el poder.  Para la comisión Engel este es el problema, pues un sistema que no se renueva inevitablemente optimiza las condiciones estructurales para que se pueda desarrollar una cultura de corrupción. La evidencia parece confirmar esa intuición. Resultados electorales entre 1989 y 2013 no sólo muestran que en promedio 82,3% de los diputados que buscan la reelección lo consigue, sino que la probabilidad de un titular de ser elegido es 3,2 veces mayor a la probabilidad de un desafiante de ser electo.

Tal vez -por lo anterior- la propuesta parece ser atractiva para la gran mayoría de la gente, pues saben que los que tienen el poder no lo van a perder por defecto. Una idea que a su vez ha servido para incrementar la tensión. Muchos, afectados por la imagen negativa que proyecta la clase política, exigen que todos los involucrados renuncien voluntariamente. Otros, más molestos todavía, no discriminan entre inocentes y culpables, y piden elecciones anticipadas. En este clima, limitar la reelección surge como una salida óptima, tanto para la clase gobernada que busca limitar la corrupción de los políticos, como para la clase gobernante que busca recuperar la confianza de la gente.

No tomar este paso sólo se entendería en un escenario en que las elites se renuevan de manera automática y de forma periódica. En un sistema donde hay un recambio natural, no sería necesario limitar la reelección, pues los votantes estarían optimizando el proceso desde las urnas premiando o castigando a los candidatos, sin importar el número de años que llevan en el poder. Pero cuando las elecciones no son competitivas y los titulares tienen enormes ventajas frente a los titulares, es mejor limitar la reelección. Es la única forma de eliminar los vicios que se arrastran del pasado. Es necesario, incluso, en situaciones como la de Chile, donde un nuevo sistema electoral está por entrar en vigencia.

La propuesta de la comisión Engel no es original. Entre 1989 y 2015 ingresaron 36 proyectos con el mismo objetivo al Congreso. De ellos, cuatro apuntaron a limitar la reelección de presidentes, 21 apuntaron a limitar la reelección de senadores y diputados, 13 apuntaron a limitar la reelección de alcaldes y concejales, y tres apuntaron a limitar la reelección de consejeros regionales. Sobra decir, que ninguno de ellos llegó a buen puerto. De ese total, 24 siguen en trámite, 11 se han archivado, y uno fue rechazado. La razón es sencilla; no es un tema urgente para los legisladores. Legislar a favor de limitar la reelección es dispararse en los pies.

A esta altura, los beneficios de limitar la reelección superan con creces los costos de mantener el sistema actual. Parece inevitable que limitar la reelección traerá consigo aires nuevos a un sistema político desprestigiado que ha perdido la confianza de la gente. El gobierno debe impulsar esta medida, enviando un mensaje al Congreso y trabajando activamente para reunir los votos para su promulgación. Por su parte, el Congreso deberá determinar si los límites sugeridos por la comisión Engel son los óptimos, o si hay que usar algún método alternativo para fijarlos. Esta medida por sí sola no borrará la corrupción de la política, pero sí es un paso en la dirección correcta.

#Chile. Cambio de gabinete: tarde y pauteado

Publicado en La Tercera

Cuando los presidentes nominan a su primer gabinete apuestan a que todos los ministros estén a la altura de los desafíos políticos y que se ajusten con facilidad a la estructura administrativa. Sin embargo, muchas veces se equivocan en esa apuesta. Algunos ministros no están dispuestos a cumplir con el programa o no calzan bien en el equipo. En estos casos, los presidentes tienen la facultad de removerlos y nombrar a personas más adecuadas en su lugar.

Lo normal es que el primer cambio de gabinete sea antes de cumplir un año en el poder. Frei (1994-2000) hizo su primer cambio de gabinete a los siete meses (Educación, Interior, Relaciones Exteriores, y Secretaria General de Gobierno). Lagos (2000-2006) hizo el suyo a los diez meses (Bienes Nacionales y Vivienda). Bachelet (2006-2010) hizo el suyo a los cinco meses (Economía, Educación, e Interior), y Piñera (2010-2014) hizo el suyo a los diez meses (Defensa, Energía, Trabajo, y Transporte).

Bachelet rompió con esta tendencia histórica. Salvo la renuncia voluntaria de la titular de Salud a los nueve meses de gobierno, el primer gabinete se mantiene intacto. La presidenta ha insistido en mantener la formación original. Van trece meses. Con esto ha dado a entender que a su juicio su apuesta inicial fue certera – sus ministros no solo han estado a la altura de los desafíos, sino que también se han ajustado con facilidad a la estructura.

Este juicio ha sido rebatido en la prensa y en la clase política. No son pocos los líderes de opinión y políticos que han pedido un cambio de gabinete. A su juicio consideran que Bachelet tendría que haber hecho su primer cambio de gabinete hace algún tiempo, y que al haberlo postergado solo ha causado daño a su propio gobierno. En promedio, opinan que tendría que haber sido en diciembre de 2014, aprovechando la salida de Molina.

En el tire y afloje entre Bachelet y los que pedían cambio de gabinete, la presidenta tuvo un veranito de San Juan. En enero logró aprobar la reforma electoral, la reforma educacional, y el Acuerdo de Unión Civil, remontó en las encuestas, y calló a todos los críticos de su gobierno. La remontada fue tal, que el ministro de Energía se dio el lujo de aparecer en todas las portadas de los diarios metafóricamente decretando verano para siempre (en referencia al huso horario).

Luego, todo cambió. En febrero apareció el caso Caval y en marzo la arista SQM. El gobierno, que había revertido su tendencia a la baja en enero, nuevamente comenzó a sufrir los embates de la prensa y la clase política. Se empezó a desgranar el choclo. El hijo de la presidenta fue involucrado en negocios ilícitos, y miembros de su gabinete en el traspaso ilegal de recursos de campaña. Como consecuencia, el programa legislativo se paralizó y la popularidad de la presidenta alcanzó su mínimo histórico.

Los eventos de febrero y marzo confirman que Bachelet se equivocó al no hacer el cambio de gabinete en diciembre. La presidenta pensó que su popularidad la blindaría ante las acciones de su hijo, y que las esquirlas del caso Penta no llegarían a La Moneda. Dos graves errores. Ante la creciente preocupación de las personas sobre la relación entre el dinero y la política, la presidenta debió haber tomado las medidas para asegurase que todas las personas en su gobierno estuvieran limpias.

Si Bachelet hubiese hecho el cambio de gabinete en diciembre su gobierno no estaría paralizado hoy. Si hubiera removido a todas personas involucradas – aunque sea tangencialmente – con Penta, SQM u otras empresas de la calaña, no solo tendría la autoridad natural para liderar el debate sobre la relación entre dinero y política, pero además estaría avanzando a pasos agigantados en su programa de gobierno. En vez de estar desmintiendo rumores, estaría legislando.

La decisión errónea de no haber el hecho el cambio de gabinete en diciembre tuvo efectos negativos indiscutibles. Por eso la pregunta sobre cuándo decidirá hacer el reajuste sigue vigente. Cada día que pasa es un día más en que el cambio está pendiente. Hasta que Bachelet no remueva a todos los involucrados en el caso Penta y SQM de su gobierno, no podrá hacer lo que fue elegida para hacer – gobernar.

Bachelet inevitablemente tendrá que hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, ya no será a su gusto. No podrá remover solo a los que quiere remover, y no lo podrá hacer cuando lo quiera hacer. Además de sacar a las personas involucradas en Penta y SQM, tendrá que sacar a los ministros desgastados por el mal manejo. Es difícil pensar en que ministras que admitan que se quieren retirar de la política, o que ministros que regularmente deben salir a dar explicaciones burdas, permanezcan en el gabinete.

A su vez, y a diferencia de lo que pudo haber hecho en diciembre, los cambios no solo dependen de ella. La caída de su fuerza relativa dentro de su propia coalición la obliga a buscar el visto bueno de los presidentes de los partidos. Algo impensado hace algunos meses cuando tenía sobre 50% de aprobación. Ahora tendrá que esperar que los partidos se organicen para hacer los cambios. El caso más claro son las elecciones internas del PS, los que tendrá que esperar para redistribuir las cuotas de poder.

A estas alturas, los nuevos ministros que entren al gabinete no solo deben estar a la altura de los desafíos y tener la capacidad de ajustarse con facilidad a la estructura existente. Sino que además deben ser capaces de hacerle frente a la crisis política. Es recomendable que sean personas que no han estado en la primera fila de los últimos tiempos, para darle un aire fresco al cambio. Pero también pueden ser actuales subsecretarios y asesores, siempre que no tengan boletas ocultas.

#Chile. Salida a la crisis de legitimidad

Publicado en La Tercera

Las democracias sanas se caracterizan por tener altos niveles de participación política. En ellas, la gente confía en las instituciones, y por ende milita en partidos políticos y vota en elecciones. Creen que sus ideas se deben canalizar por medio de profesionales de la política que se eligen en elecciones libres, competitivas y transparentes. Por el contrario, cuando la gente desconfía de las instituciones, tienden a no militar en partidos y a abstenerse de votar. No creen que sus ideas son relevantes. Piensan que la clase política es inepta o corrupta y que votar no cambia las cosas.

Chile se parece más al segundo tipo de democracia. La gente no confía en las instituciones, y por lo tanto milita en partidos y no vota en elecciones. Los datos muestran que los índices de confianza, el número de militantes y la tasa de participación electoral van a la baja. La última encuesta del CERC muestra que los partidos son las instituciones menos confiables del sistema; datos del Servel confirman que solo 5% de los chilenos milita en un partido político; y la última elección presidencial y legislativa exhibe el mayor porcentaje de abstención desde el retorno de la democracia.

Estos tres datos son particularmente preocupantes, pues constituyen evidencia robusta a favor de la tesis de la crisis de legitimidad. La poca confianza en las instituciones es lo que explica la ausencia de la gente en política. No existe un escenario en el cual la gente reprueba el sistema, pero igual milita en partidos y vota en elecciones. Naturalmente, la caída del entusiasmo post-transición y la voluntariedad del sufragio influyen en este diagnóstico. Sería imposible ignorarlo. Pero no cambian el hecho: hoy, la gente participa significativamente menos que antes.

Las elecciones internas de los partidos políticos reflejan este problema a nivel conceptual. Son una instancia de interacción entre la militancia partidista y la participación electoral. En una democracia sana, hay altos niveles de participación en las elecciones internas de los partidos políticos. En esos casos, los ciudadanos entienden el rol de los partidos en la sociedad, y no solo escogen militar voluntariamente, sino que además deciden participar con regularidad. Pues saben que la elección de la directiva, entre otras cosas, es crucial para la interpretar y proyectar sus propias ideas.

El caso de la DC, y su reciente elección interna, sirve para ejemplificar lo anterior. En 2014 el partido perdiósu categoría como el partido más grande del país—fue reemplazado por el Partido Socialista. Por eso, tal vez, no sorprendióa cuando solo 17% del padrónn de militantes DC votópara elegir a la nueva directiva —un 4% menos que en la elección anterior. Ambos hechos insinúan una perdida en la capacidad del partido para interpretar y proyectar las ideas de sus militantes. La directiva simplemente no puede representar a todos cuando solo una pequeña fracción de los militantes participa en el proceso de toma de decisiones.

Si fuera solo la DC, sería un problema aislado. Pero hay evidencia que sugiere que cada vez menos personas se inscriben en partidos políticos, y de ese reducido grupo que sílo hace, cada vez menos personas votan en sus elecciones internas. Es decir, es un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos por igual (sin contar a aquellos que no utilizan procesos democráticos para sus elecciones internas). Al fin y al cabo, un grupo de unos pocos estádecidiendo el rumbo político del país. Pues interpretan y proyectan las ideas de los sin voz, a través de programas de gobierno y nominaciones de candidatos presidenciales.

No es fácil salir de una crisis de legitimidad, pero es posible. Para aquello, es necesario reconstruir los lazos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. La gente debe volver a creer que los partidos son la manera más efectiva para canalizar sus ideas. Esto difícilmente ocurrirámientras los partidos no asuman sus responsabilidades en la crisis. Si los actuales presidentes no hacen un mea culpa, la crisis se ahondara más. No pueden seguir ignorando que son elegidos por un pequeño grupo de personas, pero que sus decisiones afectan a todos los chilenos por igual.

Los casos Caval, Penta y Soquimich ofrecen un escenario ideal para que los presidentes de los partidos puedan dar un paso importante a la hora de reivindicar las instituciones políticas. Pero para eso deben estar dispuestos a sacrificar a todos los militantes que cayeron en irregularidades. Deben garantizar que en las instituciones políticas nadie está por sobre la ley. Deben demostrar que ellos son los primeros en condenar actos de cohecho y corrupción. Es un camino difícil, pero es un camino que vale la pena. Los presidentes que sigan este camino no solo le harán un favor a su partido, le harán un favor a la democracia.

#Chile. La amenaza democrática

Publicado en Tele 13

El caso Penta y la arista Soquimich son la noticia del momento. Evidencia reciente sugiere que los patrones de financiamiento irregular en ambas empresas son parte de un plan bastante más siniestro y elaborado que lo originalmente anticipado. La diferencia entre ambas empresas, sin embargo, no es menor, dado que la naturaleza de los involucrados es sustancialmente distinta. Mientras que los imputados en el caso Penta están primordialmente relacionados con la oposición y la Alianza, los incriminados en la arista Soquimich están principalmente asociados con el gobierno y la Nueva Mayoría.

A partir de esta notoria diferencia, varios observadores de la plaza teorizaron que las dos investigaciones serían tratadas de forma distinta. La lógica tras la teoría era que la jerarquía administrativa del poder ejecutivo sobre el SII — el principal agente a cargo de querellarse — se utilizaría políticamente para ahogar una investigación que potencialmente podría acabar con varios personeros del sector imputados. Si bien no es una teoría empíricamente comprobable, el simple hecho de su plausibilidad dieron inicio a una cadena de eventos que ha llevado al gobierno y la Nueva Mayoría a su peor momento en el cuatrienio.

El retardo del SII en actuar puede ser identificado como el punto de partida. Pues la tardanza en ampliar la querella no ayudó a mitigar la sensación popular de que potenciales irregularidades entre Soquimich y la Nueva Mayoría podrían pasar bajo el radar de la justicia. En efecto, un grupo de cuatro diputados (Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Camila Vallejo) enviaron un oficio al SII exigiéndole entrar de lleno en el asunto. A su vez, dos diputados oficialistas, Hugo Gutiérrez y René Saffirio, demandaron a viva voz perseguir la causa hasta las últimas consecuencias.

Lo anterior debe ser leído como un quiebre dentro de la coalición oficialista. Mientras que algunos guardaron silencio, otros denunciaron los hechos activamente. Algunas personas podrán considerar que los segundos actuaron con apremio innecesario — sin esperar que el SII recabara todos los antecedentes necesarios para actuar. Sin embargo, esas mismas personas difícilmente podrán discrepar que el clima del momento también invitaba a una movida política de la talla — considerando la posibilidad de que los potenciales delitos pudiesen prescribir si es que no se intervenía a tiempo.

La manifestación pública de los diputados también sugiere que el clima de tensión en el gobierno y la Nueva Mayoría puede empeorar. Pues al no haber disciplina al actuar, no hay control sobre el proceso o el producto. El paso lógico en el actual clima de desorden es que a medida que más personas se vean involucradas, aumente la tensión. Peligroso, pues al fin y al cabo, todo elástico se estira hasta que se rompe. Lo más seguro es que los diputados que ya han hablado no sean las únicas voces de la disidencia, solo las que se han hecho escuchar. Asimismo, es probable que se les unan más voces a medida que no se resuelva el tema.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno y la Nueva Mayoría también deben lidiar con el daño provocado por el caso Caval. Aunque lo de Soquimich es por definición mucho más grave que lo de Caval (considerando el número de personas involucradas y la transversalidad política de las irregularidades), para muchos lo de Caval es lo único irreparable del enjambre de problemas. En parte, tienen razón, pues es probable que la caída en la aprobación de la Presidenta sea mucho más atribuible al caso Caval que a la arista Soquimich. Por Caval se culpa a la Presidenta, por Soquimich se culpa al sistema.

Los efectos de Soquimich y Caval también son diferentes. Mientras que los efectos de la arista Soquimich constituyen una amenaza para la unidad interna de la coalición, los efectos del caso Caval constituyen una amenaza para su eficiencia política. Ambas preocupantes por sí solas. Pero el efecto conjunto es significativamente más serio: una coalición de gobierno sin disciplina interna que además atraviesa por un periodo de baja aprobación y alto rechazo ciudadano es a todas luces una coalición que difícilmente puede garantizar gobernabilidad.

Bachelet tiene en sus manos la solución a esta amenaza democrática. Debe tomar medidas duras pero ejemplares contra todos los actores que recibieron financiamiento irregular ya sea de Penta, Soquimich, Caval u otras agencias que aun no conocemos. No le debe temblar la mano a la hora de cortar peso muerto. Debe reunir antecedentes sobre todas las personas que trabajan en su gobierno o que son parte de su coalición que eventualmente podrían ser imputadas por la Fiscalía por presuntas irregularidades y darlos de baja en la medida que encuentre dudas razonables.

#Chile. Algo huele mal

Publicado en Tele 13

Hace menos de un mes se reveló que Penta no habría sido la única empresa financiando política de forma irregular. Una filtración a la prensa reveló una lista de 39 personas relacionadas a campañas políticas que habrían emitido boletas a la empresa Soquimich. La normal, frente a esta situación habría sido que la Fiscalía investigara a ambas empresas con el mismo ánimo, provisto la similitud de las irregularidades.

El problema es que eso no ha sucedido. La agencia encargada de querellarse, el SII, no ha tratado a Soquimich de la misma forma que trató a Penta. Como contexto, el SII es administrativamente dependiente del poder ejecutivo, pues el director del SII es nombrado por la Presidenta de la República. En este caso particular, el director es Michael Jorratt, quien a su vez fue jefe de finanzas en la campaña presidencial de Bachelet en 2013.

Eso podría explicar la asimetría en el trato a ambas empresas. Pues hasta el momento, todo indica que la relación entre Penta y la oposición equivale a la relación entre Soquimich y el gobierno. Es decir, las boletas que habrían extendido candidatos de la Alianza a Penta para financiar sus campañas electorales serían un espejo de las boletas que habrían extendido candidatos de la Nueva Mayoría a Soquimich para financiar sus propias campañas electorales.

La teoría, entonces, es que el poder ejecutivo esta frenando la investigación por medio del SII.

Antes de entrar de lleno en esta teoría, es importante mencionar que lo de Penta es efectivamente lo mismo que lo de Soquimich. La evidencia sugiere que ambas empresas financiaron campañas de forma irregular y constante en la elección de 2013. Incluso hay indicios que sugieren que el mecanismo de traspaso de dinero se extendería a varias elecciones anteriores.

Sin embargo, la justicia ha sido más deferente con Soquimich que con Penta. Primero, Soquimich ha sido tratado como una arista del caso Penta, y no como un caso en sí. Esto es un problema, pues la información sugiere que Soquimich habría emitido más boletas y por más tiempo. Segundo, el periodo que se investiga a Penta es significativa mayor al periodo que se investiga a Soquimich. Solo se han mirado boletas relacionadas a Soquimich en Julio de 2009.

Lo más probable es que si se amplía el periodo de investigación en Soquimich aparecerán más personas involucradas. Si bien las boletas apuntan a que las personas involucradas en Soquimich son en buena parte candidatos relacionados con el gobierno, no sería una sorpresa que surgen varios nombres relacionados con la oposición. Sobre todo si se considera que Soquimich es controlado por personas políticamente ligadas a la derecha.

La única salida a este problema, es que la Fiscalía investigue ambos casos. Sin embargo, para aquello, el ente afectado debe presentar una querella para ampliar el periodo de investigación. En corto, el SII debe presentar una moción para que la Fiscalía investigue la relación entre Soquimich y candidatos en un periodo significativamente mayor al que actualmente se investiga.

Este es el meollo del asunto. Si Jorratt no persigue la investigación activamente, no habrán sanciones. Incluso se corre el riesgo de que los ilícitos más antiguos proscriban ante la ley. Esto pone a Jorratt en una situación compleja, dado que su posición es naturalmente dependiente de quienes debe investigar. No hay dos lecturas. Aunque la Fiscalía tenga buena voluntad, no puede actuar sin el visto bueno de Jorratt.

El director del SII posee las misma facultades para actuar contra Soquimich que las que tuvo para actuar contra Penta. La única diferencia entre ambos casos, según sugiere la evidencia, es que Soquimich estaría ligada a su propia coalición. Y más importante, los resultados de su querella podrían ser personalmente contraproducentes. Pues, como jefe de finanzas de Bachelet en 2013 sabe exactamente cómo se financió la campaña.

Para muchos, investigar a Soquimich abre una caja de pandora. Sin embargo, eso es solo cierto para los que no participaron en campañas electorales. Es ingenuo pensar que los mismos candidatos no saben el origen de su financiamiento electoral. Eso explica el silencio transversal en la clase política, con algunas excepciones, sobre el rol del SII en la investigación. Saben que si cae uno, caen todos.

Los que fueron financiados de forma irregular por Soquimich naturalmente no quieren que se investigue. Para ellos, la solución optima es un perdonazo. Y eso depende, en esencia de Jorratt y el SII. La salida para ellos esa ofrecer a los que ya han caído, principalmente los controladores de Penta y los candidatos de la UDI, como ofrenda, y esperar que las comisiones hagan su trabajo para instalar una nueva legislación. Un borrón y una cuenta nueva.

El dilema es que si la investigación se detiene con Penta, las instituciones no habrán funcionado. Si no se investiga a cabalidad el rol de Soquimich en el financiamiento irregular a los candidatos, las instituciones habrán fallado. En contraste, en una democracia en la cual las instituciones funcionan, si hay evidencia de ilícitos, sobre todo en el sector público, las partes afectadas toman parte activa en la investigación.

Bachelet debe ejercer su rol democrático y pedir que todos los ilícitos se investiguen de igual manera y con la misma fuerza. La Presidenta debe permitir que las instituciones funcionen. No puede obstaculizar una investigación por el simple hecho de que personas asociadas a su gobierno hayan actuado por fuera de la ley. Los partidos políticos se deben sumar a este esfuerzo. Quienes no son parte de la solución, son parte del problema.