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#Chile. Caso Penta: borrón y cuenta nueva

Publicado en Tele 13

Van diez meses de investigaciones a Penta. La acción judicial que originalmente empezó como una investigación al fraude al FUT inesperadamente terminó como una pesquisa política. Una serie de hechos fortuitos develó que Penta canalizó dinero de forma irregular a una serie de candidatos en la elección de 2013. Hasta ahora, la evidencia sugiere que los principales beneficiados fueron candidatos de la Alianza. Sin embargo, también existe evidencia que apunta a que hubo transferencias a candidatos de la Nueva Mayoría. Considerando la transversalidad de los involucrados, lo más probable es que ninguno será sancionado. Entre otras cosas, la nueva ley de financiamiento electoral les garantizará un borrón y cuenta nueva.

Para entender por qué no habrán sanciones es imperativo entender la profundidad de la arista política. Las denuncias hechas por Hugo Bravo, ex Director de Penta, sugieren que la gran mayoría de los pagos se habrían hecho a candidatos de la UDI. La notoria grabación de Bravo registra los traspasos irregulares de dinero al entonces Senador Jovino Novoa, y a los ex candidatos a senador Laurence Golborne, Iván Moreira, Jacqueline van Rysselberghe, Ena von Baer y Pablo Zalaquett. Pero también hay evidencia que apunta a una relación entre Penta y candidatos de la Nueva Mayoría. Existen boletas que involucran a la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet y al ex candidato a senador Alberto Undurraga (DC).

Una de las razones de por qué no habrán sanciones es porque la investigación del SII está enfocada a investigar a Penta, y no a los políticos. La arista política solo constituye daño colateral. Dado que el SII está detrás de las boletas falsas, y no de los políticos, cualquier acción judicial apuntará a responsabilizar a quienes recibieron las boletas y no a quienes las emitieron. Incluso si se busca perseguir a los emisores, desde una perspectiva legal, sería extremadamente difícil seguir el rastro del dinero, dado que las transferencias se hicieron con extrema cautela. El fiscal regional oriente, Alberto Ayala, ya dio luces de aquello, al sostener que “el otorgar dinero a una persona no necesariamente es constitutivo de delito”.

Otra razón de por qué no habrán sanciones es que la investigación de la Cámara de Diputados no tiene facultades suficientes. La comisión investigadora del caso Penta y del financiamiento de las campañas electorales no tiene atribuciones para fiscalizar a privados — es decir, personas naturales y personas jurídicas. La Constitución expresamente circunscribe las comisiones a investigar actos de gobierno. Técnicamente la Comisión no puede investigar a Penta. Incluso si lo hiciera (como se hizo en el caso de Colonia Dignidad y en el caso de los Pinocheques) no existe un estatuto de sanciones. Al final del día, el trabajo de la Comisión se verá reducido a un extenso informe sin utilidad práctica.

Una tercera razón de por qué no habrán sanciones es por que no hay voluntad política. Todo político tiene un instinto de supervivencia, y en este caso, prevalecerá. Pocos se querrán involucrar activamente en el caso, porque muchos tienen tejado de vidrio. Nadie querrá arriesgar su reputación en un caso de alcance nacional. Pues, si cae uno, caen todos. Basta ver la manera en que ha progresado el caso para entenderlo. Días después de que los candidatos de la UDI fueran implicados, surgió evidencia de que Undurraga recibió dinero de Penta. Asimismo, días después de que surgiera la grabación de Bravo, surgió evidencia de que Bachelet emitió boletas que potencialmente podrían ser consideradas ideológicamente falsas.

Todo apunta a que la arista política del caso Penta es un juego suma cero. Dado que ambos sectores están involucrados, a ambos les conviene lo mismo: que ninguno gane, que ninguno pierda. Al menos que uno de los dos sectores sea inocente de todo lo que se le imputa (que parece no ser el caso), lo más lógico es que todo termine en una triste anécdota. A lo más, en un par de multas. Incluso si hubiera un díscolo a favor de perseguir a los responsables hasta las últimas consecuencias, no hay sustento jurídico para procesarlos, no hay facultades legislativas para sancionarlos, y no hay voluntad política para condenarlos.

Lo anterior toma fuerza si se considera que hay un nuevo proyecto de ley de financiamiento electoral en trámite. La iniciativa, originalmente impulsada por los diputados Jackson y Mirosevic, ahora cuenta con el respaldo del gobierno. El mensaje enviado por el ejecutivo — que entre otras cosas pone fin a los aportes de las empresas y pena con multas o presidio las donaciones ilegales — arriba para regular la relación entre dinero y política en el futuro. Pero también llega para tapar todas las irregularidades que ocurrieron en el pasado. Con el nuevo proyecto, el debate en la clase política lentamente se trasladará al sistema de financiamiento que se anhela, dejando atrás los problemas del ayer.

#Chile. El futuro de la DC en la Nueva Mayoría

Publicado en La Tercera

El conflicto político en la Nueva Mayoría no ha pasado inadvertido. La serie de hechos que han generado desavenencia entre los partidos progresistas de la coalición y el partido demócrata cristiano han llevado a Bachelet a emitir una declaración inusual negando la crisis y a Walker a convocar un consejo nacional extraordinario para tratar el tema. Lo que está en juego es la continuidad de la coalición. Una alternativa es que la DC permanezca en la coalición y otra es que la DC abandone la coalición. La decisión de la DC naturalmente dependerá de los incentivos. Solo permanecerá en la coalición si los factores convergentes tienen mayor peso que los factores divergentes.

Hasta el momento, todo indica que el conflicto es serio. Al menos uno de los más importantes de los últimos años. La primera pista de aquello está implícito en la actitud de Bachelet. Al emitir una declaración sobre el conflicto rompe con su tradicional estilo de tomar distancia de los problemas partidarios. Si la Presidenta no pensara que el conflicto fuera serio, no habría intervenido. La segunda pista está explicita en la estrategia de Walker. Al convocar a un consejo nacional extraordinario envía una fuerte señal política. Si el presidente de la DC no considerara que el conflicto fuera serio no habría utilizado un mecanismo normalmente reputado como un recurso de emergencia.

Una interpretación empática de lo anterior es que tanto Bachelet como Walker buscan limar asperezas. Esto tiene sentido porque existe una dependencia mutua entre ambas partes. Bachelet necesita a la DC para aprobar las reformas que prometió llevar a cabo en su campaña presidencial, y Walker necesita al gobierno para mantener a su partido en la primera línea. Pero también tiene sentido porque ambas partes saben que la unión hace la fuerza. Un relación sólida maximiza la probabilidad de perpetuarse en el poder. Si no cooperan estratégicamente, no solo bajan las posibilidades de pasar el programa legislativo, sino que también disminuyen la probabilidades de reelegirse en la próxima elección.

Mientras que Bachelet y Walker aseguran tener una intención genuina de mantener la coalición con vida, hay dos factores que sugieren que podría ocurrir lo contrario.

Por un lado, el acuerdo programático entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría acabar si continúan las discordias. Decisiones del gobierno, como mantener al embajador Contreras en su cargo, y actitudes de la DC, como votar en contra de penalizar el lucro en la educación con cárcel, solo sugieren que existen importantes diferencias de forma y fondo. A juzgar por la relación que han llevado en los últimos meses, no es difícil anticipar que escalarán los conflictos en lo que queda de gobierno, tanto en temas relacionados a la coyuntura (ej. la designación de cargos públicos), como en temas relacionados a la estructura (ej. la tramitación de la reforma constitucional).

Por otro lado, el acuerdo electoral entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría quebrar si se aprueba el proyecto de reemplazo al sistema binominal. Bajo el nuevo régimen electoral la DC podría encontrar los argumentos que necesita para abandonar la coalición y volver a sus raíces — cerca del centro y lejos de la izquierda. El aumento en el número de escaños inevitablemente bajará las barreras de entrada y como consecuencia fraccionará el sistema de partidos. En ese escenario, no es osado adelantar que la DC evaluará seriamente la opción de seguir un camino propio. Sobre todo si observa que puede optimizar su porcentaje de votos y escaños.

Es temprano para anticipar si la DC buscará permanecer en la coalición o decidirá seguir un camino propio, pues aun no está claro si los factores convergentes (estrategias para legislar y ganar elecciones) tienen mayor peso que los factores divergentes (diferencias de forma y fondo, e incentivos electorales). Por eso, lo adecuado es presumir inercia: por ahora, todo seguirá igual. La DC solo encontrará razones necesarias para romper relaciones con los otros partidos de la coalición si se profundizan las diferencias programáticas de forma y fondo que hoy la asechan. Y solo tendrá razones suficientes para desertar si el nuevo sistema electoral le permite seguir siendo uno de los partidos más grandes del país.

#Chile. Concertación al gabinete

Publicado en La Tercera

La semana pasada el ex presidente Ricardo Lagos insinuó que existe una notoria carencia de cooperación económica entre el gobierno y el sector privado. Sus dichos no pasaron desapercibidos en el gobierno. Esta semana el operador político Gutenberg Martínez sugirió que la DC debe levantar un candidato presidencial propio cuanto antes. Sus dichos tampoco pasaron inadvertidos en La Moneda. Tanto Lagos como Martínez implícitamente critican a Bachelet y su programa de gobierno. Mientras Lagos insinúa que la agenda económica debe ser más cooperativa, Martínez sugiere que la conducción política debe ser más moderada.

Las criticas de Lagos y Martínez presagian un quiebre en la centroizquierda. Los dichos de ambos personeros apuntan a que hay un conjunto de personas dentro de la coalición que no se siente cómoda con la agenda económica y conducción política del gobierno. Mientras que el primero advierte que las políticas económicas progresistas del gobierno podrían dañar la economía, el segundo insinúa que la estrategia legislativa radicalizada podría polarizar el sistema de partidos. Tanto Lagos como Martínez apuntan a revivir a la Concertación. Para ambos el modelo cooperativo y moderado de la Concertación es superior al modelo progresista y radical de la Nueva Mayoría.

En el contexto económico actual, un quiebre en la centroizquierda podría ser fatal. Pues la estanflación (simultaneidad del alza de precios, aumento del desempleo y estancamiento económico) podría herir de muerte al gobierno. Las encuestas ya muestran un rechazo de la ciudadanía a la reforma tributaria. Esto, sumado a la pasividad de los empresarios, podría convertir la crisis económica en una crisis política. Una opción del gobierno para evitar esa crisis es abandonar la ruta progresista de la Nueva Mayoría para retomar la senda moderada de la Concertación. Aquello necesariamente implica renunciar a la agenda económica expansionista y retomar el diálogo con los empresarios.

El reciente anuncio del Ministro de Hacienda –de tender puentes con los privados– sugiere que esta será la nueva ruta. Pero la pregunta importante es si la moderación en la conducción económica será suficiente para revertir la estanflación y prevenir sus potenciales efectos políticos. Por una parte, el diálogo promete restituir la relación del gobierno con los empresarios. Pero por otra, si no hay medidas concretas –como una revisión a la reforma tributaria– será una estrategia fútil. Todo depende de la rigidez del gobierno, de cuánto está dispuesto a ceder. Si es poco –como lo ha sido hasta ahora– la situación económica sólo promete propagarse al sistema político.

Una alternativa es adoptar una conducción política más moderada, en línea con lo que sugiere Martínez. Esto no significa potenciar a un candidato presidencial de la DC, simplemente implica mostrar una señal de mesura. Un cambio de gabinete que favorezca a la DC y al sector más moderado de la izquierda serviría para tales efectos; un cambio de gabinete que reemplace a ministros progresistas de la Nueva Mayoría por ministros moderados de la Concertación. Es un recurso probado, pues el gobierno de Piñera tuvo que hacer un enroque similar. Sólo pudo producir resultados después de reclutar a Allamand, Chadwick, Longueira y Matthei.

Un cambio de gabinete serviría para complementar la decisión de tender puentes con el empresariado. Si Bachelet sólo toma medidas económicas, no detendrá el problema. Pues el origen del problema es político, no económico. Un cambio de gabinete generaría garantías desde el sector político para el empresariado. Si las personas a cargo de conducir las reformas tienen una agenda progresista, en contra de los intereses del sector privado, será difícil revertir la situación económica. El gobierno debe considerar reemplazar a los ministros que no han estado a la altura del conflicto. Sobre todo a aquellos que han estado encargados de la transformaciones más progresistas y radicales.