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#Chile. El castigo

Publicado en La Tercera

Los datos de la última encuesta CEP sugieren que existe un rechazo transversal a la clase política, afectando tanto a aquellos que actualmente ocupan cargos de poder, como los que podrían hacerlo en un futuro cercano. La molestia de la gente es especialmente visible en dos áreas de profunda importancia. Por un lado, los datos sugieren que existe un rechazo sostenido a las autoridades y agrupaciones políticas tradicionales, sobre todo a aquellos que forman parte del gobierno y del poder legislativo. Por otro lado, muestra que el rechazo va acompañado de un castigo personalizado, particularmente enfocado en quienes han sido sindicados como candidatos presidenciales.

El 24% de aprobación a Bachelet no solo es simbólico por ser el segundo más bajo en la historia de la encuesta CEP (solo superado por el 22% de aprobación, por la misma presidenta, hace 4 meses), sino que además constituye un marcador natural alegórico de un problema más profundo, que escapa la responsabilidad del individuo como tal. Es improbable que la caída de la presidenta sea enteramente atribuible a ella. Hay un elemento imputable al contexto político e histórico en el cual se encuentra. Además del caso Caval, que sí constituye responsabilidad propia, Bachelet gobierna en un ambiente altamente hostil, donde los políticos están bajo más escrutinio que nunca antes.

Solo 10% de los encuestados aprueba de la labor de Chile Vamos (ex Alianza), y solo 13% aprueba de la labor de la Nueva Mayoría. Similar al récord alcanzado recientemente por la presidenta Bachelet, estos son los índices más bajos que ha visto la clase política desde 1990. Aquí también, es improbable que las coaliciones efectivamente estén haciendo su trabajo peor que antes. Sino que también son víctimas de un contexto, que directamente ayudaron a crear, en que es prácticamente imposible presentarse como una solución al problema. Para muchos, apoyar a una coalición política, en particular una compuesta por partidos tradicionales, es absurdo e irracional.

No pretendo construir una apología a las autoridades elegidas democráticamente que no han estado a la altura del partido, ni a las coaliciones que ayudaron activamente a cavar el hoyo en el cual hoy se encuentran. Pero es inevitable entender que tanto las principales autoridades del gobierno como las principales coaliciones políticas están sofocadas por una manta de culpa que hoy escapa su control. Sin aceptar su responsabilidad, no serán perdonados por la gente. Es clave entender esta premisa, pues implica que sin castigo, no habrá redención. Y, al parecer, la única forma de ser castigado, de forma real y permanente, es en las urnas.

Uno de los factores que le da peso a esa conclusión es la dramática caída de todos los candidatos presidenciales de la centro-izquierda. Por una parte, caen significativamente los candidatos emblemáticos Isabel Allende (-4%), y Ricardo Lagos Escobar (-5%); y por otra parte, cae escandalosamente el candidato del recambio, Marco Enríquez-Ominami (-9%). Sus caídas están directamente asociadas al rechazo de la clase política, de una forma u otra. Mientras que en el caso de los dos primeros es indirecto (la gente rechaza sus aspiraciones de poder), el caso del tercero es directo (la gente rechaza su asociación al financiamiento irregular de su campañas).

Estos datos son preocupantes y lapidarios. Históricamente, el candidato que lidera las encuestas en abril del año anterior a la elección presidencial acaba siendo el abanderado de su sector. A solo cuatro meses de ese hito, no hay un favorito. Con el gobierno de capa caída, y con Allende, Lagos Escobar, y Enríquez-Ominami a la baja, es difícil anticipar un escenario positivo para la centro-izquierda. Si no existe una rearticulación coordinada, desde las altas esferas de poder de la coalición, tanto desde La Moneda como de los grupos de resistencia de las facciones más resistentes a la agenda progresista, no hay forma de eliminar la posibilidad de una debacle electoral en contra.

Entonces, la pregunta es, quién capitaliza sobre la caída de la centro-izquierda. La respuesta está en los mismos índices de la encuesta: Giorgio Jackson. El diputado de Revolución Democrática logró captar una parte importante de las preferencias de quienes anteriormente apoyaron a Allende, Lagos Escobar, o Enríquez-Ominami. No solo representa la renovación de la izquierda, sino que también el sector de políticos honestos, percibido a esta altura como una parte minoritaria. Estas son buenas noticias para el legislador de RD, salvo por el hecho de que no puede optar por avanzar en su carrera, en una candidatura presidencial, o senatorial, hasta cumplir los 35 años de edad.

Si bien Jackson puede utilizar el capital político a su favor, como para presionar al gobierno en el ámbito legislativo, o cimentar su plataforma política para proyectos electorales en el mediano plazo, queda tiempo. Por ahora, se abre un vacío de poder importante en la centro-izquierda, ante el cual, el gobierno debe trabajar con mayor intensidad sobre la agenda política para restaurar la confianza en la gente, mientras que las coaliciones y partidos de centro-izquierda debe encontrar una forma de limpiar la imagen de sus candidatos actuales, o bien comenzar a pensar en levantar a candidatos nuevos, ajenos a los problemas de los actuales.

#Chile. Adimark: El 11% del país

Publicado en Tele 13

El 11% del país aprueba a la Alianza, según Adimark. Es el porcentaje de aprobación más baja registrada por la encuesta desde que comenzó a medir la popularidad de coaliciones políticas en 2006. Cuatro razones explican el bajo nivel de apoyo. Primero, la mala estrategia legislativa de la Alianza. Segundo, el mal manejo del caso Penta de la UDI y RN. Tercero, el buen trabajo legislativo del gobierno. Cuarto, las oportunas medidas de mitigación de Bachelet. Si la Alianza no se hace cargo de sus problemas, la crisis en la derecha se profundizará. Tanto la UDI como RN deben asumir la responsabilidad que les corresponde en el caso Penta

En lo que va de gobierno, la Alianza no ha sido una oposición constructiva. Se ha dedicado a frenar las reformas impulsadas por el gobierno. Su agenda ha estado casi exclusivamente enfocada en mantener el status-quo. La Alianza no ha propuesto alternativas legislativamente viables a lo que propone la administración de Bachelet. En todas las tramitaciones legislativas emblemáticas se ha dedicado a dilatar el debate. Es entendible que tengan una postura opuesta a la del gobierno, pero no es razonable que se atrincheren en criticas irrelevantes. Al calificar todas las reformas de malas e innecesarias, han antagonizado a la gran mayoría de la gente — ese 63% que voto por Bachelet en segunda vuelta.

Como si fuera poco, lo han hecho en en medio del caso Penta, la peor crisis política que ha azotado a la derecha desde el retorno de la democracia. Desde un inicio la UDI ignoró todas las señales que indicaban que su coalición sería la más perjudicada. En vez de asumir la responsabilidad política y judicial que les correspondía, el partido se dedicó profesionalmente a negar todas las acusaciones. Solo después de la apertura del secreto del caso, admitieron algunos errores involuntarios. RN no lo ha hecho mejor. Al apoyar a la UDI, e ignorar su propia responsabilidad en el caso, han implícitamente avalado el oscuro mecanismo de financiamiento irregular.

Los errores-no-forzados de la Alianza, y el mal manejo del caso Penta por parte de la UDI y RN se contraponen radicalmente a lo que ha estado haciendo el gobierno. Bueno o malo, la administración de Bachelet se ha dedicado a cumplir con su programa de gobierno. De las tres grandes reformas que prometió hacer, ya ha hecho dos — la reforma tributaria y la reforma educacional. Además, llevó a cabo la reforma electoral y aprobó el Pacto de Unión Civil. En pocas palabras, ha hecho la pega. El gobierno hace lo que fue elegido para hacer. Para muchos, la Alianza solo ha estorbado. Se le ha atravesado incluso a los más derechistas. Pues, no han logrado mostrar vías alternativa a la del gobierno.

En el intenso año legislativo, de reformas estructurales, los problemas de corto plazo indudablemente se acentuaron. De hecho, por eso bajó la aprobación de Bachelet en la primera mitad del 2013. La Presidenta no logró controlar variables de corto plazo. Al estar excesivamente enfocada en legislar sobre el Chile del futuro descuidó la contingencia. Al percatarse del error, hacia fines del 2013, rápidamente lo enmendó. Con la baja en los precios de bencina, y otros productos necesarios para el día-a-día, logró dar con un balance entre lo estructural y lo coyuntural. Mientras la Presidenta presentaba resultados, la Alianza despotricaba sin fundamentos.

Hoy solo el 11% del país aprueba a la Alianza. No sorprende, pues después de criticar todo lo que la gran mayoría de los chilenos pidió en la última elección, se han cavado su propia tumba. Si bien algunos han apoyado a la oposición, ha sido prácticamente imposible estar de acuerdo con el oído sordo que le han hecho al caso Penta. Ese 11% se contrasta con el apoyo que tiene la Nueva Mayoría, que ha hecho bien su pega. Aunque algunos estén en desacuerdo con su agenda legislativa, sigue siendo un programa popular. La única forma en que la Alianza puede subir sus índices de aprobación es hacer lo que puede con lo poco que tiene. Por lo bajo, es ser una oposición constructiva, y hacerle frente, aunque duela, al caso Penta.