#Chile. Propuestas de financiamiento a la política

Publicado en La Tercera

Entre 1990 y 2003 las leyes que regulaban el financiamiento electoral brillaban por su ausencia. No había registros de ingresos ni controles de gastos. Si una persona quería donar dinero a una campaña debía pedir permiso a un Juez, quien a su vez debía consultar con el Servicio de Impuestos Internos, solo para que el mismo Juez tomará la determinación final. Esto forzaba que la mayor parte de las donaciones se hicieran de forma anónima e ilegal. Cuando los candidatos reunían sus ingresos, solo tenían limites parciales a sus gastos, en su mayoría indirectos, como la prohibición de pagar por publicidad en la televisión durante toda la campaña, y por pagar por publicidad en radios y prensa escrita fuera del ciclo electoral.

En 2003, una nueva ley llegó a regular ingresos y gastos electorales. A consecuencia de un pacto entre el Presidente Ricardo Lagos y el Diputado Pablo Longueira, se decidió regular toda actividad que ligaba dinero con elecciones. La nueva Ley incorporó transparencia a un proceso que era por naturaleza oscuro. Si bien la legislación llegó relativamente tarde (Chile fue el penúltimo país en legislar sobre financiamiento electoral en Latino América), fue un avance significativo a nivel local. Entre otras cosas, la nueva Ley facilitó la forma en que las personas podían donar a campañas, y creó un mecanismo para financiar a candidatos permanentemente durante el ciclo electoral.

A diez años de la entrada en vigencia de la norma, soplan vientos de cambio. Los críticos de la Ley superan con creces a los defensores. Si bien sus críticas no son nuevas, son cada vez más frecuentes. Aumenta paulatinamente la cantidad de gente que piensan que la Ley no está dando el ancho. Si bien la legislación efectivamente regula ingresos y gastos, tiene varios problemas dignos de destacar. Entre ellos, la ausencia del anonimato obligatorio. Tanto los donantes como los candidatos pueden corroborar la emisión y la recepción de dinero. Otro problema es el gasto excesivo e ilegal de los candidatos, dado que el Servicio Electoral no tiene facultades para fiscalizar movimientos irregulares.

Suma y sigue. Por ejemplo, si bien la Ley permite que las donaciones sean efectuadas tanto por personas naturales como por personas jurídicas, solo las segundas pueden optar a beneficios tributarios. Si ya es un tema que las empresas puedan invertir en política, provoca aun más ruido que puedan obtener devoluciones. Otro problema que genera la legislación actual está en el alcance de la Ley, pues aunque existan limites y gastos durante las campañas, no hay certeza sobre lo que pasa fuera de los ciclos regulados. Pues, está comprobado que los candidatos con mayores recursos reciben y gastan dinero varios meses antes del ciclo electoral.

Si bien han habido varios debates públicos — y como consecuencia propuestas de reemplazo — a causa de estos problemas, no fue hasta julio de este año que se tomó real conciencia sobre la necesidad de un cambio. La propuesta, que vino de un lugar inesperado mientras se legislaba sobre la reforma al sistema electoral, vino a marcar el inicio de la crisis del actual sistema de financiamiento electoral. Casi como un presagio sobre lo que ocurriría solo semanas después, los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic sugirieron prohibir tanto los aportes reservados como las donaciones de empresas a las campañas electorales.

La propuesta de Jackson y Mirosevic solo tomó fuerza tras la explosión del caso Penta. En un inicio, tanto legisladores de la Alianza como de la Nueva Mayoría se resistieron a apoyar las indicaciones de los diputados. Se sumaron a la causa solo tras observar el impacto que generó el caso Penta. Es difícil imaginar que las dos indicaciones de los diputados tendrían la tracción que han logrado si no prominentes personajes de las coaliciones más grandes del país no estuvieran involucradas en el escándalo. Algunos podrán especular que el cambio de opinión está en función a la denuncia de irregularidades que actualmente investiga la Fiscalía — la llamada arista política.

En los últimos 2 meses han aparecido al menos 3 propuestas adicionales para regular el rol del dinero en la política. La primera propuesta fue de Isabel Aninat y Ricardo González del Centro de Estudio Públicos, quienes presentaron su propuesta de “Financiamiento permanente no electoral de los partidos políticos”. Los siguieron Lily Pérez, Andrés Velasco y Sacha Razmilic de Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, quienes dieron a conocer su propuesta de “Partidos fuertes y campañas transparentes para una mejor democracia”, y Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro y Emilia Ríos de Espacio Público, con sus “Propuestas para avanzar hacia una saludable relación entre dinero y política”.

Es solo tras está sucesión de eventos que el gobierno presentó su propia propuesta. Si bien los lineamientos del proyecto se vienen trazando hace algunos meses, llama la atención su lugar en comparación con el resto. También llama la atención que gran parte de las propuestas del gobierno concuerdan con las propuestas del Centro de Estudios Públicos, Amplitud, Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público. Si bien la entrada del gobierno en el debate es tardía, es bienvenida. En el actual sistema, los proyectos de ley aumentan su factibilidad de promulgación cuando son enviados por el ejecutivo. Y considerando el alineamiento de los distintos sectores politicos, el proyecto promete ser una política publica óptima.

En los próximo días ingresará el proyecto del gobierno al Congreso. Será tarea de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, dialogar con los diputados que catalizaron el debate, y con quienes han presentado sus propias propuestas (incluyendo la de Fuerza Pública, Red Liberal y Espacio Público que ya ingresaron el suyo como proyecto de Ley), para generar un consenso. Si un nuevo régimen de regulación entre dinero y política se aprueba, el triunfo será de Jackson y Mirosevic, por poner el tema en el tapete. Pero también podrán compartir los méritos todos aquellos que han aportado a generar las condiciones para derrocar la actual legislación, que, sobra recalcar, está obsoleta.

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