#Chile. Interpelaciones y presión política

Publicado en Tele 13

Los últimos meses han estado marcados por la tensa relación entre la oposición y el gobierno. La Alianza ha criticado la inestabilidad económica que han generado las reformas estructurales (como la reforma tributaria) y la crispación social que han generado las malas políticas públicas (como la prevención de la delincuencia). A su vez, la Presidenta ha naturalmente defendido su agenda legislativa y la gestión política de su gobierno. La disputa entre la oposición y el gobierno, que hasta ahora se ha dado en el Congreso (en un marco de debate legislativo), parece estar trasladándose a la opinión pública (a la evaluación ciudadana).

En democracia, la forma normal de resolver disputas entre el gobierno y la oposición es en el congreso. Proyectos de ley ingresan como mensajes (desde el ejecutivo) o mociones (desde el legislativo) y los senadores y diputados resuelven a favor o en contra. Pero en sistemas presidenciales, el ejecutivo suele tener una cuota de poder significativamente superior. En efecto, el congreso suele ser concebido como un poder reactivo. Ante esta situación, constituciones políticas proveen al congreso con herramientas de contrapeso. En el caso chileno son la acusación constitucional, la interpelación y la comisión investigadora.

La acusación constitucional y la interpelación son las más utilizadas. La primera está vigente desde la transición a la democracia en 1990 y la segunda existe desde las reformas constitucionales de 2005. Ambas buscan establecer la responsabilidad política de altos funcionarios públicos (usualmente Ministros de Estado). Ahora bien, mientras que el fin de la acusación constitucional es la destitución del funcionario, el fin de la interpelación es simplemente requerir antecedentes sobre su gestión. Ergo, mientras que la acusación constitucional logra efectos institucionales, la interpelación se queda en efectos mediáticos.

Estas herramientas normalmente son invocadas por la oposición, especialmente cuando son minoría. En la práctica se usan para resolver disputas que difícilmente pueden ser resueltas de otra manera. Cuando existe una disputa, por ejemplo sobre un proyecto de Ley, y la oposición carece de un quórum para rechazarlo en el pleno, solo le resta invocar alguna de las herramientas de contrapeso. Normalmente opta por la acusación constitutional para destituir al Ministro responsable. Pero a veces opta por la interpelación (particularmente cuando es una oposición débil) con la esperanza de conseguir la salida del ministro como efecto secundario.

Desde 1990 han habido 19 acusaciones constitucionales, de los cuales tres han terminado en una destitución. En 1992 fue el Ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda, en 2008 fue la Ministra de Educación Yasna Provoste y en 2013 fue el Ministro de Educación Harald Beyer. Asimismo, desde 2005 han habido 13 interpelaciones. En la mayoría de los casos, la interpelación no consiguió más que revolver las aguas. En algunos casos, sin embargo, la interpelación logró el deseado efecto secundario. Esto fue lo que pasó con el Ministro de Energía Ricardo Raineri y con la Ministra de Vivienda Magdalena Matte.

En lo que va del segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya se han aprobado tres interpelaciones. La primera interpelación fue a la Ministra de Vivienda Paulina Saball en Junio, para responder por la reconstrucción del norte y Valparaíso. La segunda fue al Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en Julio, para responder por los hechos de violencia en la Araucanía. La tercera y más reciente fue al Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, que se llevará a cabo en Noviembre, para responder por el eventual cierre de colegios que produciría el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección.

El uso de las interpelaciones muestra que la oposición no puede resolver su disputa con el gobierno de otra manera. No tiene un quórum suficiente para rechazar reformas o proponer sus propias políticas públicas. Lo único que le queda, entonces, es presionar al gobierno a través de los medios. Pues, la publicidad de una interpelación a menudo funciona efectivamente. El objetivo de la Alianza es utilizar la interpelación para generar una sensación amplificada de oposición. En el mejor de los casos logrará detener las reformas o cambiar el rumbo de las políticas públicas. Si tiene suerte forzará la salida de uno o más de los ministros interpelados.

La oposición puede interpelar a todos los ministros que quiera (con la salvedad de que no puede emplazar al mismo ministro más de tres veces en el mismo año). Si bien es difícil que consiga alguno de los efectos secundarios a corto plazo, sí puede generar una sensación de desgaste político que apunte a lo mismo. A medida que aumentan las interpelaciones, incrementa la sensación de desgaste político. Desde un punto de vista democrático, no es una situación deseable. Pero, en su condición de minoría, es uno de los pocos recursos de la oposición. Aunque sea una estrategia arriesgada, es de las pocas que le van quedando.

Las interpelaciones no obligan a Bachelet a efectuar cambios de gabinete. Pero a medida que aumente la sensación de desgaste político, aumenta la probabilidad de cambio de gabinete. En el primer gobierno de Bachelet la presión política de la oposición forzó más de una salida. En éste gobierno la presión no ha logrado el mismo efecto. Pero si la Alianza insiste en su estrategia de interpelar, la Presidenta eventualmente se verá forzada a responder. Las encuestas ya muestran una baja en la aprobación presidencial, y lo más probable es que también comiencen a mostrar bajas en las carteras con ministros interpelados.

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